Aunque se aprobaron las leyes secundarias en materia político-electoral, no hubo ningún cambio al artículo 134 de la Constitución que establece que deben de existir leyes para sancionar a quienes violen la prohibición a funcionarios públicos que utilicen recursos públicos mediante la publicidad oficial para hacer propaganda que promuevan su imagen.
El artículo determina que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Esta prohibición en la carta magna se estableció desde la reforma electoral del 2007, sin que hasta el momento el congreso haya corregido esta omisión legislativa, como no existe ley reglamentaria al respecto, gobernadores hacen un derroche millonario de recursos para promover su imagen pasando violando flagrantemente la Constitución, escandalosos ejemplos nos han dado gobernadores como el de Chiapas, Puebla y otros más.
Organizaciones sociales que se ocupan de monitorear el gasto en publicidad oficial como Artículo 19 y Fundar, entre otras han documentado año con año los excesos de los diferentes gobiernos en la utilización injustificada de recursos públicos en publicidad oficial, que es más bien utilizada para castigar o premiar a los medios de comunicación para incidir en sus líneas editoriales.
En la perversa relación que se establece entre el poder político y los medios a través de la publicidad oficial, quien sale perdiendo es la ciudadanía, pero poco importa a los partidos políticos que se benefician de la falta de reglas en este rubro, de ahí su inacción para legislar en la materia, así como fue indignante la aprobación del famoso haber de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral, también lo es que una vez más los legisladores hayan excluido la reglamentación del artículo 134, omisión que cuenta con la connivencia de los medios que se ven beneficiados abundantemente por esa publicidad oficial.
Termina el mes de mayo sin que exista mucha claridad de cuándo se hará el periodo extraordinario en el Senado para la discusión y aprobación de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, nos dicen que probablemente en la primera quincena de junio.
La propuesta de ley del gobierno es tan mala que diversos sectores se han pronunciado en contra de su contenido como por las graves omisiones para cumplir con el texto constitucional. Por ello organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), junto con Freedom House emitieron recomendaciones a los senadores para que en la ley se incluyan los derechos de la infancia.
Aunque algunos derechos están en la propuesta gubernamental son a todas luces insuficientes para que los medios electrónicos respeten los derechos de este sector de la población que es uno de los más vulnerables y desprotegidos, entre las propuestas que emitieron están el fomento de producción audiovisual que respete sus derechos, así como la creación de instancias especializadas dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que la regulación responda al interés superior de la infancia, así como a promoción de la radio y televisión de calidad para los menores en los medios públicos.
La protección a la niñez y adolescencia es una recomendación de diversos organismos internacionales, incluso la Convención Americana de Derechos Humanos plantea la necesidad de salvaguardas especiales para este sector debido a la influencia que pueden tener los medios para su desarrollo.
Aún cuando han pasado varias semanas de la discusión en la ley Telecom en el Congreso, el tema sigue estando entre diferentes grupos de la sociedad que están en desacuerdo con la iniciativa presidencial, así que todavía faltan muchos capítulos en esta discusión.
@callejag
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