El pasado viernes 26 de junio, la Ciudad de México despertó con la noticia de un terrible atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.
Un evento que resulta inédito en la Ciudad de México -tanto por el perfil de la víctima, como por el haberse llevado a cabo en una de las zonas con mayor videovigilancia y alta presencia policial-, pero es en realidad, un hecho que se repite una y otra vez a lo largo de país.
Según los datos oficiales, en los primeros cinco meses de este año hubo 15 mil once víctimas de homicidio doloso, un 2.96% más que en 2019. Entre esas víctimas debemos incluir a legisladores, jueces, policías, ministerios públicos, además de la población en general.
Varios ejercicios de medición -emprendidos por la actual y las pasadas dos administraciones- apuntan a que aproximadamente el 80% del total de homicidios dolosos del país están relacionados con la acción de la delincuencia organizada.
Más allá de las deficiencias metodológicas que todas esas bases han tenido y el sesgo que implica medir a partir de criterios autoimpuestos sin contar con las investigaciones conducentes, el dato por sí mismo debe ser considerado si se busca salvar la vida de los mexicanos.
Si, como afirma el gobierno federal, por lo menos el 80% de los casos de homicidio doloso están relacionados con la delincuencia organizada, ¿qué está haciendo esta administración para combatir este fenómeno delictivo?
Sabemos bien que el gobierno de Calderón emprendió la “guerra contra el narcotráfico” y que el de Peña estableció “objetivos prioritarios” de la delincuencia organizada; mientras que, por lo que refiere al actual gobierno, tanto las acciones como la narrativa no permiten entender con claridad si busca combatir o no a los delincuentes y qué formas de delincuencia busca combatir.
En los últimos 40 años la delincuencia organizada pasó de ser un fenómeno regional, centrado en algunos delitos, a convertirse en el factor clave de la violencia en nuestro país.
Los últimos cuatro sexenios han estado marcados por la violencia que resulta del trasiego y la venta de drogas; el control territorial entre grupos delictivos; el tráfico y la trata de personas; los secuestros; las extorsiones; el tráfico de armas; el contrabando hacia y desde nuestro país; la piratería; los delitos contra el medio ambiente; los delitos cibernéticos; el blanqueo de capitales; el robo a transporte de carga y el robo de hidrocarburo entre muchos otros.
Si bien en el imaginario colectivo el sexenio más sangriento de nuestra historia es el de Calderón y comúnmente se acepta que éste dejó un desastre, lo cierto es que desde mediados de 2011 hasta abril de 2015 los delitos relacionados con la delincuencia organizada fueron disminuyendo constantemente y los homicidios en el sexenio de Peña fueron casi un 25% más que en el de Calderón.
De hecho, la actual violencia no tiene antecedentes, si comparamos todo el sexenio de Calderón, donde hubo 102 mil 859 homicidios, con el de Peña, donde hubo 125 mil 804, podemos ver que tan sólo en los primeros 18 meses de este gobierno ya se registraron 45 mil 338; es decir, casi el 50% de todos los homicidios del sexenio de Calderón y el 20% de todos los homicidios de Peña.
Para ser claros, no es mi interés defender a los anteriores sexenios, resulta imposible defender la estrategia del sexenio de Calderón dada la cantidad de vidas que se perdieron, las violaciones constantes a derechos humanos y la corrupción que hubo.
No obstante, se debe reconocer que en ese sexenio hubo estrategia y que al final ésta dio una parte de los efectos deseados: disminuyó el poder de la mayoría de los cárteles, así como el número de delitos que se cometían y se construyeron instituciones de seguridad conforme a objetivos claros y mecanismos de evaluación.
Si la violencia se encuentra en los actuales niveles se debe en una parte importante al abandono que el gobierno de Peña tuvo hacia el tema de seguridad, si por un lado siguió con la misma estrategia de su antecesor, por el otro hizo un manejo político del tema y recortó de manera significativa los recursos para combatir la delincuencia.
En la actualidad no podemos afirmar que el gobierno de López cuente en general con una estrategia de seguridad y menos aún, con un plan para combatir a la delincuencia organizada.
En 18 meses ha habido mensajes contradictorios acerca de la relación con la delincuencia organizada, mientras a unos se les detiene a otros se les libera, mientras a unos se les condena, a otros se les apoya para que consigan visas humanitarias para ir a visitar a sus familiares recluidos en los Estados Unidos y a todos los delincuentes se les reconoce como pueblo bueno.
La política de abrazos y no balazos no es en realidad una política, el Estado está obligado a prevenir, combatir y sancionar los delitos y el insistir en ella abona simplemente a la confusión y a la actual ausencia de resultados positivos.
¿Qué hará el gobierno federal después del atentado en contra del secretario de seguridad de la capital, del homicidio de un juez federal, del de una legisladora y de más de 15 mil víctimas a mano de la delincuencia organizada?
López insiste en que no emprenderá una guerra, lo que parece loable. Cabe mencionar que no emprender una guerra, no implica se sigan tolerando los actuales niveles de violencia, la ausencia de resultados de las instituciones de seguridad y justicia, el desmantelamiento de policías, procuradurías y fiscalías a partir del más grave recorte presupuestal y la ausencia de una consistencia alrededor de si a la delincuencia la vamos a combatir o a abrazar.
El segundo semestre de 2020 presenta un escenario adverso, mientras vivimos la peor crisis económica que este país haya vivido, la crisis de violencia y delincuencia se irá agravando y lo más probable es que 2020 rebase a 2019 como el año más violento de la historia ¿seguirá López proponiendo abrazos a los delincuentes una vez que se confirme éste como el sexenio con más violencia e impunidad de la historia?