Derechos políticos de las mujeres
El pasado jueves se presentó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que constituye la actualización del Protocolo elaborado por estas mismas instituciones en 2016.
La presentación de este Protocolo tiene como principal premisa la garantía y defensa de los derechos políticos de las mujeres y reconoce la importancia de dar a las mujeres herramientas para que puedan defender sus derechos.
¿Violencia política?
El Derecho Electoral no conceptualiza la violencia ni reconoce a las mujeres como víctimas, por lo que edición 2017 del Protocolo se centra en las víctimas, comprometiendo a diversas autoridades (no sólo a las electorales) a actuar para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género, en cumplimiento de nuestra Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por México y la ley.
La actualización de este protocolo se basa en tres referentes centrales en esta materia. En primer lugar, el Ley Modelo Interamericana de Violencia Política contra las Mujeres de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos; en segundo, la Recomendación General 35 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas; y finalmente la jurisprudencia 48/2026, emitida el 2 de noviembre del año pasado, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mientras en la Cámara de Diputados sigue atorado el Dictamen aprobado por el Senado de la República sobre violencia política en contra de las mujeres que, aún si tipificar la violencia política, constituye un innegable avance para establecer obligaciones, responsabilidades y sanciones, las autoridades que elaboraron este protocolo dan un paso adelante y se comprometen tanto en su labor institucional como en los casos que sean sometidos a su conocimiento a analizar y, en su caso, tomar las medidas necesarias para hacer que cesen los actos de violencia política contra las mujeres, para restituirlas en los derechos violentados, sancionar a los responsables y reparar el daño.
Denunciar violencia política
La violencia contra las mujeres se nutre en la obscuridad y en la carencia de medidas legales y administrativas para garantizar y defender los derechos de las mujeres. Denunciar la violencia política es de vital importancia para que el Estado, los partidos y las personas que habitamos este país tomemos conciencia de la magnitud del problema, así como de los riesgos que corren las mujeres en México simplemente por ejercer sus derechos. Denunciar es importante para conocer las formas más comunes de violencia política, pero también las nuevas conductas con las que se violentan los derechos político electorales de las mujeres con la finalidad de que las autoridades tomen las acciones necesarias para erradicarlas y sancionarlas. Este protocolo da certeza a las mujeres para conocer las formas en que pueden y deben denunciar la violencia política. Todos los casos de violencia política en razón de género deben ser denunciados.
El complejo contexto político de las elecciones de 2018 derivado de la concurrencia de elecciones en treinta entidades federativas más la elección federal y el derecho de reelección, plantea un escenario de mayor dificultad para el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. En este entorno, la importancia del Protocolo consiste en aportar una guía de actuación con herramientas prácticas a las mujeres, grupos de mujeres y organizaciones, para defender exitosamente los derechos políticos de más de la mitad de la población en México. Erradicar la violencia política es el reto y lograr la igualdad sustantiva es la meta.
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