Opinión

¿Punto final para huachicoleros?

Este negocio no sería posible sin la corrupción institucionalizada, la otra historia es que no podría haber crecido tanto sin la impunidad que gozó. | María Fernanda Salazar

  • 11/01/2019
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Sobre diversos temas, hemos escuchado al presidente defender su propuesta de dejar los delitos del pasado en el olvido y empezar una nueva historia en el país. Sin importar su gravedad o impacto en la vida de las personas, ni su afectación económica a las finanzas públicas, el presidente López Obrador nos ha propuesto y pedido olvidar. A eso se refiere su “punto final”.

Es paradójico que alguien que tanto recurre a la historia para explicar los referentes de su proyecto político, pretenda que el país olvide su pasado y se resigne a perder su aspiración de justicia.

Sin embargo, el presidente enfrenta una encrucijada. Al emprender una lucha frontal contra el robo de combustible, cuya empresa podría haber generado - según cifras reveladas por él- entre 50 y 70 mil millones de pesos anuales (4 veces el Programa Universal de Becas para Bachillerato), el gobierno ha reconocido que se trata de un negocio de corrupción impulsado y permitido por funcionarios dentro de PEMEX, con múltiples complicidades.

Si bien es claro que este negocio no sería posible sin la corrupción institucionalizada, la otra historia es que no podría haber crecido exponencialmente sin la impunidad que gozó.

Hoy, muchas personas en México sufren las consecuencias del desabasto de gasolina que no solamente afecta su transporte sino el de bienes y la prestación de servicios que mantienen la dinámica económica. No obstante, muchas estarían dispuestas a soportar los efectos de la estrategia si se explicaran con claridad los plazos, las alternativas y, sobre todo, se garantiza que los responsables enfrentarán la justicia. No sería coherente ni efectivo como estrategia imponer ese costo a la sociedad sin hacer justicia.

De acuerdo con algunas cifras que han surgido estos días, de las 12,053 investigaciones iniciadas entre enero 2017 y septiembre 2018, solo 702 son por comprar, enajenar, recibir o adquirir hidrocarburos. La mayoría de las investigaciones se concentran en el resguardo, transporte, almacenaje, posesión u ocultamiento, y por sustracción. De acuerdo con algunos datos, solamente 6% de los detenidos por el primer tipo de delito fue sentenciado y 2% en el caso del segundo delito.

Hay antecedentes periodísticos de cambios de estrategia en el combate al robo de hidrocarburos que incluyeron la participación de la Marina, la SEDENA, el CISEN, la SIEDO, entre otras instituciones. El fracaso fue evidente. Probablemente no hubo voluntad, pero tampoco la estructura institucional- de ninguna dependencia- para vigilar permanentemente instalaciones como estas. El eslabón que falta en el discurso y la estrategia del gobierno es permitir la investigación de la red de alto nivel que hizo posible esto y que reciban castigo. Esta coyuntura es la oportunidad para retractarse del punto final.

Y si –esperamos- no permite el punto final en este delito, ¿por qué permitirlo en muchos otros que tanto dañaron al país que le dio su confianza?

@Fer_SalazarM | @OpinionLSR | @lasillarota