Opinión

Pueblos indígenas y acción de gobierno ante el covid-19

El desafío que representa la emergencia sanitaria se acentúa en el caso de los pueblos indígenas por diversos factores. | Areli Cano

  • 06/08/2020
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El mundo atestigua el desarrollo de una pandemia que trastoca todos los parámetros de vida en comunidad y coloca en tela de juicio las formas de relacionarnos. El covid-19 se ha convertido en una amenaza enorme para las sociedades del mundo, sometiendo a una gran presión a sus sistemas de salud, a la economía y a la educación. En este escenario, los grupos poblacionales más vulnerables se ven en un riesgo incrementado. Bajo este marco, este año, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tiene como eje temático “Covid-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas”.

Cabe recordar que esta efeméride fue instaurada por las Naciones Unidas desde 1994, mediante la resolución A/RES/49/214, que  estableció el 9 de agosto como recordatorio y reconocimiento de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, realizada en 1982.

Los pobladores originarios en México históricamente han estado relegados de los beneficios derivados de los distintos avances sociales, por ende, se encuentran en situación de vulnerabilidad de manera permanente. En este contexto, es pertinente reflexionar sobre la situación en que se encuentran en nuestro país, ante la embestida del SARS-Cov2.

El gobierno de México ha tenido el acierto de producir información sobre los efectos de la pandemia en la población originaria, que se publica en el “Panorama en población que se reconoce como indígena”, mecanismo mediante el cual es posible conocer datos tales como el número de casos confirmados y sospechosos, fallecimientos, comorbilidades, distribución etaria de los afectados y entidad de residencia, entre otros. Esto es importante ya que identificar datos específicos sobre el comportamiento de la pandemia en los pueblos indígenas, constituye un paso necesario para construir indicadores útiles para la acción de gobierno y para el diseño e implementación de políticas públicas que tengan por objeto el mejoramiento de la situación de ese sector poblacional.

Otro ejemplo positivo es la Guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicano ante el covid-19 emitida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, disponible en 61 lenguas originarias, y que incluye orientaciones acerca de cómo generar información de prevención, vigilancia y atención en relación con el coronavirus a partir de criterios de pertinencia cultural y lingüística. En el documento se enfatiza la necesidad de que la comunicación con las comunidades indígenas se realice considerando su contexto social y económico, incluso, se trazan medidas dirigidas a respetar las prácticas comunitarias de contención de la enfermedad, así como a reconocer la utilidad de la medicina tradicional en lo que ayude a mitigar los síntomas y malestares generados por el virus.

También el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha producido materiales en audio y video en lenguas originarias con la intención de crear conciencia sobre el peligro que implica el covid-19, las medidas necesarias para prevenirlo y los pasos a seguir en caso de enfermar. Esto tiene particular relevancia al considerar que se requiere contar con acceso a información oportuna sobre el virus y sus efectos, en mensajes culturalmente compatibles con la cosmovisión de los habitantes originarios.

El desafío que representa la emergencia sanitaria se acentúa en el caso de los pueblos indígenas por factores tales como su dispersión geográfica; su ubicación en zonas de difícil acceso; problemas preexistentes en materia de salud; carencias de infraestructura hidráulica en sus poblados, sin agua potable ni drenaje; incluso con carencias significativas en materia de nutrición.

La deuda que México tiene con los indígenas tiene que ser saldada, y una arista en este sentido es hacer efectivo el principio constitucional de igualdad y el derecho universal de protección a la salud y el de no discriminación. Para ello, se deben destinar los recursos humanos, materiales y económicos que sean requeridos con la finalidad de que médicos, enfermeras, clínicas y hospitales, sean accesibles a las poblaciones indígenas.

La situación actual debe motivar una profunda reflexión social acerca de la desigualdad y la injusticia. Los indígenas han enfrentado diversos obstáculos estructurales a lo largo de la historia, desde la colonia hasta la fecha, que condicionan su alta vulnerabilidad ante un escenario que suma los efectos de la pandemia a males añejos como los despojos, la contaminación de sus territorios y la marginación económica. Esto debe cambiar por el bien de la nación.

La ética social que resulte tras la emergencia sanitaria no puede tolerar el rezago de ningún grupo poblacional, por ningún motivo. La inclusión plena, la vigencia de los derechos de todas las personas y el avance hacia la equidad tienen que ser los parámetros regulares de la normalidad que se construirá en nuestro país, con el esfuerzo conjunto de todos los mexicanos.

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