La firma ante notario del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocurrida el pasado 25 de julio, es solo otro acto simbólico más, como tantos de este gobierno, sin ningún fondo, ninguna trascendencia y ninguna consecuencia. Un acto simbólico basado en un pequeño olvido: la existencia de la Constitución Mexicana, la máxima ley en el país que prohíbe la reelección (capítulo III, artículo 83). La firma es irrelevante, porque ante lo que estamos, y de ello el caso de Baja California es muestra fehaciente, no es el riesgo de una reelección, que implicaría al menos la competencia política, la lucha electoral y daría al ciudadano la posibilidad de ejercer su derecho de elegir y decidir con su voto. Lo que implica la prolongación de mandato del ejecutivo es la violación de la democracia representativa, falsamente vestida de legalidad, por aprobación del legislativo: el contubernio perfecto. Falta ver el papel que jugará en esta coyuntura el poder judicial y, esperemos, que ahí se frene y revierta la decisión.
Frente al caso de Baja California poco ha dicho López Obrador; tampoco lo ha hecho con respecto a él mismo y su cargo presidencial, esto es, no ha manifestado nada en cuanto a la posibilidad de reformar la ley para prolongar su periodo de gobierno, y ahí es donde se esconde el verdadero peligro. Así que, claro, es sencillo firmar y afirmar que no se reelegirá, porque el riesgo es que un legislativo hecho a la medida, con mayoría de su partido y la “alianza” con sus opositores, tan detractados pero tan necesarios para las corruptelas y el fraude, como lo mostró BC, le permitirían quedarse ocupando la primera magistratura indefinidamente. No es contradictorio si admira a Benito Juárez, no olvidemos que él también se quedó once años al frente del gobierno y si no continuó fue debido a su fallecimiento; aunque él se reeligió mediante elecciones, salvo en casos de excepción.
Y aún firmando ante notario que no buscará ni aceptará la prolongación de su mandato, ¿podríamos creerle? El problema de la 4T es que, de una forma que no se atrevió a hacerlo ninguno de los cuatro últimos presidentes (Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto), pasa por encima de la ley fabricándola o adecuándola según sus intereses, como en el caso de la Ley Taibo, por ejemplo (y aunque en principio estoy de acuerdo con la reforma de una disposición legal que era excluyente y discriminatoria con aquellos mexicanos que tienen doble nacionalidad, con lo que no estoy de acuerdo es con el motivo que impulsó la “transformación” legal). Destruye instituciones serias y respetadas, con el Coneval es clarísimo, pero ahí están también los intentos contra el Conacyt, y qué decir del propio INE, por señalar unas pocas. Cancela un proyecto que no le gusta y promueve el de su preferencia (me refiero al aeropuerto, obviamente). Mantiene alianzas cuestionables con una parte del sector empresarial y protege a “distinguidos” empresarios; basta mencionar a Ricardo Salinas Pliego, supongo
Me permito aquí una digresión, y agrego algo: si hay un empresario que explote y se beneficie de la pobreza del pueblo, ese es sin duda Salinas Pliego con su Banco Azteca, sus tiendas Elektra y Coppel, y sus empresas de comunicación Azteca, por apuntar los negocios más conocidos. Y si reprobamos y condenamos la alianza de Vicente Fox con Televisa, ¿por qué callar frente a la de López Obrador con TV Azteca? Salinas Pliego es un empresario que impone pésimas condiciones salariales y laborales a los trabajadores; lo digo claramente: es uno de los principales cánceres de ese pueblo sufrido que la 4T tanto dice defender; y es asesor del presidente. Pero es cierto, ya lo dijo muy claro Yeidckol Polevnsky, en su carácter de secretaria general de Morena, y por cierto, también proveniente del sector empresarial: “cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive, entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó”. El subtexto parece bastante claro: mantengamos pobres a los pobres, nosotros (“ellos”, no usted y yo) que no somos pobres, evidentemente.
Pero vuelvo al tema. Baja California es hoy el foco rojo frente al que toda la sociedad mexicana, no sólo los bajacalifornianos, sino todos, debemos pronunciarnos, protestar y oponernos. De entrada, porque es inconstitucional (Constitución Mexicana, Título Quinto, artículo 116 y Constitución Política de Baja California, Capítulo II, artículo 5º), y ello sería suficiente, pero, sobre todo, porque sentaría un precedente gravísimo y lo siguiente que veríamos serían legislaturas locales extendiendo mandatos por todo el país. Y sí, claro, lo creo, en alrededor de cinco años, porque habría que hacerlo antes de que terminara el periodo constitucional, veríamos la prolongación del mandato presidencial. Que quede claro, no estoy “prediciendo” el futuro, estoy leyendo los signos del presente que dan indicios de hacia donde se pretende conducir la política en este país.
