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¿Qué es la seguridad nacional?

La seguridad nacional es una responsabilidad de las instituciones civiles y militares del Estado para que la nación pueda estar segura. | Jorge Lumbreras*

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Escrito en OPINIÓN el

Para esta pregunta se han elaborado múltiples respuestas durante los últimos cuarenta años en decenas de países del mundo con regímenes políticos distintos y con circunstancias geoestratégicas diferentes. En el caso mexicano existe una doctrina de seguridad nacional dentro de las instituciones castrenses, la cual comparten algunas instancias civiles. Habría de señalarse, en primer término, que la seguridad nacional, con independencia a cómo se le defina, es una responsabilidad civil en que participan todas las instituciones de un Estado, incluyendo las militares. 

En un texto central, escrito por el Gral. Gerardo C.R. Vega García, la seguridad nacional se define como una “condición de pensamiento y acción del Estado, por la cual una sociedad organizada, en el entorno del derecho, obtiene y preserva sus objetivos nacionales”, se puede o no estar de acuerdo con esta definición, sin embargo, lo cierto es que la seguridad nacional es, en cualquier caso, una condición para que una sociedad avance en sus aspiraciones y logre  sus objetivos, los cuales suelen estar contenidos en su pacto fundacional, esto es, en sus Constituciones. 

La seguridad nacional es una responsabilidad de las instituciones civiles y militares del Estado para que la nación pueda estar segura, y esta condición de seguridad requiere leyes, instituciones, programas, políticas y recursos para materializarla, esto es, para que sea una condición eficiente.

La condición de seguridad implica reconocer, localizar y precisar qué factores podrían poner en riesgo a la nación, es decir, afectar la seguridad de amplios sectores o de toda la ciudadanía, de ahí su dimensión nacional. Se trata de factores que diversos autores definen como antagonismos, los cuales por su magnitud, gravedad, nivel de riesgo, cercanía y temporalidad pueden impedir a una nación lograr sus objetivos e intereses colectivos. 

Estos antagonismos pueden poner en grave riesgo a toda una nación, por ello es necesario precisar de qué se habla y ponderar, que entre los objetivos nacionales más preciados por una nación constituida políticamente como Estado, están los que permiten su posibilidad de perseverar en la historia desde su singularidad y contigencia al seno de la comunidad de naciones; estos objetivos son preservar su integridad territorial, es decir, el espacio que ocupa, vive y posee la nación; su independencia para actuar con autonomía frente a otros Estados, y su soberanía para decidir cómo quiere vivir, con qué forma de gobierno y bajo qué leyes. 

Así las cosas, por lo general se comprende que la seguridad nacional se relaciona directamente con la independencia, soberanía e integridad del Estado mexicano, y por tanto en crear condiciones para que el suelo que pisamos siga siendo nuestro al igual que el mar territorial, para que podamos tomar decisiones y crear nuestras leyes; sin embargo, estos son sólo algunos de los objetivos nacionales que establece nuestra Constitución, aunque es comprensible su vinculación directa y estratégica con la seguridad nacional, toda vez que sin territorio, soberanía e independencia difícilmente podríamos decir que existe un Estado para la nación. 

En realidad, cualquier aspiración, interés u objetivo establecido en la Constitución puede convertirse en un asunto de seguridad nacional si se presentan uno o más antagonismos que pongan en riesgo su consecución. 

La seguridad nacional es entonces una condición básica para que puedan realizarse las aspiraciones y objetivos establecidos en nuestra Constitución y supone el trabajo, compromiso  y capacidades de la ciudadanía, así como de todas las instituciones del Estado mexicano para prever o en su caso enfrentar antagonismos que pongan en peligro a la nación, al orden jurídico, político e institucional que la ciudadanía ha determinado darse o en su caso la propia integridad, independencia y soberanía del Estado. 

*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

Académico de la FCPyS – UNAM