Prometer no empobrece, pero… ¿y si la promesa es pobre?

"Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.

Francisco de Quevedo y Villegas

El 22 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial, en el que se abordó uno de los temas que más nos importan a los mexicanos: la seguridad física y patrimonial.

La desconfianza ciudadana, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han aumentado en México por diferentes razones: la falta de una visión sistémica e integral de seguridad y justicia que abarque desde la prevención del delito, hasta la reinserción del sentenciado. La falta de mecanismos eficientes de conexión e interrelación entre instituciones. El uso irracional del derecho penal como bastión para terminar con el fenómeno, así como la inadecuada e ineficaz implementación de políticas públicas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (Envipe), en la actualidad 9 de cada 10 delitos que se cometen en México no son denunciados. La percepción ciudadana de inseguridad alcanza al 74% de la población y el costo de la inseguridad y el delito en hogares representó 229 mil millones de pesos. Ocupamos el lugar 105 de 113 países en justicia penal y tenemos el peor índice de impunidad de Latinoamérica, incluso por encima de Nicaragua, Honduras o El Salvador. Además, el 43% de la población recluida espera por sentencia más de dos años.

A pesar de esta situación, los candidatos a la Presidencia de la República no han enviado un mensaje contundente sobre cómo atenderán estos desafíos en materia de seguridad, procuración y administración de justicia.

Algunas de las propuestas que organizaciones de la sociedad civil han discutido para resolver los retos en seguridad son[i]:

Seguridad y procuración de justicia:

· Impulsar la reforma al Artículo 102 constitucional para contar con un organismo investigador de delitos autónomo y ajeno a intereses partidistas o politicos.

· Reformar el Artículo 123 apartado B, fracción XIII constitucional, para que los policías, peritos y ministerios públicos cuenten con las garantías necesarias de reingreso en su función si fueron injustamente separados del cargo. 

· Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán fortalecer sus esquemas de rendición de cuentas y transparencia, con el objetivo de que la ciudadanía se vuelva observador y evaluador.

· Contar con un Servicio Civil de Carrera integral y funcional que contribuya al desarrollo personal y profesional.

· Fortalecer las capacidades teóricas y técnicas de estas instituciones para disminuir los errores o actos negligentes en pongan en riesgo  la ejecución del trabajo.

· Implementar consejos o auditorias ciudadanos que puedan vigilar y medir la calidad en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y procuración de justicia.

· Mejorar los mecanismos de conexión interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno que ayuden en la búsqueda, investigación y combate a la delincuencia.

· Continuar impulsando la disminución en la operación de las fuerzas armadas, la reintegración a sus cuarteles con sustanciales políticas de mejoramiento en el sistema de seguridad pública estatal y municipal.

· Usar la inteligencia policial para prevenir y combatir el fenómeno delincuencial.

· Contar con una política criminal con ejes de entendimiento sobre los factores de origen, riesgo y solución de la criminalidad.

· Entrelazar el vínculo entre ciudadanos y autoridades que ayude a entender las causas del fenómeno criminógeno de una forma regionalizada o focalizada (prevención del delito-proximidad social).

Procuración y administración de justicia:

· Reforzar y medir el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, y las formas de terminación anticipada al proceso.

· Contar con un sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social eficaz, eficiente y medible.

A pesar de contar con evidencia documentada[ii] que explican muchas de las razones por las que no se han podido avanzar en materia en seguridad y procuración de justicia, las propuestas de los candidatos presidenciales en este primer debate se limitaron a lo siguiente:

Jaime Rodríguez Calderon

Implementar a nivel nacional el COMPSTAT herramienta de análisis de información y perspectiva de políticas públicas encaminadas a mejorar la prevención y seguridad.

Contar con una Policía Cibernética.

Militarizar la educación media superior.

Margarita Zavala Gómez del Campo 

Crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fortalecer a la Policía.

Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.

Permitir la intervención de los tres órdenes de Gobierno en lugares en conflicto, como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Combatir el feminicidio y la trata de personas.

Reparar el daño a las víctimas.

Eliminar la violencia a los menores.

Manejar valores familiares.

Ricardo Anaya Cortés

Duplicar el número de agentes federales.

Implementar la certificación policial.

La continua acción de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

Desmantelar al crimen organizado en su totalidad.

A favor de la reforma al Artículo 102 Constitucional con respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.

Prevención del delito y su disuasión.

Atender las causas de la inseguridad y del delito.

Andrés Manuel López Obrador

Mejorar las condiciones económicas del país.

Atender las causas de la inseguridad y del delito.

Elaborar un plan para definir la Amnistía.

Generar empleo a los jovenes.

José Antonio Meade Kuribreña

Plan de 100 días para disminuir la impunidad.

Prevención del delito y su disuasión.

Controlar el tráfico de armas.

Establecer un Código Penal Único.

Cuadruplicar la capacidad de investigación.

Instaurar agencias de investigación especializada en robos y homicidios.

La no despenalización de las drogas en su totalidad.

Fortalecer a la Policía.

Aunque algunas propuestas coinciden de manera genérica con las ya discutidas y necesarias desde hace tiempo, todavía son pobres, austeras, poco sensibles, añejas y viciadas. Además de adolecer de la famosa pregunta: ¿Cómo las materializamos? Por lo tanto, observamos que la maquinaria gubernamental que se renovará por seis años continúa demostrado que el aceite a utilizar será el mismo. Eso condena nuevamente al fracaso un problema de seguridad, procuración y administración de justicia que sufre todavía de adecuados diagnósticos, componentes viables, objetivos y un sustento claro.

Reforma laboral y los diálogos por la procrastinación

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