El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez, fue separado del cargo, hasta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determine si hay elementos para investigarlo por una denuncia de abuso sexual. Este hecho representa dos grandes desgracias, de un lado, a pesar de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se da baños de pureza todos los días, los hechos la contradicen, para colmo en un tema tan grave como el abuso sexual. La otra gran desgracia es que vamos por el cuarto titular de SEDUVI y siguen sin despegar los programas de vivienda de esta administración.
Dado que Rafael Gregorio llegó a secretario por su relación con actores nacionales, es probable que la Jefa de Gobierno sólo esté cuidando las formas para no destituirlo, sino darle la oportunidad a que él renuncie después de que la subordinada Fiscal Ernestina Godoy sea benevolente con él o se realice un acuerdo extralegal con la víctima. Está claro que no regresará a su cargo; sería imposible después de haber acosado y tocado a una persona a la que estaba invitando a incorporarse a su equipo.
Dejemos de lado el escándalo y centrémonos en lo que sigue. Faltan 28 meses para que se termine la presente administración. Es probable que la Jefa de Gobierno se mantenga en un discurso de que está promoviendo la vivienda para trabajadores y que su programa de corredores de vivienda asequible es un éxito, cuando es lo contrario. En vez de producir miles o decenas de miles de viviendas, vamos en cientos.
Por otro lado, la normatividad para el desarrollo urbano es prácticamente la misma con la que operó la administración pasada. La ley de desarrollo urbano cuenta con los mismos instrumentos: sistemas de actuación, polígonos de actuación, transferencia de potencialidad, entre otros. No pretendo que estos instrumentos se eliminen, al contrario, que se reglamenten. Si allí estuvieron las dudas durante el boom inmobiliario de los años previos al gobierno de Sheinbaum, ayudaría mucho ser claros en qué sí y qué no se puede hacer.
Insisto, la normatividad vigente entre 2012 y 2018 es, en general, la misma de hoy y de antes de 2012. Es cierto que el ex secretario Felipe de Jesús Gutiérrez está prófugo, pero no por delitos relacionados por autorizaciones en materia de desarrollo urbano, sino por el manejo de los recursos de la reconstrucción. En consecuencia, es difícil sostener la tesis de la corrupción inmobiliaria. Han detenido las inversiones y la creación de empleos por una mala gestión, por falta de visión y por los cambios constantes de titulares.
A esto, sumémosle que en tan sólo un año han pisoteado al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pues en vez de ir paso a paso en la aprobación de un programa general, y luego los de las demarcaciones, la reciente aprobación del Programa Parcial de Atlampa refleja que para esta administración el instituto es un lastre y no un compañero de viaje. Esto lo digo sin que piense que el programa de Atlampa esté mal, de hecho, en cierta forma marca la ruta de solución, porque el programa aprendió del de Vallejo, aprobado antes de la existencia del Instituto, y además, lo mejoró.
Uno de los elementos clave en la reactivación económica por la vía del desarrollo inmobiliario, y en específico, por la vía de la producción de vivienda asequible, es la disponibilidad de suelo, con los usos y densidades necesarios, en ubicaciones relativamente céntricas y con servicios disponibles. El gran fracaso de los corredores de vivienda de esta administración es que no han entendido los procesos de aprobación de proyectos ni la necesaria dotación de uso y densidad.
La nueva cabeza de Seduvi debe ser alguien que ya conozca el marco regulatorio del desarrollo urbano, así como los de entidades relacionadas como el Sistema de Aguas, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad, entre otras, para que se agilice la aprobación de proyectos, pero que también conozca la problemática del sector para que actualice la normatividad y se atiendan los problemas reales de la producción inmobiliaria, en vez de seguir acusando al pasado de corrupción. Ya no hay tiempo, y lo que ha sucedido hasta el momento, contradice cualquier discurso de honestidad.