Hay evidentes argumentos democráticos para rechazar cualquier forma de Estado que implique la transmisión dinástica del poder, así como el ejercicio con carácter vitalicio de cualquier cargo público. También se ha discutido lo que cuestan las instituciones públicas y sobre si el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes se debe dedicar a los “gastos de representación” de la monarquía.
En México el tema nos queda un poco lejano puesto que la opción republicana ha sido aceptada sin mayores discusiones desde el siglo XIX, pero hay algunos aspectos en los deberíamos sentirnos reflejados. Pongo por ejemplo el más evidente: ¿Funciona bien nuestra forma de gobierno y nuestra división de poderes? ¿No deberíamos seguir discutiendo sobre las opciones de diseño institucional que nos permitieran tener mejores gobiernos?
Hace unos años se dio una importante discusión sobre la alternativa entre sistema presidencial y sistema parlamentario. No se ha hecho mucho por retomarla, pese a que muchos de los países más desarrollados del mundo son parlamentarios y no presidencialistas.
Tampoco hemos discutido a fondo sobre nuestro modelo federal. ¿Está funcionando bien el federalismo tal como lo hemos diseñado en México? ¿Harían falta algunos ajustes para tener mejores gobiernos estatales y municipales? ¿Qué hacemos con esa peculiar forma de organización jurídico-política que tenemos para el DF? ¿Cómo aseguramos que nuestros gobiernos locales tengan la calidad suficiente para prestar buenos servicios públicos y que lo hagan de forma transparente, evitando prácticas de corrupción?
Otro debate que se ha producido en España ha tenido que ver con el costo de las instituciones. Los españoles se han preguntado por el pago que deben recibir sus representantes, así como por la justificación de los presupuestos destinados a los órganos públicos. Me parece un debate muy sano y pertinente. ¿Cómo deberíamos de celebrarlo en México?
Por ejemplo, el presupuesto total que recibe la Monarquía española equivale solamente al 6.5% del presupuesto que tiene asignada la Oficina de la Presidencia de la República, en la que trabajan más de 650 personas. El Rey Juan Carlos I goza de una remuneración en euros que es inferior a lo que ganan en México los Ministros de la Suprema Corte, los magistrados electorales, los consejeros de la judicatura federal, el gobernador del Banco de México, el Presidente del INEGI, etcétera. ¿Se justifican esas altas remuneraciones? ¿Es más importante ser consejero de la judicatura federal en México que Rey de España, como para que nuestros funcionarios judiciales ganen más pese a que el PIB per capita de los españoles es muy superior al de los mexicanos?
Las preguntas podrían seguir y multiplicarse hasta alcanzar muchas páginas. Lo que tenemos que tener claro es que las formas de gobierno y de Estado no han sido establecidas de una vez y para siempre, sino que deben adaptarse a las necesidades de cada momento. En pleno siglo XXI ninguna Constitución está escrita en piedra, sino que debe sujetarse a lo que cada sociedad considere mejor para alcanzar los propósitos que persigue. La capacidad de preguntarse qué es lo mejor y de suscitar debates sobre temas de interés público es una muestra de que las sociedades están vivas, atentas a lo que les sucede y dispuestas a hacer los ajustes que sean necesarios. Es algo que siempre debe ser incentivado, ya que forma parte indispensable de todo régimen democrático, sea monárquico o republicano.