Opinión

Prosoc y PGJCDMX lentas y omisas

Hecho ilícito entre particulares exhibe lentitud y omisión de autoridades. | Adolfo Gómez Vives

  • 08/04/2019
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Emmanuel Gallardo Cabiedes no sabía que su vecina era la juez cívica Bárbara Samperio Hernández, cuando decidió acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) a quejarse porque la pareja de ésta, Héctor Martínez Avilés le informó que rompería el tubo del drenaje, en razón de que quería hacer modificaciones a su baño, las que causarían la suspensión del servicio en la propiedad del señor Gallardo.

Emmanuel Gallardo Cabiedes pensó al principio, que el hecho de haber sido informado sobre la afectación que resultaría en su departamento, podría interpretarse como un acto de buena fe. Pero su opinión cambió inmediatamente cuando Héctor Martínez Avilés le dijo que rompería la tubería del drenaje, porque “le urgía” hacerle reparaciones a su sanitario.

“¿Quieres ver que sí lo hago?” Fue la primera señal de amenaza. Este sujeto trató de intimidarlo diciéndole que era “abogado” y “policía”. De hecho, es policía segundo. La única cédula profesional que registra la Dirección General de Profesiones es la de un ingeniero en tecnologías de la información, que bien puede tratarse de un homónimo.

Desde hace más de un mes, Emmanuel Gallardo Cabiedes no tiene servicio de drenaje en su sanitario, en el departamento que renta en el edificio ubicado en Manuel González 302, colonia Tlatelolco, en la Ciudad de México.

En la Prosoc, Marcela Navarrete Nieto escuchó de su caso y le respondió que no podía hacer nada porque “tengo mucho trabajo”, a pesar de que se le demostró a la servidora pública que la acción del policía segundo Martínez Avilés contraviene al menos cinco artículos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal vigente, entre los que destacan la fracción III del artículo 21, relativo a las prohibiciones a condóminos, como son: “efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales”.

Ante la inacción de la Prosoc, el señor Gallardo Cabiedes acudió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy Ramos, a denunciar por la comisión del delito de daño a la propiedad, de conformidad con los artículos 239 al 241 del Código Penal para el Distrito Federal vigente.

Se abrió la carpeta de investigación CF-FCH/CUH-1/UI-2 S/D/00343/02-2019. Sin embargo, el Ministerio Público no ha logrado recabar los testimonios de otras personas involucradas, como es el caso del plomero que intervino en la obra y, por el contrario, ha presionado al señor Gallardo, para que ya no denuncie a más personas.

Desde el 14 de marzo, Gallardo Cabiedes denunció a la juez Bárbara Samperio Hernández y ratificó su denuncia a los pocos días. Para el jueves de la semana pasada, en la carpeta de investigación aún no aparecía la imputación que se le hace a ella ni al plomero Oscar “N”, ni a la administradora del edificio, “Bernardette “N”, quien dijo que su arquitecto le daba permiso para romper la tubería de uso común.

Por esta razón, el señor Gallardo Cabiedes formuló una queja ante la Visitaduría de Agencias del Ministerio Público “por la inacción de los funcionarios de la Agencia Investigadora del MP CUH-1, licenciado Soubirous Bernardito Solís Salmerón y la Agente del Ministerio Público Lic. María del Rosario Cerezo López”, ante quienes desde el pasado 14 de marzo 2019, solicitó ampliar su declaración para denunciar formalmente a Bárbara Samperio Hernández, juez cívico especial adscrita a la delegación Miguel Hidalgo “y quien es mi vecina, por el delito de daño a la propiedad provocado por la cancelación deliberada y con dolo de la tubería de uso común y dejar inhabilitado el baño de mi departamento”.

La inacción de la autoridad ministerial ha contribuido a postergar la reparación del daño que desde el 27 de febrero ha sido debidamente dictaminado por el perito de la PGJCDMX Alejandro Silva Tapia.

La inacción de las autoridades de la Ciudad de México en este caso, tanto en el ámbito social como en el ministerial, exhiben su modus operandi. Hace explícita la lentitud por la que cualquier ciudadano tiene que pasar cuando decide hacer valer sus derechos.

¿Imaginan los amables lectores el tránsito que deben sortear las personas cuando deciden denunciar delitos como el acoso sexual? Las malas prácticas en la impartición de justicia, heredadas de administraciones anteriores, deben ser combatidas con el fortalecimiento de las instituciones, en las que las demandas y denuncias sean atendidas con la prontitud que se requiere en cada caso.

El comportamiento de la servidora pública Marcela Navarrete Nieto debe encender las alertas en la Procuraduría Social de la Ciudad de México respecto de la atención que brindan a los gobernados. No se espera menos de la Visitaduría de Agencias del Ministerio Público.

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@gomezvives  | @OpinionLSR | @lasillarota

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