Opinión

Protocolos de protección que no protegen

México no tiene la capacidad para albergar y proteger a miles de personas durante lo que podrían ser años de espera. | Alicia Fuentes

  • 17/09/2019
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Si bien antes y después de la reunión que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sostuvo con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se divulgaron los avances de México en contener el flujo de migrantes centroamericanos, hay una cosa que llama la atención en el comunicado de prensa de la Casa Blanca y que poco se ha comentado: "Los líderes (¿Ebrard y Pence? ¿Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador?) acordaron implementar los Protocolos de Protección a Migrantes en la mayor medida posible".

Conocido coloquialmente como "Permanecer en México", los Protocolos de Protección a Migrantes es el nombre de un programa del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que inició en enero de este año, con el cual básicamente el gobierno de Donald Trump traslada todo tipo de costos a México de proporcionar protección humanitaria a aquellos solicitantes de asilo en Estados Unidos; pues permite que las autoridades estadounidenses regresen a los migrantes indocumentados al lado mexicano de la frontera en donde tienen que esperar hasta que se resuelva su solicitud de asilo.

Pero más allá del impacto presupuestario y de imagen para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, existen dos grandes preocupaciones que afectan directamente a los migrantes que son obligados a permanecer en nuestro país: el efecto dominó que crea la saturación del sistema judicial y la inseguridad que viven en la frontera mexicana.

Si bien el número de cruces de indocumentados en la frontera con México se ha reducido en los últimos tres meses, de enero a la fecha se han acumulado más de 35 mil casos bajo el programa "Permanecer en México", que son atendidos sólo por una docena de jueces en los tribunales de San Diego y El Paso. La obvia saturación del sistema judicial de Estados Unidos hace lógico que la administración Trump quiera continuar obligando a las personas a permanecer en nuestro país, a sabiendas que los procedimientos tardan meses o años en programarse; de hecho, actualmente, las fechas de audiencia para quienes recién ingresan al sistema de asilo se otorgan por primera vez a finales de 2021, incluso en 2022 o 2023.

La única promesa que se tiene hoy en día por parte del gobierno de Donald Trump es que "posiblemente" a mediados de septiembre se abrirán dos tribunales temporales, uno en Laredo y otro en Brownsville, con los cuales se espera "escuchar", que no resolver, hasta 20 casos por día.

Para tener una idea del efecto dominó que vendrá hay que considerar que el Departamento de Justicia sólo cuenta con un total de 395 jueces de inmigración, de los cuales el DHS espera que cerca de 150 sean seleccionados para atender, por videoconferencias, los procedimientos de los solicitantes de asilo obligados a permanecer en México y que en teoría deberán priorizar sobre otros. En consecuencia, los jueces podrían verse forzados a retrasar audiencias de asilo de algunos migrantes que han esperado mucho tiempo y cuya lista de espera ronda en más de 850 mil casos actualmente.

Con el ritmo de atención esperado, aún con dos tribunales más en la frontera y con 150 jueces de inmigración atendiendo a distancia cada uno de los 35 mil casos de migrantes varados en México, resulta imposible pensar que los tribunales estadounidenses puedan ponerse al día.

Pero quizá entre lo más lamentable de obligar a los migrantes a presentar sus solicitudes de asilo desde México no es sólo la gran limitación para acceder a asesoría legal para llevar sus casos ante los tribunales de Estados Unidos, sino los riesgos que corren de esperar en la región fronteriza mexicana en la que los problemas son los mismos a aquellos que los obligaron a huir de sus países. A junio de 2019, Estados Unidos había devuelto a Ciudad Juárez a más de 15 mil personas, incluidos cerca de 5 mil niños, poco después Human Rights Watch informó de al menos 29 casos de delitos contra solicitantes de asilo obligados a permanecer en esa ciudad fronteriza, incluidos secuestros, ataques violentos y agresiones sexuales. Por otra parte, un informe de Human Rights First, presentado en agosto de 2019, denuncia más de 100 casos de violaciones, secuestros, explotación sexual, agresión y otros delitos violentos contra solicitantes de asilo que fueron regresados a Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Los Protocolos de Protección a Migrantes no representan una solución al problema de la migración y su objetivo no es proteger a los migrantes. Desgraciadamente, aunque en México se diga lo contrario, el país no tiene la capacidad para albergar y proteger a miles de personas durante lo que podrían ser años de espera.

Si bien México deberá seguir resistiendo los embates de la administración Trump, a la larga la gran cantidad de solicitudes de asilo abrumará a la administración de López Obrador, la cual deberá trabajar en una estrategia que le permita hacer frente a este escenario.