Desde el primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden comenzó a desbaratar el legado de Donald Trump en materia migratoria. Se dio a la tarea de detener la construcción del muro fronterizo y la aplicación de una orden que data de 1996 (Título 42) que Trump retomó para prohibir la entrada a territorio estadounidense sin autorización a niños migrantes no acompañados. Biden también suspendió ciertos lineamientos de la ley de inmigración bajo el Titulo 42, entre ellos, la política conocida coloquialmente como “Permanecer en México” que abarcaba a todo extranjero indocumentado que pretende ingresar a Estados Unidos por la vía terrestre, y ser expulsado inmediatamente al país por el cual ingresó, y que cabe decir es en su mayoría por la frontera con Mexico, de ahí su nombre, en donde debe esperar la conclusión de su solicitud de asilo.
No obstante, las medidas migratorias adoptadas por Biden trajeron consigo un aumento abismal de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, y que bajo la mano dura de Trump se había controlado. Como dato, desde mayo de 2019 cuando comenzó la aplicación de la política “Permanecer en México”, la Patrulla Fronteriza registró 144,166 detenciones de cruces ilegales, mientras que en mayo de 2020 se contabilizaron 23,237 cruces ilegales y a mayo de 2021 la cifra incrementó a 180,569.
Ante estos números, y como era de esperar, el descontento entre algunos estadounidenses no tardó en manifestarse. En abril, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, y el Procurador General de Missouri, Eric Schmitt, presentaron una demanda en contra de la administración de Joe Biden para restablecer el programa “Permanecer en México” y así frenar el repentino incremento de cruces ilegales por la frontera con nuestro país.
Aunque la suspensión de los Protocolos de Protección al Migrante, nombre oficial del mencionado programa, fue anunciada desde el día uno de la administración Biden y confirmada con una Orden Ejecutiva de febrero, fue hasta junio que el Departamento de Seguridad Interior ordenó el fin de la política de “Permanecer en México” oficialmente, pero el Tribunal de Distrito de Texas ordenó restaurarlo. Así, el 20 de agosto, el gobierno de la mancuerna Joe Biden-Kamala Harris recurrió a la Corte Suprema y al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, solicitando la suspensión de la orden del Tribunal de Texas, sin embargo ambos denegaron la solicitud el pasado martes el 24 agosto con la orden expresa de restablecerlo.
Al dictar la orden, el juez del Tribunal de Distrito Matthew Kacsmaryk (por cierto designado por Donald Trump) señaló que la administración de Biden sabía que el propio Departamento de Seguridad Interior había calificado de eficaz al programa de “Permanecer en México” para contener la migración indocumentada, y que se habían hecho las advertencias sobre el posible aumento de los cruces ilegales en caso de derogar el programa. De ahí que la Corte Suprema calificara de “arbitraria y caprichosa” la forma de actuar del gobierno de Biden.
Pero ¿será cierto que es caprichosa la forma de actuar de Biden en materia migratoria? O ¿será que es una respuesta humanitaria a la crisis que los solicitantes de asilo viven en la frontera del lado mexicano?
Quizá el lector juzgue y responda estas preguntas si considera que, de acuerdo con un estudio de Human Rights First, Estados Unidos ha puesto a los migrantes en "grave peligro" al expulsarlos del país y exponerlos a las organizaciones criminales que operan en México. Incluso, desde que Joe Biden asumió el cargo en enero, Human Rights First ha identificado al menos 6,356 informes públicos y de medios de comunicación de ataques violentos, incluidas violaciones, secuestros y agresiones, contra personas a las que se les impidió solicitar asilo y que fueron devueltas a México.
Es posible que por esta razón hasta hace unos días se diera a conocer que el gobierno estadounidense ha insistido al mexicano que despeje los campamentos Ad Hoc que se han habilitado para los miles de migrantes varados en nuestro país. Para tener una idea, sólo los albergues ubicados en Reynosa y Tijuana, los más grandes, cada uno alberga a cerca de 2,500 migrantes. No es dificil imaginar que esta cantidad de personas hacinadas dificulta la limpieza y saneamiento, al tiempo que complica evitar que las organizaciones criminales recluten migrantes desesperados que, además, representan un negocio rentable ya que los “polleros” llegan a cobrar hasta 5,000 dólares por persona que “ayudan” a cruzar hacia Estados Unidos, y ni hablar de la trata de personas.
Si bien poner fin a las políticas de expulsión de migrantes bajo el Título 42 por el momento se ve imposible con la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender la política de permanencia en México, sí se está presenciando el inicio de una de las batallas migratorias de Joe Biden ante los tribunales. Lo que se esperaría en el inter es la aceleración de todos los procesos de solicitudes de asilo para las personas que buscan protección en Estados Unidos y la voluntad del gobierno de México para cumplir con su obligación de cooperar en una crisis compartida.