A principios de este mes, Susana Prieto, defensora de los derechos laborales de las y los trabajadores de maquiladoras, fue detenida en Tamaulipas por la “presunta” comisión de los delitos motín, amenazas, coacción y delitos; cometidos contra servidores públicos. Varias organizaciones mexicanas e internacionales instaron ya a las autoridades federales, estatales y locales de México a liberar a esta activista, por tratarse de una detención arbitraria cuyo objetivo es criminalizar la defensa jurídica, y el empoderamiento de las y los trabajadores.
El año pasado Prieto lideró un movimiento por el que varias compañías mexicanas se vieron forzadas a subir el sueldo a quienes laboran en las maquiladoras. Este 2020 la activista también apoyó la movilización para reclamar mejores condiciones de salubridad laboral a efecto de evitar contagios de coronavirus. Sus gestiones han sido, de acuerdo con lo que los propios empleados y empleadas han declarado, exitosas; sin embargo, pareciera que el sector empresarial no está conforme con mejorar las prestaciones laborales de su plantilla.
Se les preguntó a algunas de las compañías, cuyas acciones han sido cuestionadas por defensoras como Prieto, si tenían algo que declarar sobre las acusaciones hechas en contra de la activista. Hasta ahora, la única que ha respondido es la empresa Tridonex, una sociedad destinada a la remanufactura de partes automotrices localizada en Matamoros. Su contestación se limitó a decir que no tenía un comentario. Tridonex, así como muchas otras firmas localizadas en el norte del país, mantienen actividades comerciales con empresas estadounidenses, que a su vez son parte del sector empresarial global enfocado a los automóviles.
Toda empresa realiza actividades, que de una u otra manera, inciden en los derechos humanos de las personas que viven en la comunidad donde se localiza o en donde sus actividades comerciales tienen alguna incidencia. De acuerdo con criterios internacionales, que todavía no son obligatorios en México, las empresas deben realizar procesos internos de debida diligencia a efecto de analizar qué impacto tiene su actividad empresarial en los derechos humanos. Si una empresa causa, contribuye o está vinculada con una afectación a derechos humanos; está obligada a remediar sus acciones y a modificar sus procesos a efecto de evitar mayores afectaciones.
En ese sentido, Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, documento aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, enlistan una serie de acciones que las compañías pueden tomar para reducir su impacto potencial o real en derechos humanos. Las empresas son responsables no solo por sus acciones y omisiones, sino también por aquellos hechos realizados por sus aliados comerciales, como parte de su cadena de producción. En ese sentido, las firmas, sin importar su tamaño, deben mantener un diálogo continuo con ONG’s, abogados, periodistas y otro tipo de defensores a efecto de diseñar un plan de debida diligencia en materia de derechos humanos que sea efectivo.
En cuanto a las obligaciones que las empresas asumen frente a las y los defensores de derechos humanos se encuentra el fomentar un entorno propicio y seguro para los activistas, y no solo el abstenerse de causarles daño. Como parte de los planes de debida diligencia en la materia y ante un caso como el de Susana Prieto, una empresa involucrada tiene la oportunidad también de posicionarse como una entidad socialmente responsable desde el punto de vista humano y condenar públicamente la detención injustificada de una mujer defensora.
De acuerdo con información, recopilada en un informe del 2017, presentado por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sr. Michel Forst, la forma más frecuente utilizada para atacar a las y los defensores es la criminalización. Ésta es seguida por el asesinato, la intimidación y las amenazas. Según este informe, en México se producen alrededor del 9% de los ataques documentados a nivel global en contra de los defensores.
Además, el riesgo que corren las y los activistas aumenta en función de su sexo, pertenencia a una comunidad indígena, preferencia sexual, así como de la época y del contexto en los que realizan su actividad de defensa. Por ejemplo, es más peligroso ser defensora de derechos humanos en época de pandemia, que en una situación de “normalidad”. En lo que va del año, y sobre todo durante la pandemia, se han reportado asesinatos de varios defensores. Tal es el caso de Adán Vez Lira, ambientalista de Veracruz, asesinado el 8 de abril, y de Karla Valentina Camarena del Castillo, activista transgénero, asesinada en Guanajuato el 29 de marzo.
Defender derechos humanos es una actividad riesgosa en todo el mundo, y en México más. Tanto el gobierno como las empresas tienen la obligación de proteger a aquellos que alzan la voz y denuncian injusticias sociales. Sin embargo, el sistema jurídico en México aún no ha adoptado una posición contundente para hacer que empresas como Tridonex, se pronuncien expresamente a favor del respeto de los derechos humanos, e implementen un proceso de debida diligencia que reduzca, y repare los impactos que sus actividades comerciales causan. Mientras tanto, queda pedirle a las autoridades locales y federales que liberen a Susana #LibertadParaSusana #SusanaLibreYa. Nos toca a nosotros, a nivel nacional e internacional, proteger los derechos de nuestras defensoras.