Sabemos que el acceso a la salud es un derecho, por tanto, universal –para todas las personas– y gratuito, eliminando barreras de desigualdad económica. Eso ha sido una aspiración lejana para enormes sectores de la población en décadas, pero ¿qué tan cerca estamos con la creación del Instituto de Salud para el bienestar (INSABI)?
El pasado 30 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se modifican los criterios de clasificación socioeconómica, con lo que se dio un paso definitivo para exentar del pago de cuotas en los servicios de salud a la población sin seguridad social.
Se trata también un primer paso para lograr la universalidad en el acceso a la salud, un tema que siempre ha estado presente en el discurso oficial de diferentes gobiernos y partidos, pero en realidad muy alejado de la realidad.
Las razones para ello son varias y no todas resultado de las condiciones actuales, en donde la pandemia ha puesto al descubierto las enormes carencias de nuestro sistema de salud. En México, se estableció desde la Constitución de 1917, que la seguridad social era un derecho para la clase trabajadora. Dicha seguridad social comprendía desde entonces, el sistema de pensiones por invalidez o retiro y el acceso a la atención médica, tanto para las y los trabajadores como sus familias.
Ello de origen, vinculaba el acceso a la atención médica a la situación laboral lo que dejaba fuera de cobertura a quienes no tenían un empleo formal. Tampoco era gratuita: su presupuesto se componía de dinero público y cuotas obrero-patronales.
Para la llamada “población abierta” –personas sin trabajo formal y fuera de la seguridad social– se diseñaron varios esquemas, entre ellos, el de los últimos tres sexenios, llamado Seguro Popular: un sistema híbrido de financiamiento entre aportaciones gubernamentales y cuotas de las y los afiliados, para tener acceso a la atención médica, pero no a la seguridad social en su totalidad.
El esquema vio su fin hacia finales de 2020, cuando se opera formalmente su trasformación en el INSABI y que a diferencia del Seguro Popular –que sólo era un esquema de financiamiento– tiene un modelo de atención y no se limita a atender sólo un catálogo o cartera de padecimientos específica, por lo que por lo menos en el papel, el INSABI sería la institución encargada de materializar la obligación de garantizar la salud de manera universal en nuestro país, para todas las personas y todos los padecimientos.
Sin embargo, es claro que para que el acceso a la salud sea gratuito y universal en México, seguramente pasarán todavía algunos años. A diferencia de otras acciones que dependen del reconocimiento de obligaciones, de una legislación que amplíe las atribuciones institucionales, de la aplicación de los presupuestos y la eliminación de las trabas administrativas, en el caso del derecho a la salud, el asunto es mucho más complejo.
Empecemos por decir que en su definición, el derecho a la salud, obliga a los estados a garantizar “el más alto nivel de salud posible”. Eso quiere decir que es diferente en cada persona y que admite la existencia de determinantes sociales para su pleno ejercicio.
Esta noción sin embargo, no debería ser obstáculo para asegurar que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan acceder a lo que sus necesidades particulares definan como el grado más alto en materia de salud.
Sin embargo, ello implica la dificultad de contar con todos los recursos necesarios (materiales, de infraestructura, presupuestarios, farmacéuticos y humanos) para ofrecer atención médica universal a toda la población.
No sólo tiene que ver con un descuidado y fragmentado sistema sanitario que es deficiente desde hace mucho tiempo, ni tampoco con estructuras hospitalarias insuficientes, con escaso personal especializado, o con las complicaciones en la cadena de suministro de medicamentos. En realidad, con la salud pasa lo que con muchos otros asuntos de política pública: se atiende y prioriza en función de la incidencia y se abandona o discrimina a las personas con necesidades de salud particulares o de baja prevalencia.
Un ejemplo claro es el esquema que –ya mencionamos– del Seguro Popular, cuya limitada cartera dejaba fuera padecimientos, que si bien eran poco frecuentes, también representan enormes gastos de bolsillo, para las y los pacientes y sus familias.
Quienes diseñan políticas públicas, tienden a pensar que lo urgente es lo masivo, y que estar dentro del promedio es lo que asegura a la ciudadanía ser tomada en cuenta. Y eso al final sólo provoca que para muchos padecimientos no existiera un esquema específico de atención, por lo que estaban sujetos a pagar cuotas para poder ser atendidos, lo cual se traduce en un trato diferenciado, excluyente y discriminatorio.
La atención a enfermedades neurológicas, algunos tipos de cáncer, síndromes metabólicos, enfermedades crónicas no transmisibles entre otros, no solo no eran parte de los esquemas de atención, sino que los servicios tampoco eran gratuitos.
Para estos pacientes y sus familias, sin duda el anuncio de la creación del INSABI puede parecer una buena noticia. Sin embargo, todavía es pronto para saber si la capacidad de atención podrá superar tantos años de políticas selectivas, en donde la universalidad y la gratuidad era para los que tenían la “suerte” de enfermarse de lo mismo de lo que enfermaba la mayoría. Por el momento, fuera de la gratuidad que ya opera para algunos servicios de diagnóstico y seguimiento, todavía es pronto para decir que vamos en el camino correcto y de que se cuentan con los recursos suficientes para avanzar en ese sentido.
Hay que tener en cuenta que el acceso al más alto nivel de salud empieza con diagnósticos, registros de pacientes y rutas para la atención integral para todas las personas y todos los padecimientos. Ojalá progresivamente avancemos a la universalidad, la gratuidad y la salud para todas las personas sin discriminación alguna. No dejaremos de vigilar y exigir que así sea.
*Mtra. Norma Loeza
Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el “Exorcista”.