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¿Quién manda aquí?

Detención de Dr. Mireles es un hecho de autoridad y firmeza

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Escrito en OPINIÓN el

La aprehensión del Dr. José Manuel Mireles Valverde fue una decisión que provocó un ajuste importante en la estrategia de comunicación del Gobierno de la República. En cuestión de días se construyó una señal de poder que no puede pasar desapercibida.

El hecho es un acto de autoridad y firmeza.

Y surgió del error cometido por Mireles, quien le dio al gobierno una oportunidad que debía aprovechar. Al optar por el regreso ilegal al uso de las armas, el doctor tal vez no consideró que el desenlace le sería adverso.

De no actuar así, los riesgos hubieran sido mayores.

Es evidente que no todos están de acuerdo con la detención y la forma en que se ha manejado el caso ante los medios de comunicación. Pero en política, las decisiones nunca dejan conformes a todos.

Ante el desafío, el delito no podía quedar sin sanción.

Se trata de una señal política—comunicacional cargada de un profundo simbolismo, que  busca reafirmar un principio de gobernabilidad, porque está claro que no se permitirá que se rete al Estado o se genere la percepción de que no tiene las riendas del país.

A las figuras simbólicas se les responde con símbolos.

José Manuel Mireles se había convertido en uno. Su carisma, su habilidad para comunicarse e interrelacionarse con la gente que representa, con las autoridades y los líderes de opinión lo convirtieron no sólo en el vocero de los grupos de autodefensa en Michoacán, sino en una figura con proyección nacional.

Esto explica la magnitud de la respuesta gubernamental.

Primero, la foto que se difundió el mismo día de su captura. Después, las imágenes en las que se le ve tras las rejas, rapado y sin bigote. Y también los argumentos y evidencias que ha presentado el comisionado Alfredo Castillo en varias entrevistas y en una conferencia de medios.

Hay quienes creen que se le pasó la mano al gobierno.

Señalan que se exageró con el asunto de las drogas, que hay dudas sobre la flagrancia o que fue objeto de tortura física o psicológica. La abogada de Mireles ha subrayado estos y otros puntos. Ha sembrado la duda.

Sin embargo, el caso tiene tres aristas.

Una la jurídica. Aquí será el juez quien se encargue de esclarecer la verdad y dictar sentencia. Otra, la política. El mensaje debe llegar con claridad a los grupos de autodefensa en cualquier lugar del país para que depongan las armas y se apeguen a las instituciones.

Y la tercera está relacionada con la comunicación.

El gobierno está obligado a enfrentar el disenso o el conflicto a través de los medios, mecanismos y recursos a su disposición con el fin de mantener la gobernabilidad y defender sus políticas públicas con el mayor apoyo social posible.

Las autodefensas surgieron por causas tal vez justificadas.

Pero después del acuerdo del pasado 14 de abril entre el gobierno y los líderes de las comunidades organizadas, en las que participó Mireles, no había duda de que a partir del 10 de mayo no se permitirían más las acciones armadas de estos grupos.

El acuerdo lo incumplió Mireles y está preso.

Mientras tanto, los problemas de inseguridad y de percepción negativa por parte de la ciudadanía en Michoacán y en gran parte del país se mantienen en niveles preocupantes. El reto es grande, son varios los frentes que están abiertos y los pendientes por resolver siguen siendo demasiados.

Hoy, el mensaje de fondo es que se sepa quién manda.

Podemos estar en desacuerdo con el fondo y la forma. Si hubo errores o injusticia se tendrá que corregir. Por ahora, sería altamente riesgoso que el gobierno federal o el estatal entrarán en una situación de crisis por el tema de inseguridad en el marco de los procesos que se están llevando a cabo con las leyes secundarias de las reformas energética y de telecomunicaciones.

Para mantener el control, la comunicación es imprescindible.

La gobernabilidad no se logra por consenso. Abundan las decisiones y acuerdos que no convencen a todos. Es lo normal en democracia. Es lo natural en la lucha por el poder. Por eso, la acción desplegada contra Mireles es legal, legítima y contribuye a cumplir con los objetivos que se ha propuesto el gobierno.

 

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