Hablemos en términos históricos ya que tanto gusta la historia en la actual administración. Claro, lo que gusta es la historia de bronce, la historia patria, esto es, una historia de héroes y villanos y de fabricación de mitos fundacionales, que la disciplina de la historia dejó hace bastante tiempo atrás optando por una historia que busca comprender y explicar, situados en el tiempo y el espacio, procesos políticos, sociales, culturales, económicos..., y a los actores que participaron en ellos, procurando entenderlos, a los procesos y a los actores, en toda su complejidad (recomiendo aquí un texto de Carlos Illades, “La historia maestra de la vida”). Me permito aquí otra digresión, esta última es la historia que se investiga y se enseña en las universidades y otras instituciones académicas, como el Instituto Mora, El Colegio de México, la UNAM, la UAM y las universidades de varios Estados, desde la UAZ hasta la UAC y tantas más, esas instituciones a las que se les ha recortado presupuesto porque el gobierno no entiende bien cuál es su “utilidad”.
En términos históricos, entonces, hay que decir que Porfirio Díaz, ese “enemigo” de la 4T que hoy parece muy cercano a su línea política, intentó una prórroga del mandato presidencial, pero hasta él claudicó en ese propósito, me refiero al año de 1887, cuando el 17 de marzo se presentó un proyecto en ese sentido en la Cámara, pero no prosperó. Se optó entonces por promover de nuevo la reelección por un periodo consecutivo, la cual fue decretada el 21 de octubre de 1887: “Artículo 78. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre, y durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecto para el período constitucional inmediato; pero quedará inhábil en seguida, para ocupar la presidencia por nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido cuatro años, contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones”.
Pero el problema no estaba resuelto de fondo. Esa reforma solucionaba la cuestión en lo inmediato pero no en el largo plazo, y no tardarían en aflorar de nuevo las pretensiones continuistas. Unos años más tarde de nuevo hubo necesidad de reformar el artículo, el 14 de octubre de 1889 se propuso: “El presidente entrará a ejercer su cargo el 1° de diciembre y durará en él, cuatro años”. La reforma consistía en realidad en regresar a la redacción original del artículo, la de la Constitución de 1857, facultando así, de nueva cuenta, la reelección indefinida. Finalmente, el 23 de abril de 1890, tras la aprobación de las legislaturas estatales, la reforma fue decretada. Cabe observar que si bien la mayoría de las legislaturas procedieron a avalar la propuesta de reforma, no faltaron algunas desavenencias y la manifestación en las regiones de un mínimo de oposición al proyecto.
Pero volvamos al presente. El pasado 8 de julio el Congreso de BC amplió el periodo de gobierno, del recién electo Gobernador, extendiéndolo de 2 a 5 años (con 21 votos a favor y uno nulo), para favorecer a Jaime Bonilla, morenista, quien entrará a ejercer el cargo a partir del 1 de noviembre del año en curso. El 23 de julio, con sólo 15 diputados presentes, se validó la reforma. Reforma “inconstitucional” como la misma Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, expresó claramente. Reforma que atenta contra la inteligencia, como el líder moral de la izquierda Cuahutémoc Cárdenas señalara, al tiempo que se pronunció en contra diciendo que se había vulnerado el orden republicano y democrático y que tal acto era ilegal e ilegítimo. Y Porfirio Muñoz Ledo, una de las pocas, escasas, voces críticas dentro del morenismo, y actual presidente de la Cámara de Diputados se pronunció a favor de la desaparición de poderes en BC. En el caso de BC algunos dan la batalla contra la Ley Bonilla, como son los casos de las alcaldías de Mexicali y Tijuana, pero la mayoría de los municipios, los otros tres (Rosarito, Tecate y Ensenada), la avaló. El Congreso nacional ha tenido también una digna actuación.
Pretenden ahora los políticos bajacalifornianos ligados al morenismo convertir la prolongación de mandato en un asunto de defensa de la soberanía estatal y respeto al federalismo. No hay que dejarse confundir. La decisión del poder legislativo de BC violenta las Constituciones, la estatal y la nacional; entraña la asunción de funciones que no les corresponde a los diputados; implica la usurpación de funciones al apropiarse de un derecho y una decisión que sólo corresponde a los bajacalifornianos ejercer mediante votaciones libres, secretas y directas. No nos dejemos confundir, es necesario, es obligado leer los signos para no tener que decir después “es que no sabíamos”.
*Fausta Gantú s
Investigadora del Instituto Mora (CONACYT) y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes. Es autora de una importante obra publicada en México y el extranjero, entre las que destaca su libro Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888. Ha coordinado varios libros sobre las elecciones en el México del siglo XIX.