Tuvieron que pasar 5 años de que, tanto en México como en Estados Unidos, iniciaron las investigaciones contra Tomás Yarrington por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y 13 años de que concluyera su gestión como Gobernador de Tamaulipas para que fuera detenido por la policía italiana en la ciudad de Florencia.
Sin duda la detención de Yarrington es una buena noticia para una sociedad cansada de la corrupción e impunidad de los políticos, pero dista mucho de representar un triunfo para las autoridades mexicanas que más bien hicieron el ridículo al pretender atribuirse algún mérito en el seguimiento y ubicación del paradero del narco-gobernador, pero fueron rápidamente desmentidas por agencias de seguridad de Estados Unidos quienes además de solicitar la aprehensión y extradición de Yarrington, colaboraron en las tareas de inteligencia.
Lo cierto es que, al igual que en el ignominioso caso del ex fiscal de Nayarit, no se advierte un compromiso real por parte de nuestro gobierno para poner freno a la corrupción rampante que padecemos, el pacto de impunidad entre políticos permanece vigente y si no es por la intervención de gobiernos de otros países, probablemente Yarrington seguiría paseándose con toda tranquilidad -como lo hizo a lo largo de muchos años-, con una identidad falsa y presumiblemente protegido por la Ndrangheta que tiene entre sus socios ni más ni menos que a Los Zetas.
No olvidemos que aún y cuando desde que era candidato a la gubernatura ya se rumoraba que su campaña había sido financiada con dinero del narco, llegó a ser considerado como precandidato del PRI a la Presidencia de la República sin que nadie lo objetara -por lo menos públicamente-. En este sentido habría que preguntarnos dónde estaba el CISEN o a qué nivel llegaba la complicidad. El colmo es que, de acuerdo al actual gobernador de Tamaulipas, hasta noviembre de 2016 Yarrington tenía asignada una escolta de policías estatales al igual que el también prófugo ex mandatario de ese estado Eugenio Hernández.
Ahora las autoridades italianas tendrán que determinar si le otorgan la extradición a México o a Estados Unidos en función de varios factores como la gravedad de los delitos por los que es acusado en cada país, pero tal es el grado de desconfianza en nuestro gobierno que, ya se han alzado varias voces pidiendo que se le conceda la extradición al vecino del norte, ante el riesgo de que aquí las autoridades puedan pactar con él a cambio de su silencio -lo que sorprende es que haya quienes todavía se atrevan a restar importancia a la necesidad de contar con un fiscal general verdaderamente autónomo, y pretendan negociar su nombramiento a partir de consideraciones políticas-.
Seguramente es mucho lo que tiene que contar este político convertido en narco -o viceversa, ya no se sabe- por ejemplo, del asesinato del ex candidato de su partido Rodolfo Torre, así como de otros funcionarios y policías involucrados con la delincuencia organizada, tanto del pasado como probablemente también del presente. Es una pena decirlo, pero al igual que muchos opino que si queremos que Yarrington hable, nuestro país no es el mejor lugar.