Opinión

¿Qué está pasando en el combate al secuestro?

Es hora que erradiquemos el secuestro en México a través de la construcción de indicadores de análisis.

  • 08/06/2016
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Existen estudios y encuestas,tales como la Encuesta Nacional sobre Percepcio´n de Inseguridad Ciudadana en Me´xico realizada por México Unido contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky y el estudio “8 delitos primero” del Centro de Investigación para el Desarrollo AC,que confirman lo que muchos de manera instintiva pensamos: el secuestro es el delito que más preocupa a los mexicanos y que genera la mayor percepción de inseguridad.

 

Para una persona: el ser privado ilegalmente de la libertad, aislado de familiares y seres queridos, ante el riesgo de posibles torturas, humillaciones, violaciones, amputaciones e incluso la pérdida de la vida, se transforma en un miedo que en nuestro país, lejos de ser una sospecha, puede volverse una realidad.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentada en septiembre de 2015, en 2014 existió una tasa de 85 secuestros por cada cien mil habitantes; los datos oficiales de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados hablan de una tasa de 1.17 secuestros por cada cien mil habitantes para ese mismo periodo, de 0.87 para 2015 y de 0.28 para los primeros 4 meses del 2016; que de mantenerse terminaría a finales de año en 0.84.

 

Se han sumado por lo menos tres crisis al rededor del secuestro en los últimos 25 años: a finales de los 90's, a finales de la primera década del 2000 y la de 2013 que llegó a ser el peor año en esta materia de la historia de nuestro país.

 

Las medidas que la autoridad ha tomado como respuesta van desde diversas políticas públicas de confrontación con los criminales e intentos desde la federación de construcción de instituciones hasta normas jurídicas que privilegian los castigos draconianos, el resultado es aún demasiado incierto.

 

En 2014, como respuesta a la crisis de 2013, arrancó el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) con el fin de generar un trabajo de colaboración efectiva entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de las diferentes entidades federativas así como supervisar la actuación de las unidades especializadas en el combate al secuestro (UECS) y el destino de las aportaciones federales en materia.

 

Pese a que en marzo y abril se reportaron aumentos en la incidencia de este delito, no podemos negar que en lo agregado nacional se percibe un descenso en los índices de averiguaciones previas o carpetas de investigación alcanzados en 2013 -sin dejar de lado que entidades como Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y el Estado de México viven una terrible crisis que no parece ceder-.

 

Sin embargo, en la incidencia de este delitos estamos lejos de una posible tasa 0 de un delito que si es erradicable como se ha logrado en otros países y del que en este país, tras más de veinte años de crisis constantes, deberíamos haberlo ya logrado.

 

¿Qué falta entonces? Desde el análisis especializado y constante que hemos hecho en esta materia en el Observatorio Nacional Ciudadano podría enumerar los siguientes factores:

 

  1. Seguimos sin reconocer el problema ni conocer los alcances del mismo. Si bien la CONASE ha hecho un gran trabajo por tratar de hacer un mapa nacional de dónde y cómo sucede el delito, lo cierto es que la debilidad de los registros oficiales difícilmente permite un diagnóstico exhaustivo: pese a lo que diga la ley, a nivel local se sigue registrando sólo el delito extorsivo (aquel donde la víctima es privada ilegalmente de la libertad por más de 24 horas) y las otras formas de este delito, como el secuestro exprés, se clasifican como otros delitos. La carencia de datos y la consistencia en opacidad que las autoridades estatales pasadas mantuvieron en Colima, entidad que hoy ya no puede ocultar una crisis de inseguridad, son la evidencia de lo que sucede con varias entidades: empiezan por no reportar adecuadamente el delito, terminan por dejarlo de combatir. Misma situación que las autoridades omisas de Nayarit mantienen vigente.

 

Otra faceta de este problema es la enorme cifra negra al rededor a este delito, que podría alcanzar cifras del 98% según estimaciones a partir de datos de INEGI. Cifra negra que se refiere a los casos de delitos no denunciados a la autoridad por ciudadanos temerosos de encontrar autoridades en contubernio con delincuentes, de ser revictimizados por la autoridades, de no ser protegidos por la ley o, peor aún, casos de delitos denunciados por las víctimas a la autoridad y que la autoridad simplemente desestimó, no investigó o clasificó mal.

