Desde los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 1994 el movimiento indígena logró el reconocimiento para que pueblos y comunidades indígenas pudieran adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación y la cobertura de servicios de telecomunicaciones en sus comunidades, mismo que se plasmó en la constitución en el 2001 al reformar el artículo 2º, sin embargo el marco legal secundario hizo casi imposible hacerlo realidad ya que ni la ley de radio y televisión, ni la de telecomunicaciones en su momento, contenían disposición alguna para posibilitarlo.
Fue hasta 16 años después que finalmente esos derechos reconocidos pudieran hacerse realidad pero a medias, en el caso de la radiodifusión las emisoras comunitarias e indígenas si bien fueron reconocidas se les impusieron candados que impiden su desarrollo pleno al limitarles sus fuentes de financiamiento, entre otros aspectos. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) no se logró cabalmente el objetivo de que el marco legal sentara las bases para abatir la discriminación y desigualdad en el acceso a las frecuencias, ha sido a través de la política pública implementada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que en cierta medida se han solventado algunas de las carencias regulatorias, como por ejemplo la distinción que se ha realizado para que en el pago de derechos por los estudios técnicos y el título habilitante para operar una emisora con concesión social indígena o comunitaria estén exentas del pago de derechos.
La razón es simple, no se puede exigir el mismo pago a este tipo de estaciones no lucrativas y que tienen especiales condiciones de desigualdad frente a otros actores del sector como los comerciales que pueden libremente vender publicidad o a los públicos que cuentan con financiamiento del erario público, se trata de aplicar un principio de justicia universal que determina que no puede tratarse igual a los desiguales. Por ello tanto el IFT como la Cámara de Diputados en su momento hicieron las acciones necesarias para cambiar la Ley Federal de Derechos, pero se les olvidó incluir también a las concesiones para los servicios de telecomunicaciones comunitarias e indígenas.
Pueblos y comunidades se han organizado en los últimos años para operar en México el servicio de telefonía móvil ante la negativa de las grandes empresas por darles el servicio porque no son mercado al tener menos de 5 mil habitantes, y ante la ausencia de una política pública efectiva por parte del Estado para cumplir con la cobertura social para llegar a donde las empresas no llegan.
Gracias a la reserva en la banda GSM (800 Mhz) la Asociación Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A. C. (TIC AC) logró una concesión única que presta de manera sostenible y no lucrativa el servicio de telefonía móvil a localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 3 mil habitantes en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y Chiapas, con llamadas y mensajes ilimitados, el costo por persona es de apenas 40 pesos mensuales, sin embargo, hoy este proyecto está en riesgo porque de acuerdo a la Ley de Derechos este año deben de pagar 700 mil pesos para mantener la concesión, lo cual haría inviable el servicio que ahora dan.
Aun cuando en 2016 se trató que la Cámara de Diputados cambiara la ley en la materia para aplicar un pago diferenciado para los concesionarios de telecomunicaciones no lucrativos indígenas y comunitarios eso no prosperó lo que refleja la falta de entendimiento por parte de los legisladores sobre las distintas naturalezas de los operadores, si bien en radiodifusión se logró no ha sido lo mismo para la parte de telecomunicaciones, por lo que se mantienen condiciones desiguales y discriminatorias para aquellas iniciativas indígenas que cubren las necesidades de comunicación que nadie más quiere atender. Por esta razón la organización TIC AC ha interpuesto un amparo que se aceptó ya en los tribunales especializados. Esperemos que estos tribunales fallen a favor de la quejosa, pues está claro que el pago de derechos que se les impone es inequitativo por cuanto se les da un tratamiento desigual como si fueran una empresa comercial, eso obligaría a la Cámara de Diputados a hacer los cambios necesarios ante un trato injustificado hacia las comunidades y pueblos indígenas.
En otros temas.
El pasado 12 de julio más de un centenar de organizaciones, empresas y colectivos que promueven los derechos digitales y de acceso a internet se unieron para defender la neutralidad de la red ante el anuncio del titular de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump que han iniciado acciones para derogar la naturaleza de servicio público de internet. Siendo ese país donde se ubican las principales empresas de servicios de la red el tema es relevante puesto que podría tener consecuencias a nivel global, por lo que hay que seguir el tema de cerca. Gigantes como Amazon, Google, Netflix, entre otros se unieron a esta acción, incluso lo hizo Facebook, empresa que enfrenta acusaciones de violar las reglas de neutralidad de la red a través de su servicio internet.org por parte de organizaciones de derechos digitales.
El IFT anunció que de los 148 nuevos canales de Televisión Digital Terrestre que puso a disposición para la licitación, 109 no fueron del interés de los competidores, de acuerdo a información oficial del regulador los canales por los que hubo interés se localizan en 36 zonas de cobertura a servir en 22 entidades federativas, que cubren potencialmente a 67.9 millones de personas, es decir al 60.48 % de la población.