La última década del siglo XX podría ser recordada como una etapa en la que el modelo económico propuesto desde finales de la década de 1970, dejaba fuera a las instituciones estatales de la esfera de la economía como actor principal, para solo convertirse en un administrador a favor del mercado. Un ente que comenzó a dictar las normas económicas y sociales en todos los países a favor de los grandes corporativos y promovió la individualización extrema así como el derrumbe de las fronteras para el comercio, pero no para las personas, predominó en todos los rincones del planeta, pero también se resquebrajó ante diversas crisis económicas de alto impacto.
Pero también como el momento en el que surge un halo de esperanza y contraposición a esta visión globalizadora y salvajemente capitalista. Se publica “El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva” de la politóloga estadounidense Elinor Ostrom, en el que la galardonada con el Premio Nobel de Economía en 2009, expone sus cuestionamientos a la carencia de posibilidades de administración y gestión de recursos naturales ante una visión en la que lo más importante es el beneficio derivado de dicha explotación y no el recurso en sí, que podría agotarse en cualquier momento.
En su texto, quien fuera catedrática en la Universidad de Indiana, cuestiona que sólo se presenten como soluciones una mayor injerencia por parte del Estado, para endurecer las legislaciones vigentes y evitar la destrucción de los recursos o la privatización de esos recursos, por parte de empresas. Pero no se tome en cuenta una tercera vía, la de los pueblos que por muchos años han logrado mantener un equilibrio entre la explotación de los recursos y la conservación del medio ambiente, sin necesidad de imponer legislaciones de corte occidental.
Las ideas planteadas hace 30 años por la también ideóloga de los principios de diseño de una gestión estable de recursos comunes, entre los que destacan la autogestión comunitaria y los acuerdos colectivos, han perneado en otros lugares de la Tierra, entre ellos, América Latina. Desde ahí se han obtenido muchas experiencias que demuestran la necesidad del vínculo entre recursos naturales y quienes les habitan para lograr gestiones exitosas y sin impacto en el entorno.
Ejemplo de lo anterior es lo expuesto por la líder indígena peruana Tania Pariona, en el marco del Primer Congreso virtual latinoamericano IASC, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En éste denunció que a pesar del amplio andamiaje jurídico existente en las naciones latinoamericanas a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, muy pocas veces tienen efectividad, debido a que no se les respetan.
Desde su experiencia, indicó que el principal problema aún vigente es la predominancia de una visión antropocéntrica, en la que se considera que los recursos naturales pertenecen a los seres humanos y no se toman en cuenta a las demás especies que coexisten en los ecosistemas.
Por el contrario, advirtió la líder de juventudes indígenas, la visión debe ser mucho más amplia, y tomar en cuenta que en los territorios no sólo hay recursos naturales, sino también conocimientos, que son válidos, tanto en el espacio convencional, en la formalidad y en el ámbito comunitario.
Desde esta visión, se debe pensar lo que va a ser bien para todos y es de todos, que regularmente es el territorio, y por lo tanto, todo lo que hay en él, debe ser respetado y preservado. En el caso de algunos pueblos, hay una simbiosis con algunos elementos como el agua, al considerar que no sólo es líquido para beber sino un insumo para las ceremonias y representa el origen de la vida.
Por eso, se hizo un exhorto a pensar que somos parte de la naturaleza, pero no nos pertenece, ni los recursos son mercancías, ni son solo para nuestro beneficio sino para la humanidad, y más que ser objeto de acumulación de recursos debe ser de reciprocidad. Pues, el bien común no se queda en el lugar, sino se requiere que se respete la concepción integral de vida, y así hacer frente, entre otros asuntos relevantes para el devenir planetario como el cambio climático.