Opinión

¿Qué pasó en Culiacán?

¿Por qué no actuó la FGR en el operativo Culiacán? | Fred Álvarez

  • 25/06/2020
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Un tema que estaba en el olvido de la gente, es la aprehensión-liberación de Ovidio Guzmán aquella tarde del jueves 17 octubre en Culiacán, Sinaloa.

Hasta donde sabíamos la decisión se hizo de manera consensuada entre miembros del gabinete de Seguridad Nacional, y los motivos habían sido el salvar cientos de vidas humanas ante la situación presentada, y que el Presidente sólo la había avalado.

El mismo secretario Alfonso Durazo expresó a senadores, el pasado 15 de noviembre de 2019, que “nadie decidió liberar a Ovidio” ya que nunca contaron con la orden de detención.

“Los integrantes del Gabinete de Seguridad -mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor- tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido…”.

Como sabemos, los efectos negativos de esta acción “precipitada y mal planeada” tuvieron consecuencias, dejando al país como una República bananera. La Ciudad fue tomada por asalto ante el repliegue de la autoridad local y federal: los delincuentes simplemente controlaron toda la ciudad.

Los daños materiales fueron enormes, pero sobre todo el daño a la sociedad fue irreparable, sobre todo a la población infantil que se vio indefensa en medio de las balas…

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Es más, no supimos si participó o no en el operativo la Fiscalía General de la República (FGR), sólo supimos que había una petición de Washington para extraditar a la persona que fue aprehendida, y luego liberada.

Pero ahora, ocho meses después las cosas han sido cambiadas por el Presidente.

¿Por qué?

En la mañanera del viernes 19 de junio el presidente reconoció que él fue él quien dio la instrucción para liberar a Ovidio.

¿Cómo fue?

Ante la pregunta de cómo estaba la situación sobre la nota diplomática que se envió el 11 de mayo a Estados Unidos sobre la operación Rápido y Furioso, el Presidente aprovechó para volver a criticar los gobiernos anteriores sobre la violencia actual y sin que nadie le preguntara por el caso dijo que él ordenó que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.

Antes había dicho una y otra vez que él sólo la había avalado.

La primera vez que lo dijo fue viernes 18 de octubre en una conferencia mañanera en la Ciudad de Oaxaca…

Ante la pregunta de Arturo Páramo del Grupo Imagen, López Obrador dijo que la decisión de liberar al presunto criminal la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, y que él simplemente la avaló, aunque reconoció que no tenía información previa a los hechos.

Incluso el Presidente no sabía de la orden de extradición de Ovidio y entró a responder decenas de preguntas sin mucha fuerza. Pero ese día el Presidente intentó transformar la derrota en victoria, con la frase de que “lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos, lo más importante es la paz”.

Incluso emitió un tuit dedicado a los soldados de México, citando al General Felipe Ángeles. “Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida”.

El lunes 21 de octubre en Palacio Nacional dijo triunfante que “fue una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad y yo la avalé, porque un gobernante, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”.

Y agregó la gente de Sinaloa en un futuro lo va a juzgar “si se hizo bien o se hizo mal”, al tiempo que subrayó tener la conciencia tranquila…

El presidente comentó que ordenó una revisión de los hechos, y recomendó a la autoridad bajo su mando que primero salvar vidas que no se violen derechos humanos.

Tres días después, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy-, le preguntó que en sentido estricto “si el comandante supremo a un inferior le avala una instrucción, quiere decir que es una orden. Sin embargo, los expertos, abogados, constitucionales, incluso en editoriales de medios locales, internacionales, le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional, que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez (...)”.

“Y también el Estatuto de Roma en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de las actitudes o de los actos de los militares”.

¿Qué responde usted, presidente, en este sentido?”.

La respuesta presidencial fue la de que “si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente”, y que él argumentará el por qué actuó de esa manera”.

y agregó que “por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar, y me someto a cualquier tribunal”.

Hasta ahí las cosas.

Obviamente nadie va a denunciar al Presidente y además si hubiera denuncia ésta no opera.

El presidente sólo puede ser acusado durante su encargo, por dos delitos, que son la traición a la patria (que por supuesto no aplica en este caso pues no se trata de lo que cada quién entienda coloquialmente, sino de lo que precise el tipo penal en particular), y por “delitos graves del orden común”. No más.

¿Pero, por qué hace esa declaración el C. Presidente?

Creemos que no quiso decir lo que dijo, ya que sin duda daña a sus subalternos...

Al leer la declaración del C. Presidente, la senadora Claudia Anaya (PRI), presentó una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública en contra del secretario Alfonso Durazo, por violar la Ley de Responsabilidades Administrativas al no desempeñar su cargo con honradez y objetividad y mentir a los legisladores, así como poner en libertad a un presunto delincuente aun cuando ya había sido detenido. Anaya indicó que las declaraciones de Durazo contradicen lo expresado por el presidente durante su mañanera del pasado 19 de junio…

Ahora, al margen de ello, es evidente que alguien pudo haber incurrido en un delito relacionado con la liberación de personas detenidas.

El párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución dice que “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

Con base en este numeral de nuestra carta magna, en principio, los que ejecutaron de manera fallida el operativo de detención de Ovidio junto con sus mandos superiores inmediatos, deberían ser aprehendidos y acusados por cometer un delito en contra de la administración de justicia.

Dejar en libertad a quien tenía que ser detenido se sanciona con hasta diez años de prisión, de acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal.

Otro delito que se pudo haber cometió es la evasión de presos, contemplado en el artículo 150 del código ya mencionado:

Eso dice la ley...

Y la otra pregunta ¿por qué se le detuvo?

Nos dicen que fue por una petición de extradición a Estados Unidos, solicitada meses antes en virtud de una orden judicial de la Corte Federal del Distrito de Columbia; cuyo caso lo tiene juez Rudolph Contreras.

Entonces este asunto creemos lo debió haber operado la FGR, quien está facultada para hacerlo, así lo señalan los artículos 5, fracción VI y 31, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía... “Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional”.

Obviamente la FGR puede solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército, y de cualquier fuerza de seguridad. (art. 19, fracción v).

La pregunta es: ¿Por qué no actuó la FGR en el operativo Culiacán? ¿O si actuó, por qué no emitió un comunicado y dio la información?

Además, la Constitución obliga a tener un registro de detenciones y hay una Ley Nacional del Registro de Detenciones. Necesariamente se tuvo que haber hecho el registro y haberse informado.

Si no se hizo así, se incurrió en una irregularidad y alguien es responsable…

Ahora bien, el Presidente no puede ordenar una liberación de un detenido si ésta la hizo la Fiscalía General; sí puede dar órdenes a cualquier miembro del gabinete y le deben hacer caso, pero no al fiscal.

En ese sentido, las declaraciones -que no confesiones- del Presidente colocan muy mal a gente del gabinete...

¿Qué necesidad?

Por cierto, ¿qué pasó en Culiacán

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