El martes 28 de noviembre tuve la oportunidad de participar en la Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos y la Asociación Latinoamericana de Archivos, la primera de esta clase que se realiza en el continente americano.
Este tipo de conferencias permiten establecer diálogos entre expertos sobre los retos que enfrenta la preservación de la memoria en todo el mundo.
Retos en la preservación
de la memoria
Hoy, los archivos son más que la administración de toneladas de papeles y hay dos retos que el futuro inmediato nos plantea.
El primero es la digitalización de grandes cantidades de documentos para que la población pueda acceder a ellos con mayor facilidad y sin tantos intermediarios.
El segundo reto es cómo administrar los archivos digitales, aquellos que no fueron impresos o no tienen respaldo material; en términos muy concretos por ejemplo: ¿cómo archivar y poner a disposición correos electrónicos que dan cuenta de un proceso de toma decisión?
A los retos tecnológicos que todos los países del mundo enfrentan, se suman los retos institucionales y políticos que ya enfrenta nuestro país.
¿Ley de archivos?
En México todavía no ha sido aprobada la ley de archivos que culminará la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública de 2014. Sin embargo, la urgencia de contar con legislación en la materia no debe ser impedimento para concebir la mejor ley posible.
Nuestros representantes deben aprovechar la oportunidad para aprobar una legislación que, al igual que la Ley General de Transparencia, se convierta en un referente internacional.
Afortunadamente, académicos, historiadores, periodistas, sociedad civil organizada, servidores públicos y población en general han participado para enriquecer el debate mediante comentarios y sugerencias constructivas.
Entre las recomendaciones emitidas por estos actores destacan las siguientes.
Primero, al referirse a los archivos históricos, la nueva ley debe clarificar que son “fuentes de acceso público” para evitar que se testen datos personales de forma incorrecta. Los archivos históricos deben poder ser consultados libremente sin ningún tipo de valoración adicional.
Segundo, es necesario establecer plazos para la transferencia de expedientes de los archivos de concentración a los archivos históricos. De lo contrario, los documentos podrían permanecer indefinidamente en el primer tipo de archivo o desaparecer.
Tercero, la ley tiene que incluir mecanismos para poder consultar documentos con datos sensibles cuando estos sean importantes en una investigación.
Cuarto, el proceso de valoración de los documentos debe incorporar a personas con conocimiento en archivos, gestión documental e historia para garantizar que documentos valiosos no sean destruidos.
El Archivo General de la Nación
Además, es preciso establecer los arreglos institucionales necesarios para desvincular los archivos de un posible control político.
Se debe modificar la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación para asegurar su autonomía. Hay que desvincularlo de la Secretaría de Gobernación, cuya función no está relacionada con la conservación de la memoria. Asimismo, el diseño del Consejo Nacional de Archivos debe reflejar la naturaleza técnica de su tarea.
En los archivos se conserva la historia de las naciones y las acciones de los gobiernos. Para preservar la nuestra, tenemos que estar a la altura de estos retos técnicos e institucionales.
Los archivos son la base para documentar la toma de decisiones de las autoridades y contienen evidencia que puede ayudar a identificar cuando estas hayan sido ilegales o corruptas.
Resguardar los documentos históricos, impedir la politización de los archivos y dar acceso a la información contenida en ellos, deben convertirse en prioridades.
Los archivos son el punto de partida para construir una mejor democracia con base en la conservación de nuestra memoria común y la búsqueda de la verdad.
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