El 6 de junio de 2021, las y los ciudadanos mexicanos ejerceremos nuestro derecho a votar y, en su caso, a ser votados para un puesto público.
Durante estos comicios, según el Instituto Nacional Electoral (INE), al 5 de abril de 2021, se prevé la participación de 94 millones 840 mil 430 personas inscritas en el padrón electoral, de las cuales el 51.72% (49 millones 049 mil 795) son mujeres y el 48.28% (48 millones 661 mil 819) son hombres.
Elegiremos a quienes ocuparán 20 mil 415 posiciones, entre estas: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, mil 923 ayuntamientos y 431 cargos auxiliares.
Además, intervendrán un millón 460 mil 214 personas funcionarias de casillas y 48 mil 082 supervisoras y capacitadoras electorales. A la fecha, ya se tiene aprobadas 2 mil 674 solicitudes de observadores electorales.
Estas cifras dan un panorama de la enorme cantidad de datos personales que serán tratados en estas elecciones para la conformación de los registros de electores, en la credencial para votar, para la afiliación a un partido político, en el registro de candidaturas y durante las campañas.
Con la proliferación del uso de las tecnologías digitales se presentan nuevas oportunidades de interacción entre los actores políticos con los votantes, y en la circulación de información personal, lo que también plantea importantes retos.
Para la próxima jornada electoral, de los 33 mil 698 mexicanas y mexicanos que viven en 92 países y solicitaron su registro al INE para emitir su voto, el 67% (22 mil 565) eligió el medio electrónico y el 33% (11 mil 133) la vía postal.
Si bien las tecnologías facilitan el ejercicio de este derecho, también es cierto que han incrementado los riesgos en el uso indebido de información personal con fines políticos, a través de acciones de vigilancia masiva, recolección de datos en campañas para individualizar la propaganda e influir en la decisión ciudadana, como sucedió en el caso de Cambridge Analytica.
Estas conductas representan una violación a la privacidad, más porque se trata de datos sensibles al referirse a nuestra ideología y opiniones políticas, lo que impacta en la práctica libre e informada de nuestro derecho al voto.
Por ello, durante la contienda electoral, los responsables del tratamiento de datos personales deben cumplir con los principios y deberes establecidos en la normatividad de la materia.
Nos corresponde vigilar su cuidado a las autoridades electorales y a los órganos garantes que tenemos a cargo su salvaguarda; pues la confianza de las personas en sus instituciones contribuirá a afianzar la legitimidad de los procesos que tanto necesitamos.
Octavio Paz refería que “una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”. Proteger nuestra privacidad, nos permite elegir con libertad y participar en igualdad de condiciones, sin discriminación.