El Plan de Austeridad anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador plantea una reducción del 50 por ciento de la publicidad oficial y la centralización de dicho gasto en una sola oficina (punto 20), por lo que las distintas direcciones de las llamadas oficinas de comunicación social de todas las dependencias de gobierno desaparecerán, de esta manera la relación del gobierno federal con los medios será a través de una ventanilla única.
Si bien esta medida puede verse como positiva al limitar el dispendioso gasto de recursos públicos en este rubro y acotar las opacas negociaciones entre los múltiples titulares de las oficinas de comunicación social, incluyendo a las agencias intermediarias que otorgaban recursos según sus criterios, también puede ser una medida peligrosa al dejar ese gasto en una sola oficina, facilitando una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios en la medida de que no tendrán que negociar más que con una sola ventanilla. Eso significa demasiado poder (político y económico) en una sola instancia que tendrá demasiada cercanía con el presidente sin que medie ningún tipo de contrapeso, delineando un modelo propio de gobiernos con democracias débiles y carentes de contrapesos al poder Ejecutivo en un tema tan delicado como lo es la libertad de expresión. La experiencia comparada de las mejores prácticas internacionales, basa sus modelos de comunicación oficial en un diseño institucional que garantiza una sana distancia entre las instancias que ejecutan los planes de comunicación social y el gobierno en turno a través de mecanismos concretos de independencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por ello el Colectivo Medios Libres ha planteado su preocupación respecto de estas medidas, pues no basta con la reducción de este gasto ingente (en lo personal creo que debería de reducirse mucho más), se requiere además de integrar medidas para evitar su uso discrecional y debe de estar sujeto a criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que van destinadas las campañas y asegurar que éstas no promoverán figuras políticas sino mensajes de utilidad pública. Bajo estos principios, la publicidad oficial debe dejar de ser un instrumento para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios en función del relato oficial en turno, para ello también se requiere que exista una instancia independiente y plural, blindada de las injerencias indebidas del poder económico y gubernamental.
Además de la integración de una política pública más democrática en este terreno, el nuevo gobierno de la mano del congreso federal debería de derogar la nefasta Ley Chayote por una nueva normativa que cumpla con los criterios de la sentencia de la Corte de Justicia y sea armónica con los estándares internacionales en la materia. Veremos si hay voluntad para ello, pues no hay que olvidar que parte de la transformación debe incluir también la transformación de la relación del poder mediático con el poder político.
¿Y el resto de la política de comunicación?
Al anunciar la reducción de las subsecretarías de Gobernación (entre ellas la de Normatividad y Medios), Olga Sánchez Cordero, anunciada como titular de la Secretaria de Gobernación, ha dicho que la subsecretaría de Gobierno que será encabezada por Zoé Robledo, será el encargado del área de Normatividad y Medios que hasta el momento integra a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) que regula la clasificación de los contenidos audiovisuales, la Dirección General de Normatividad de Comunicación y la Dirección General de Medios Impresos que regula la publicidad oficial y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).
El hoy senador y próximo subsecretario de Gobernación Zoé Robledo no se ha caracterizado precisamente por estar a favor de los derechos informativos y de las audiencias en su papel de legislador, en su momento se alineó a los intereses del gobierno de Peña Nieto y de los concesionarios de la radiodifusión para aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que traicionó en muchos de sus puntos a la reforma constitucional en la materia, y, posteriormente en la contrarreforma de 2018 cuando se derogaron los derechos de las audiencias fue de los pocos senadores de la oposición que no firmaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defenderlos, de hecho evadió contacto alguno con las organizaciones sociales que denunciaron el atropello a los derechos de las audiencias. Por eso entra la duda de si Robledo mantendrá el status de privilegio de los medios desde ese lugar o si cambiará algo para la protección de los derechos informativos de la población.
Pero más allá del personaje, lo cierto es que la supervisión y regulación de los contenidos de los medios debería de estar fuera de las manos de la Segob, en un gobierno democrático es inadmisible que el gobierno autorice o censure contenidos en los medios, por ello debería de cambiarse la Ley para que esta sea una atribución exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y de paso con ese cambio se debería de establecer un mandato claro para éste a fin de que no pueda evadir esa facultad como hasta ahora lo ha hecho para otros temas que si le marca la ley en este rubro.
En otros temas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el último recurso de Televisa contra la Declaración de Agente Económico Preponderante en radiodifusión que le impuso el IFT en 2014. El centro de la disputa es la metodología utilizada por el IFT para tal efecto, según la televisora en esa metodología no tomó en cuenta a los medios permisionados en su cuantificación y calificación para el proceso de Declaratoria.
Sería desafortunado que la Corte le diera la razón a la empresa, pues está claro que los permisionados (ahora concesiones públicas, sociales, comunitarias e indígenas) no tienen participación en el mercado comercial y tienen una naturaleza totalmente distinta a la de los concesionarios comerciales. Ojalá y no enfrentemos otra vez una sentencia tan mala como la que tuvo esa Corte con respecto al amparo que interpuso la misma televisora en contra de la Declaración de Poder Sustancial en el mercado de la televisión de paga, que echó por la borda la determinación del IFT y con ello se evitó aplicarle una regulación asimétrica para que no abusara de su posición dominante y de paso lastimó el necesario análisis prospectivo para la competencia en el país.