Opinión

¿Quién debe controlar las #RedesSociales?

Los intereses económicos detrás de las redes sociales las han convertido en un contrapeso global del poder político en países democráticos. | José Antonio Sosa Plata

  • 14/01/2021
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El veto que impusieron Facebook, Twitter, Instagram y YouTube al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió el debate sobre los límites que debe tener la libertad de expresión en las redes sociales. La discusión es muy útil pues está directamente relacionada —entre otros temas— con los nuevos equilibrios y contrapesos que los nuevos medios están generando con el poder político en el mundo.

Si bien existe un marco legal en varios países para regular algunas actividades de los medios digitales, lo cierto es que los amplios márgenes de libertad que aún existen no tienen más obstáculos que las normas establecidas por los directivos de cada plataforma. Esta circunstancia les ha otorgado un poder nunca antes visto, lo que hace más fuertes a las personas, grupos e intereses que representan.   

Como sabemos, las plataformas digitales pueden seleccionar, editar y bajar contenidos. También suspender a usuarios. Y las razones por las que han adquirido este enorme poder se explican por los límites que tienen los Estados para regular a medios que van más allá de sus fronteras, pues sus alcances y repercusiones hoy son globales. 

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El mundo asiste, así, a la conformación de un nuevo modelo de oligopolio que está presionando a replantear y ajustar el modelo de democracia vigente. Hasta ahora, no parece haber una mejor fórmula para establecer los controles que se requieren, pues lo más probable es que si algunos gobiernos tuvieran esa facultad, los conflictos entre autoridades y sociedades serían mayores y habría, probablemente, más regímenes autoritarios.

Desde su aparición, las redes sociales se convirtieron en herramientas destacadas para mantener y mejorar los sistemas democráticos. La comunicación política moderna no se puede concebir hoy al margen de las plataformas digitales. Su contribución a la transparencia y al fortalecimiento del derecho a la información es incuestionable. Sin embargo, por tratarse de una actividad con la que se otorga y se ejerce el poder, no está exenta de problemas, conflictos y riesgos.

Para los personajes políticos, las redes sociales se han convertido en vehículos de comunicación potentes, dinámicos e imprescindibles. Para las sociedades, en medios que facilitan la interacción de los diferentes grupos con las autoridades, así como facilitadores de su participación o movilización. Y para unos y otros, en espacio que permite dar cauce a nuevas formas que fortalecen los procesos de toma de decisiones. 

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Aunado a lo anterior, el mundo está cada día más polarizado. Se trata de una de las tendencias políticas más notorias del siglo XXI. Las redes sociales fueron uno de sus catalizadores. Con la confrontación que puede surgir en cualquier momento, se han potenciado los choques de opiniones, amenazas, calumnias, linchamientos y, por lo tanto, los conflictos que pueden derivar en distintos tipos de violencia. Los ejemplos sobran y vimos uno más con los acontecimientos que derivaron en la suspensión de las cuentas del presidente Donald Trump.

La acción de la semana pasada ha sentado un precedente excepcional que los personajes de poder político no pueden pasar por alto. Por un lado, porque  son las propias plataformas las que se convierten en fiscales y jueces, con reglas que podrían no infringir la legislación de ningún país y que todas y todos aceptamos al participar. Por el otro, porque es el ejemplo más nítido de que los contrapesos o desafíos a los poderes nacionales también pueden ser globales.

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Las redes sociales no son neutrales. No pueden serlo. Eso lo supimos desde el primer momento. Tampoco nos debe extrañar que en estos medios se ejerce un poder inmenso —ya sea económico o político— a través de quienes controlan la información y los mecanismos de interacción.

Para las plataformas vistas como empresas, lo que importa es la ganancia económica. Pero el uso político también es indispensable cuando se quieren garantizar las utilidades financieras. Por esta razón, lo que hemos visto en años recientes para vetar o censurar es una acumulación de poder preocupante que no debe pasar desapercibida.

A pesar de todo, el negocio al que se dedican y su inevitable uso político no debe llevarnos a satanizarlas o descalificarlas porque no son “demoniacas” ni “benditas”. Son medios de comunicación inmersos en los procesos cotidianos de lucha por el poder. Por lo mismo, cuentan con las ventajas, potencialidades y riesgos de cualquier otro medio de comunicación. La diferencia con los medios tradicionales está en que los medios digitales han impactado la economía, la política y la cultura como ningún otro medio lo había hecho en el pasado.

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Aunado a lo anterior, su poder es tal que no hay —hasta ahora— ningún marco jurídico de ningún país que los pueda someter, afectar seriamente o desaparecer. En su capacidad para crear un nuevo paradigma de la libertad de expresión está, sin duda, una de sus mayores fortalezas. También en el poder real que le han transferido a las sociedades para que tengan una mayor influencia en sus gobernantes.

El bloqueo al presidente Donald Trump se convirtió en un precedente de la mayor relevancia, por tratarse de la primera suspensión de las cuentas de un líder político sumamente poderoso. A partir de este hecho surgen nuevas inquietudes sobre quiénes deben controlar los excesos que —en forma natural— se cometan en los nuevos medios. Ciertamente, habrá pros y contras cuando se analiza si las decisiones finales deben quedar en manos de las autoridades de cualquier nación o de los directivos de las grandes empresas de comunicación.

Consulta: Normas comunitarias de Facebook y Reglas y políticas de Twitter.

El llamado al debate abierto que propuso Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para analizar “la libertad de expresión, libre circulación de información en la red, la democracia y el papel de las empresas que administran las redes” es oportuno y conveniente. 

A pesar de todo lo bueno y malo que ha sucedido en las redes, sigue siendo obvio y evidente que la mejor fórmula consiste en mantener a todos los medios con los mayores márgenes de libertad posible y tratando de preservar su horizontalidad y transversalidad.

Sin embargo, lo que se concluya en nuestro país no afectará a las grandes plataformas. La fuerza de una nación es insuficiente para modificar el poderío de los dueños y grupos de interés que hoy tienen los nuevos medios. Si esto es así, lo importante será definir la utilidad real que tendría dicho ejercicio, pues sería lamentable que se convirtiera en una simple actividad propagandística o demagógica.

Algunas de las preguntas que podrían considerarse en una consulta de este tipo son las siguientes: 

1. ¿Son las plataformas digitales una amenaza o un factor de poder efectivo para la democracia moderna? 

2. ¿Son las reglas o normas comunitarias de las plataformas digitales una atribución exclusiva de sus dueños y directivos? ¿Qué normas complementarias se pueden imponer desde cualquier Estado democrático?

3. ¿Qué puntos tendrían que reglamentarse en el marco de las atribuciones de los Estados, sin que se afecten los amplios márgenes de libertad de expresión, horizontalidad y transversalidad que deben tener los medios digitales

4. En términos realistas, ¿se deben o no limitar los poderes que hoy tienen los dueños y directivos de las plataformas? Si la respuesta es “sí”, ¿cómo, por qué y para qué? Si es “no”, ¿qué se puede hacer para que no exista un abuso de poder o se ponga en riesgo la estabilidad democrática de un país?

5. ¿Qué tendrían que hacer los Estados para no impedir los contrapesos y equilibrios de poder que hoy representan las plataformas digitales?

Las preguntas aquí propuestas parten de una visión pragmática de la lucha por el poder, no solo de las buenas intenciones para llevar a cabo lo imposible.

Recomendación editorial: Estela Morales Campos (coordinadora). Información, participación ciudadana y democracia. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2019.

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