El gasolinazo tiene en el regocijo total a los grandes inversionistas (y a los funcionarios y legisladores como sus cómplices) que han hecho de estas acciones gubernamentales la mayor ganancia, la fortuna de su vida y hasta la de su descendencia, a costa de los desgastados bolsillos de los consumidores.
Por lo pronto el gasolinazo generará una recaudación de 257 mil 466 millones de pesos durante 2017, la mayor de los últimos tiempos, a costa de incrementar la miseria del pueblo.
Esta medida significará un incremento de más de 73 mil millones de pesos por el impuesto especial sobre Producción y Servicios, un 40% más de lo recaudado en 2016, autorizado por 406 diputados, de los cuales ahora muchos se encuentran sorprendidos de lo que votaron y quieren para exculparse, volver a revisar su tropelía.
Estos recursos extraordinarios no están etiquetados, por lo que se pueden disponer para lo que se quiera. No estarán destinados, ni por equivocación, para una mejora en el medio ambiente o para el uso de fuentes alternativas de energía. La crisis (así le dicen a los negocios) no lo permite.
Desde antes del gasolinazo se benefició a trasnacionales como la Oxxo y Seven-Eleven para convidarles de las altas ganancias de esta operación.
Entre los más felices en este enjuague son los agentes intermediarios especializados en la compraventa de gasolinas; en el mercado internacional les llaman los “brokers”. Ellos están anidados en una de las empresas filiales del Grupo de Pemex Internacional (PMI), encargada de importar gasolina.
Los llamados brokers se llevan una comisión anual de al menos 21 mil millones de pesos, sin que nadie los vigile ni los llame a cuentas. Son negocios y más negocios dicen ellos. Es parte del llamado Libre Mercado que ahora nadie puede tocar.
El Libre Mercado es el sustituto de la Soberanía Nacional en nuestras normas jurídicas y nadie se puede meter con éste. Lo protegen nuestros altos funcionarios y la mayoría de los diputados. Es el parapeto para hacer grandes negocios privados bajo la sombra de las llamadas “reformas estructurales”.
Por cada peso de aumento en el precio de la gasolina los llamados brokers se pueden llevar la friolera de 1.18 millones de dólares diarios, ya que el gobierno federal por medio de éstos, importa 1.18 millones de barriles diarios, unos 8 mil 614 millones de pesos anuales.
¿Quién regula a los brokers? Nadie, porque son amigos de los operadores del PRI y del PAN y de otros inversionistas aliados que se regocijan con el gasolinazo. Ellos son una especie de coyotes que actúan como intermediarios libres y también como prestanombres de empresas y funcionarios metidos a tras mano en los negocios.
¿Quién regula las actividades de las filiales de Pemex Internacional que ahora están manejadas por auténticos mercaderes? En tiempos de Felipe Calderón se usaban como una especie de prestanombres para hacer sus pillerías.
De acuerdo al Libro Blanco del Grupo PMI (Pemex Internacional), PMI Norteamérica S.A. de C.V. (PMI NASA) adquirió para Pemex Refinación seis buques tanque entre 2010 y 2011 con un valor cercano a los 7 mil millones de pesos, sin más autorización que la del Consejo de Administración de la paraestatal. Bastó una “orden superior” para acelerar la operación y el negocio seguro; lejos de cualquier supervisión de los órganos fiscalizadores.
PMI Holding BV (PMI HBV), la filial que administra el dinero a través de un banco interno, en 2011 fue la encargada de comprar 4.69 por ciento de acciones de la petrolera española Repsol, con un valor superior a mil 200 millones de euros. Fueron pérdidas de recursos y enormes ganancias para otras empresas y los intermediarios de estas operaciones.
¿Quién está atrás del llamado Libre Mercado? Es la mafia en el poder, la que no quiere ataduras para robar a gusto, a costa de la riqueza de nuestros energéticos, imponiendo reformas a la Constitución y borrando todo rastro de soberanía nacional.
Las mafias del poder hablan en nombre del bien común, pero en realidad buscan un beneficio voraz a costa de lo que sea, con un cinismo que deslumbra.
El actual director de Pemex José Antonio González (concuño de Carlos Salinas) permitió que la estructura de esa derruida empresa otorgará un jugoso contrato de campos petroleros, a través de la empresa Sierra Oil & Gas, ni más ni menos que al hermano de Ana Paula Gérard, Jerónimo Gérard, es decir al cuñado del expresidente; pero nadie acusa, porque todo está permitido en nombre del sacrosanto Libre Comercio.
Ahora con descaro, se anuncia adicionalmente al gasolinazo, el aumento de los precios de la electricidad, y si no fuera suficiente, se impone la “liberalización” del gas LP, para quitar todo control gubernamental, sin importar dañar la economía de millones de mexicanos.
El pueblo está encolerizado y ya no aguanta tanta burla.