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¿Quién tiene miedo a la democracia?

La reforma electoral y la nueva Ley de Partidos Políticos aprobadas ayer en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados constituyen, sin duda, un avance en el proceso de democratización y transparencia de los partidos políticos.

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Escrito en OPINIÓN el

Sin embargo, no es suficiente tener buenas leyes si los órganos encargados de aplicarlas no son neutrales y completamente apartidistas.

Los recién nombramientos de los integrantes del INE y del IFAI, a pesar de los elaborados y barrocos  procedimientos para su selección, al final, resultaron ser un producto de acuerdos entre  cúpulas partidistas con el presidente de la República.

Por ello, ¿para qué sirve tener normativas que garantizar y obligan la transparencia de los recursos de los partidos políticos, si los integrantes de los órganos encargados de la transparencia han sido el producto de acuerdos políticos?

Asimismo, ¿para qué sirve tener leyes que reglamenten y obliguen a los integrantes de los partidos políticos actuar según los principios de equidad democrática, si por lo menos 9 de los 11 integrantes del nuevo INE tienen claras afiliaciones partidistas y otros, además, vinculaciones con televisoras?

Obviamente, resulta una farsa con resultados desastrosos para la vida política nacional.

Si eso fuera poco, la estrategia política de la nueva administración del presidente Peña Nieto apunta cada vez más a una centralización excesiva que no tardará en expresarse en una tendencia claramente autoritaria y antidemocrática.

El revuelo que dieron los recientes cuestionamientos de Alfonso Cuarón respecto a las implicaciones de la próxima reforma energética expresa un malestar generalizado que va mucho más allá del tema. Tiene que ver con el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho de participar de manera democrática a la vida política del país.

No es un secreto que el actual gobierno impuso desde su inicio un control férreo sobre la producción y comunicación noticiosa, a tal nivel, que muchos periodistas y directivos de comités editoriales tuvieron que renunciar. No es una novedad, además, que México es uno de los países más peligrosos al mundo para ejercer el periodismo [1], y la actual administración no está haciendo absolutamente nada para revertir esta tendencia.

Ya no se publican estadísticas sobre homicidios y delitos graves en general. Se decidió, en parte justamente, quitar los reflectores a la lucha contra la delincuencia organizada, perjudicando la información que se estaba generando al respecto. Sin embargo, una cosa es el sensacionalismo y otra es el derecho a ser informados.

La recién discusión y diferendo entre INEGI y Secretaría de Hacienda sobre las cifras del desempeño o recesión económica, demuestra el ánimo del gobierno en seguir tratando de convencer que todo va bien y que hay que seguir apoyando la agenda del Presidente.

¿Hasta cuándo?

¿Qué no se dan cuenta que ya son dos años que las expectativas de crecimiento de la Secretaría de Hacienda son sistemáticamente demolidas por los indicadores de la realidad económicas?

Si la libertad de expresión se ve afectada, aún más la democracia de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones.

Hay una preocupación generalizada respecto las nuevas modalidades en las tomas de decisión sobre políticas públicas y proyectos legislativos.

Verticalización, centralización, falta de transparencia, discrecionalidad, y, cada vez más, decisiones erráticas que cambian radicalmente de sentido de un momento a otro.

El Congreso, desde la formalización del Pacto por México, ha sido expropiado de sus facultades legislativas en los temas más relevantes, dejando que la toma de decisiones se quedara en mano del Presidente a través de la Secretaría de Gobernación  y de su Consejería Jurídica. Cada vez más, la mesa de negociación para los dictámenes legislativos ya no es la o las comisiones parlamentarias, sino Bucareli.

En el sector privado,  existe una percepción generalizada que el principal responsable del actual estancamiento económico es el gobierno.

Tarda demasiado en tomar decisiones, en hacer inversiones, en llevar a cabo los proyectos que tanto promueve en los medios de información, que parece que se trata más de propaganda que de otra cosa.

Por otra parte, los gobiernos locales, han perdido de manera consistente su autonomía.  Sus representantes tienen, ahora, que hacer la cola en la ventanilla del “Gobierno de la República”, para una variedad de asuntos que van desde lo presupuestal a lo político.

Si bien es cierto que con la anterior administración los gobiernos locales actuaban con total discrecionalidad y libertad, y muchas veces, en colusión con la criminalidad organizada, ahora la situación es al revés. La creación del Instituto Nacional Electoral, obedece claramente a la estrategia de centralizar el control electoral del país en una sola institución bajo el mando del Presidente y de sus cúpulas partidistas.

Si los integrantes del INE han sido el producto evidente de acuerdos políticos, la lógica consecuencia es que así lo serán los Presidentes  e integrantes de los organismos electorales locales.

El riesgo de que se vuelva un control de largo plazo se hace más fuerte con la reelección legislativa. Lo que parecía ser un principio básico de desarrollo democrático, puede volverse un instrumento para mantener el control de la clase política por parte de una cada vez más restringida élite gubernamental.

 

ehrman@dynamisconsultores.com

Twitter: @EhrmanR

[1] Se sitúa en el lugar 152 sobre un total de 180 países evaluados