Durante doce días consecutivos una amplia movilización popular paralizó al Ecuador. El descontento ciudadano se encendió luego de que el 1 de octubre el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunciase la puesta en marcha de un conjunto de medidas económicas incluyendo la eliminación inmediata y absoluta de los subsidios a las gasolinas y el diésel. Repitiendo su ya cansino discurso de culpar a su antecesor -a quién reemplazó ya hace más de dos años- pidió comprensión y apoyo a la población quien, todo lo contrario, tildó a esta decisión de un paquetazo: un conjunto de medidas contrarias a los intereses de las mayorías y a favor de los más ricos. Para poder entenderlo, así como al descontento popular, hay que ir un poco más atrás.
En 2017 Moreno decidió dar un giro radical a su programa de gobierno y buscó ampliar su capital político acercándose a la agenda económica de las élites empresariales del país: menos impuestos para el capital y mayor austeridad fiscal. De tal forma, Moreno puso en marcha una serie de políticas y reformas que han mermado la capacidad de recaudación tributaria y de restricciones a las herramientas de gestión económica. A pesar de haber abanderado el discurso del sobreendeudamiento del gobierno anterior, Moreno ha tenido que endeudarse más para cubrir el déficit. Ecuador regresó a los mercados de capitales en 2014 y desde entonces posee una deuda externa de USD 15.700 millones de los cuáles 6.075 los asumió su antecesor Rafael Correa y Moreno ha adquirido 9.625 en poco más de dos años. En marzo de 2018, Moreno golpeó la puerta del FMI con quien ahora tiene un acuerdo crediticio por USD 4.200 millones ligados a compromisos de reforma económica. La transparencia y legalidad del acuerdo ha sido fuertemente puesta en cuestión ya que se desconoce todos sus detalles, además que no fue tratado y aprobado por la Asamblea Nacional como lo dispone la Constitución.
El acuerdo con el FMI gira alrededor del viejo recetario y la obsesión ortodoxa de la austeridad fiscal. En esa línea, Moreno ha recortado puestos de trabajo en el sector público generando ahorros poco sustanciales pero que le han ayudado a estigmatizar al sector y los funcionarios públicos como enemigos del “buen rumbo” de la economía. Antes del paquetazo de octubre, el gran paquetazo económico que arranca en 2017 y que ahora se pone en marcha bajo la tutela de Washington ha generado menos dinamismo económico y desempleo en una economía muy susceptible a los shocks externos (cambios en los precios internacionales de las materias primas, por ejemplo) y sin moneda propia (Ecuador usa el dólar de EU desde el año 2000).
Para poder acceder al siguiente desembolso del FMI, Moreno se vio obligado a acelerar su parte del compromiso y anunció el paquetazo de octubre que además incluye recortes de salarios y vacaciones en el sector público, eliminación de aranceles para el sector importador entre otras medidas. Por su parte, la eliminación de los subsidios a los carburantes se puso en marcha de manera inmediata, sin estudios técnicos y sin Plan B. Esto hizo explotar los ánimos de una población que ya siente su calidad de vida desmejorar y que entiende claramente que una subida sustancial del precio de la gasolina (24%) y diésel (120%) tiene impactos inflacionarios gigantes y sobre su capacidad adquisitiva.
Con una fuerte presencia de las organizaciones indígenas, una gran movilización popular paralizó el país y sobre todo la capital Quito. La respuesta del gobierno fue una represión que no se había visto desde el retorno del Ecuador a la democracia en 1979. Grandes contingentes de policías y militares fueron enviados abiertamente a reprimir a una ciudadanía que en su gran mayoría se movilizó de manera pacífica. Inevitables son los focos de violencia, infiltrados y delincuentes en este tipo de movilizaciones y el rol de la fuerza pública es controlarlos con atención a los derechos humanos. Sin embargo, mientras los grandes medios de comunicación callaron, la información de medios alternativos y las redes sociales permitieron que el mundo viera la barbarie de una represión a todo nivel. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el saldo de la movilización fueron 8 muertos, 1,340 heridos y 1,192 detenidos.
Luego de doce días de movilización, el Gobierno accedió a sentarse a negociar con los dirigentes del movimiento indígena la noche del 13 de octubre. El resultado de la negociación fue una victoria popular importante pero parcial: la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a los carburantes, pero quedando pendiente la elaboración de uno nuevo. Por otro lado, resta saber qué va a hacer el gobierno con el último tramo de su paquetazo económico en el siguiente contexto: Moreno y su entorno salen más debilitados frente a la opinión popular, pero mantiene el apoyo y presión de las élites económicas, sus partidos políticos y la rigidez del acuerdo con el FMI. Por otro lado, las autoridades han hecho poco caso al clamor popular que rechazó la violencia estatal y que espera que haya investigaciones y procesos justos. Sobre esto, el gobierno nacional vuelve a su repertorio de buscar culpables en el ex presidente Correa y su entorno cercano: los culpa de ser los mayores responsables de la violencia y recrudece su persecución.
*Andrés Chiriboga Tejada
Ciudadano de Quito, Ecuador. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. Doctorando en Sociología por el Instituto de Estudios Política de Paris (IEP – SciencesPo), con posgrado en Sociología Económica en la London School of Economics (LSE) y en Finanzas en el TEC de Monterrey. Se desempeña como Investigador asociado al Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies (MaxPo) y el Observatoire Sociologique du Changement (OSC). Miembro de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera del Ecuador en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo entre 2015 y 2016
Integridad Ciudadana
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