 

  1. Desinterés de las autoridades por fortalecer el Estado de Derecho. La actuación discrecional, la falta de respeto al debido proceso, los procesos judiciales desligados del interés por la justicia, las constantes violaciones a los derechos de víctimas e imputados, los posibles casos de corrupción, impiden el acceso a la justicia y la posible reparación del daño a las víctimas, genera impunidad, debilita la credibilidad en las instituciones, agrede directamente la razón de ser de un estado democrático. Policías que actúan tal vez con buenas intenciones pero desconocen los protocolos de actuación, ministerios públicos que no saben construir casos, jueces que juzgan de manera discrecional, todos casos alejados del debido proceso, mantienen vigente que los delincuentes salgan impunes a seguir delinquiendo. Los motivos van desde la carencia de capacitación, hasta la capacitación hecha de manera exprés, no focalizada en los procesos de aprendizaje, hasta la carencia de recursos, pasando por la falta de colaboración entre autoridades que a veces pertenecen a la misma institución de procuración de justicia.

 

  1. Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) que privilegian la negociación del pago de rescates sobre la inteligencia para prevenir el delito y el desmantelamiento de las bandas. Quienes hemos sido víctimas indirectas de este delito queremos una cosa, nuestro ser con vida e intacto; de esta manera es natural que ante la solicitud de un rescate, las víctimas estemos dispuesta a pagarlo. Sin embargo el trabajo de las unidades, guiadas por el interés en preservar la vida e integridad de las víctimas, debe ser en prevenir que éste se cometa y en desarticular completamente a las bandas, persiguiendo los recursos ilícitos y llevando hasta la justicia a todos y cada uno de los participantes.

 

  1. Trabajo centrado en la reacción más que en la prevención. Pese a todo lo dicho, es fundamental entender que una unidad antisecuestro, una institución de justicia, sólo atienden los efectos de un problema: un tejido social deshilachado, la falta de un piso parejo en materia de oportunidades de desarrollo dentro de la ley. Si no queremos más delincuentes en el país, indudablemente debemos aplicar consistentemente los castigos con miras a disuadir la conducta delictiva, al tiempo que sociedad, empresarios, medios de comunicación y autoridades construyamos ciudades donde el respeto a los derechos del otro guía la conducta individual, procesos educativos accesibles para todos, de calidad que permitan la construcción de conocimientos, habilidades y aptitudes de respeto de la ley y que permitan el ingreso a un mundo del trabajo con salarios adecuados y prestaciones de ley. Sin educación, economía, salud, desarrollo social, cultura, innovación, seguiremos combatiendo a nuevas generaciones de delincuentes en vez de hacer crecer al país y su población.

 

  1. Combate incipiente a la corrupción. Difícilmente los procesos de justicia estarán centrados en las necesidades de la sociedad si quien procura o administra la justicia está en colusión con los delincuentes. Difícilmente los recursos públicos, derivados del pago de nuestros impuestos, serán usados con eficiencia, responsabilidad y honestidad si quien los administra carece de integridad profesional y personal. Difícilmente la calidad de la educación, el acceso a un mundo del trabajo donde las personas son tratadas con dignidad y sus derechos respetados y protegidos si las autoridades son omisas y corruptas y la sociedad es pasiva, tolerante o promueve y premia la corrupción.

 

Dicho de otra manera, es hora que erradiquemos el secuestro en México a través de la construcción de indicadores de análisis, de inteligencia, sustentada en información veraz, transparente y oportuna que rinda cuentas a la sociedad del actuar de las instituciones; que se fortalezca la aplicación y el respeto de la ley de manera consistente y sin distingos; que se privilegie la prevención sobre la reacción al delito; que se genere un sistema virtuoso donde la sociedad en su conjunto busque la igualdad de oportunidades de desarrollo dentro de la ley; que se promueva la integridad personal y la cultura de la legalidad como base de la actuación de todos los integrantes del colectivo social.

 

Es hora que existan sanciones a las autoridades que desviaron recursos destinados a las UECS, que existan sanciones observables y tangibles para gobernadores y procuradores que no asuman la responsabilidad de combatir el secuestro. A través de este espacio invito a toda la sociedad a que exijamos y construyamos las condiciones para que en nuestro país no exista una sola víctima de secuestro. Lograrlo es posible, requiere de voluntad, contrapesos y sacrificios que de no hacerlos, condenarán a generaciones a seguir sufriendo los estragos que deja este terrible delito.

 

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