Durante el debate Presidencial del año 2012, Enrique Peña Nieto señaló a Andrés Manuel López Obrador afirmando:
Yo le diría Andrés Manuel, sí la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, porque en su gestión como jefe de gobierno, destinó más de 1000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública, que entonces usted, presentara para la comunicación social
Como respuesta, el ofendido replicó:
Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año 600 millones de pesos
La visibilidad de los funcionarios públicos es cínicamente costosa e inconstitucional. En los últimos 4 años, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado, según cifras de la Organización Fundar, y tan sólo en el orden Federal, más de 38 mil 247 millones de pesos, sobreejerciendo 49% en 2013, 35% en 2014, 80% en 2015, y 134% en 2016.
La Publicidad Oficial está regulada en el marco Constitucional desde el 13 de noviembre de 2007 al adicionarse el párrafo octavo del Artículo 134 que señala: “la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá tener carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social” y advierte “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. El Congreso no ha publicado la Ley secundaria que el Tercero transitorio obligaba a promulgar antes del 30 de abril de 2014 y ante el desagrado social, debemos observar el artículo Constitucional violado por los gobernadores, la Defensa Nacional, el Congreso, y los Presidentes Municipales de diferentes zonas del país. Los funcionarios públicos apuestan a visibilizar su imagen por medio de un mecanismo de rendición de cuentas y el derecho de la sociedad a ser informada.
Tras la elección, Peña Nieto escribió una columna titulada “El comienzo del cambio” en la que advirtió que una de sus iniciativas prioritarias sería la creación de un organismo regulador externo del gasto en publicidad oficial, sin embargo no ha existido esfuerzo alguno que visibilice la voluntad política de impulsar alguna acción que impida la falta de regulación que genera su indefinición.
Los partidos también se sumaron a esta indefinición. El compromiso 95 del pacto por México, supuso la promesa de regular la publicidad oficial y se presentaron diferentes iniciativas por parte del PRI, el PAN y el PRD, pero nunca se llevaron a comisiones, de hecho tampoco se discutieron.
Ante la omisión legislativa y el daño que causa la incertidumbre de la regulación en la Libertad de Expresión, la organización Artículo 19 interpuso un amparo en 2014 [1], para que el Poder Judicial reclame al Congreso la acción de no haber legislado sobre el octavo párrafo del artículo 134 Constitucional.
Sobre el daño a la libertad de expresión, es trascendental señalar que la Publicidad Oficial y sus montos multimillonarios, golpean a los medios a cambio de regular los contenidos informativos, por lo que se ha generado una censura sutil que define quién trabaja en los medios de comunicación, que información se publicará y a quién se promoverá, como si se tratará de campañas electorales.
Para muestra, en julio de 2017 seis columnistas (José Luis Ochoa, Enrique Cárdenas Sánchez, Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Jacqueline Peschard y Pedro Salazar) y tres organizaciones de la sociedad civil (Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C., Oxfam México y la Alianza por la Salud Alimentaria) renunciaron al espacio que les brindaba el periódico El Universal por considerar que la línea editorial estaba atacando los cimientos del Sistema Nacional Anticorrupción, una apuesta ciudadana para limitar los privilegios que generan la impunidad. El señalamiento de las y los importantes columnistas fue que el dinero gubernamental que recibe el medio, es la extensión política de las narrativas oficiales.
En octubre de 2017, María Amparo Casar, Ricardo Raphael y Leonardo Curzio, dejaron el proyecto: Enfoque Noticias, tras una solicitud expresa de “cortar las cabezas” de los primeros dos pues “había una afectación a la rentabilidad”.
Es un hecho, una imagen vale más que mil palabras, pero en el caso mexicano cada imagen vale millones de pesos y censura, limita e influye en nuestra percepción cotidiana. Este miércoles 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al congreso de la unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
Ricardo Luévano B. | Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19