Opinión

¡¡¡Qué traen en las mochilas!!!

La idea de que el cuidado de las nuevas generaciones no es un asunto público, del interés general en tanto bien común, sigue prevaleciendo. Teresa Incháustegui

  • 17/01/2020
  • Escuchar

Con el reciente y muy triste episodio de José Ángel en el colegio Cervantes de Coahuila, los medios y la comentocracia retomaron con énfasis el olvidado asunto del abandono de la infancia en las políticas públicas de nuestro país. En todos los espacios se comentó el asunto, se multiplicaron los artículos de opinión, se analizó la inseguridad en las escuelas, los derechos de los niños ante la medida de revisar sus mochilas, el papel de maestros y padres en la educación etc., etc. Dos semanas duró la nota en las tendencias de los medios audiovisuales y una semana en los impresos. Saciado el apetito público, los medios dan carpetazo al asunto, hasta que una nueva desgracia aparezca.

En la discusión pública se aludió al clima de violencia desatado en el país a partir de 2007 por la guerra contra el narco declarada por el presidente Calderón, trayendo a la memoria diversos acontecimientos de esos años que hacían ya evidente la secuela social en las familias y comunidades, por una estrategia ciega a los costos sociales de la violencia desatada.

Es importante apuntar que para fines del gobierno calderonista y como resultado del Movimiento por la Paz con Dignidad que lideró el poeta Javier Sicilia, el Congreso aprobó una Ley General de Atención a Víctimas que tenía, entre sus mandatos, la tarea de realizar un Registro nacional de víctimas y a partir éste debía proponer una serie de políticas para la atención a huérfanos, deudos, familias y comunidades afectadas por el crimen, la violencia armada  y los operativos de la estrategia para su combate. Como se recordará el presidente Calderón vetó la iniciativa y su sucesor, Enrique Peña, le hizo reformas que pervirtieron por completo el sentido de lo que fue la Comisión de Atención a Víctimas. En tanto la partidocracia se repartió los cargos de los consejeros y se gestó un aparato costoso y poco eficiente. Nunca se integró la información del Registro relativo a los hogares y víctimas directas e indirectas de la violencia criminal y la violencia institucional. Y las intervenciones de la CAV se redujeron a repartir recursos a los reclamantes.

Y el Estado…tan campante

Es de hacerse notar que los titulares de las carteras gubernamentales mas concernidas en el tema guardaron un inexplicable silencio. El presidente López Obrador lamentó la desgracia y llamó a la cohesión familiar para atender a la niñez mexicana, el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo ofreció “llegar a fondo en la investigación”, como si fuera Ministerio Público; mientras Esteban Moctezuma el Secretario de Educación Pública, propuso modificar los libros de civismo para evitar estas desgracias. Asombra particularmente la ausencia y omisión de la Secretaría de Bienestar Social y, lo peor del DIF; la institución que por ley y tradición, desde 1977, es la obligada a responder por las políticas de protección a la infancia y promover la integración familiar, como si no fuera obligación del Estado la tutela y garantía de los derechos de la niñez, en cumplimiento al art. 1 y 4º.constitucional, a la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia firmada por México en 1990 y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2014).

La brecha del cuidado

El abandono de las políticas a favor de la infancia que en los hechos siguieron los gobiernos neoliberales desde 1998, es una de las causas del deterioro y la precariedad de vida de 20 de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes que integran la población menor a los 18 años en el país.

La infancia surgió como categoría social objeto de cuidado por parte de las familias, los médicos y profesionales de la salud física y mental, educadores, religiosos, etc., a mediados del siglo XIX. Fue, junto con las políticas familiares, parte fundante del Estado de bienestar en el siglo XX. La idea de cuidar la infancia, como una etapa de preparación, formación y preservación de las y los futuros ciudadanos, ante los riesgos y amenazas de la vida adulta, creó en todas partes conocimiento y redes de protección en los hogares, las escuelas, los centros y lugares de esparcimiento. Alejar, reservar, aislar a los niños, niñas, adolescentes de los temas, prácticas, problemas y aún conversaciones de los adultos, así como graduar los accesos a juegos, contactos, permisos, etc., asuntos como las amistades, la sexualidad, las salidas con extraños, etc., era parte de las pautas educativas de los padres. Los adultos, familiares y profesionales ligados a la educación, la salud, etc. eran quienes instruían o guiaban a los menores de edad por el camino de la vida.

Con la llegada de la globalización, el Internet y las redes sociales la situación cambió radicalmente. Las nuevas tecnologías rompieron el cerco que podían tender las familias entre el “adentro” y el “afuera”. Hoy, las jóvenes generaciones pueden tener acceso virtual a casi todo lo que quieran, no importa cuán alto pueda ponerse el umbral de este acceso en las escuelas o en los hogares.

La libre competencia soltó las amarras que contenían la explotación laboral, mientras la escasez de empleos y la dureza de la vida consolidó la violencia estructural. El Estado se distanció de las necesidades familiares y cada quién tuvo que ver cómo podía sobrevivir. Los cambios en la estructura, organización y formas de vida familiares, junto con la privatización de la educación, la salud y otros servicios públicos, trastocaron de fondo el tejido institucional y social que protegía a la infancia. La mayor participación de las mujeres en las actividades remuneradas consecuencia no sólo de su mayor preparación, sino de la necesidad de mayores ingresos para afrontar el costo creciente de la vida, compensando la caída de los salarios y la reducción de derechos sociales, provocó la salida masiva de las madres a tareas remuneradas, con el consecuente traslado del cuidado infantil a abuelos, tíos, primos, o personas extrañas.

La idea de que el cuidado de las nuevas generaciones es ante todo un asunto personal, familiar, privado y no un asunto público, del interés general en tanto bien común, sigue prevaleciendo. A pesar de que los derechos de la infancia: a la alimentación, el amor, cuidado, la salud, la educación, el juego etc. están bien establecidos, tanto como están proscritos y penalizados: el maltrato, el abandono, el abuso en todas sus modalidades, las instituciones y las políticas públicas no cumplen a cabalidad estas obligaciones. Hay por tanto una brecha, un déficit en el cuidado. Los padres, las madres trabajan y se trasladan en horarios extendidos, llegan de noche casi a verlos sólo durmiendo; los abuelos cansados y parientes no siempre muy comprometidos medio los cuidan, cuando no quedan encerrados en las viviendas o los dejan al garete en los vecindarios donde también encuentran a quienes los agreden, maltratan o abusan de niñas, niños y adolecentes en diversas formas.

Así se cuentan por miles las niñas, niños quemados mientras se intentaban preparar alimentos; las niñas golpeadas, violentadas, asesinadas. Decenas de niños jornaleros mueren en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Morelos. 21 millones viven en pobreza, 12% de los nin~os y nin~as menores de 5 an~os padecen desnutricio´n cro´nica;  8 de cada 10 estudiantes adolescentes no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel educativo y 4 millones de nin~os no van a la escuela. 6 de cada 10 nin~os de entre 1 y 14 an~os ha experimentado algu´n me´todo violento de disciplina. Y diariamente son asesinados en promedio 4.4 nin~as, nin~os y adolescentes.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.