El respetado New York Times ha decidido –como política editorial– suscribir la defensa de la liberalización del mercado de mariguana. Si bien se trata de un diario de tradición progresista, no es cosa menor. Sobre todo por los argumentos que ofrece. Su análisis de la situación actual es demoledor: El debate científico apunta a que la proscripción es injustificada, las estadísticas sobre arrestos muestran una clara injusticia en el manejo de los arrestos por posesión y tráfico de cannabis, la opinión pública comienza a abandonar los dogmas prohibicionistas; y esa prohibición está basada en mitos y xenofobia.
David Firestone titula una de las editoriales de la serie High Time publicada en ese diario Let the States Decide on Marijuana (“Dejen que los estados decidan sobre la mariguana”, http://goo.gl/5IMZbB). Desde hace algún tiempo sabemos que varios estados de la Unión Americana avanzan en contra de la prohibición federal. Ya son 35 y el Distrito de Columbia, los que están desafiando abiertamente la política federal que data del periodo de Nixon en setentas. Algunos han implementado regulaciones que permiten usos médicos, dieciocho han despenalizado la posesión de mariguana, y Colorado y Washington han ido más lejos con su despenalización para fines recreativos. Además, Alaska y Oregon decidirán este año si siguen el camino de esos dos últimos estados.
Estos son los casos de 35 gobiernos que han decidido que no es justificable ni conveniente enviar a la cárcel a ciudadanos por causa del uso de una droga que según a las estadísticas produce menos muertes y daños que –por ejemplo– el alcohol. Sin embargo, la legislación federal ha colocado a algunos estados y a sus ciudadanos en jaque. Firestone menciona que la ley de Colorado permite el cultivo simultáneo de hasta 10,200 plantas de cannabis, mientras que la pena federal por cultivar arriba de mil es de mínimo diez años de cárcel.
El Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos emitió una directiva diciendo que no interferirá con los planes de legalización de las entidades federativas en tanto se ajusten a algunas condiciones, entre las cuales está evitar su venta a menores de edad. Eso deja ver que los estados en este momento dependen de la buena voluntad de la Federación. Cosa similar se quiso intentar en el Distrito Federal, donde algunos diputados presentaron una serie de iniciativas sobre mariguana que desdeñaban la Ley General de Salud mediante lo que llamaron “la puerta de atrás”, que es una ficción jurídica respecto del origen de la cannabis. Esto dependería de que la Procuraduría General de la República, y demás autoridades federales, hicieran caso omiso de este manejo –como en los Estados Unidos– lo cual en nuestro sistema se asoma poco probable.
La ruta que propone Firestone es eliminar la prohibición federal. Como antecedente, refiere que en mayo la Casa de Representantes aprobó prohibir que la DEA persiga a personas que utilicen mariguana con fines medicinales en los estados que así está permitido. El acta está pendiente de aprobación por el Senado.
En el caso de México, adoptar una política de esas características pasaría primero que nada por modificar la Ley General de Salud, modificando el tratamiento que se le da producción y posesión de la mariguana. Naturalmente, habría que modificar esa y otras leyes para establecer una nueva distribución de competencias y un marco legal para la regulación en los estados, lo cual permitiría además establecer límites y lineamientos. Habría también que incluir una tajante prohibición de la distribución a menores de edad, al trasiego entre estados, medidas de control, de desincentivo al consumo y de disminución de riesgos asociados al consumo, como se hace en la misma ley respecto del tabaco y el alcohol.
A lo anterior se le podría hacer la objeción de que una medida de esta naturaleza violentaría la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la que México es parte. A ello, habría que contestar con una sencilla pregunta, ¿cuál es el futuro de un tratado internacional que en los hechos ya fue parcialmente repudiado por la nación más poderosa del mundo (que además fue su principal impulsora) y que ha sido ignorada también por otros países miembros, como Uruguay?
En el caso de los países federales, como México, el fracaso del prohibicionismo general de la mariguana puede enfrentarse de manera diferenciada, dependiendo de las características, fortalezas y opiniones de cada estado. Probablemente, imponer la liberalización de este mercado en estados con mayorías conservadoras, como Guanajuato –por ejemplo– no encontraría de momento suficiente respaldo político y social. Sin embargo, modificar la legislación general no sería necesariamente flexibilizar el manejo del tema, sería avanzar hacia un esquema que permitiera que cada sociedad se otorgue las reglas que considere más adecuadas y que permita además probar los efectos de distintos mecanismos regulatorios sobre aspectos como el consumo y la procuración de justicia. La Ciudad de México podría ser así la punta de lanza de legislaciones más progresistas, con un fundamento jurídico sólido.
Finalmente, quedaría reflexionar sobre el combate a los grandes cárteles del narcotráfico, que tienen en la mariguana uno de sus más cuantiosos negocios. Dar pie a nuevas reglas sobre el consumo y producción local, no implica dejar de lado la persecución de la producción masiva, del trasiego internacional y del crimen organizado en torno a estos ilícitos, simplemente implica dejar a los estados el manejo de temas que la legislación federal lejos de regular adecuadamente, ha convertido en parte de una tremenda problemática, causando además malestar en importantes sectores de la sociedad. Esta posibilidad además abre la puerta a quitarle al crimen organizado importantes nichos de mercado, que podrían pasar a una vigilancia estatal más efectiva.
Que los estados decidan sobre la mariguana no sólo es un camino viable, sino que podría ser uno de los primeros pasos hacia la transformación de una política de drogas que en México y el mundo es –por decir lo menos– completamente fallida.