Nos encontramos a unos cuantos días de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral 2020-2021. El próximo 6 de junio las y los ciudadanos de los 32 estados del país tendrán que elegir representantes para 500 diputados federales; 300 de los cuales son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
Las campañas están en curso y las mismas se han visto envueltas en diversas convergencias y disidencias que nos muestran que la forma de hacer política se ha transformado de un modo que no era imaginable en los años setenta. Sin duda, mucho tiempo y muy profundas transformaciones sociales, políticas, culturales y tecnológicas, nos separan de ese pasado.
Hoy, el sistema electoral emana de la propia constitución y de las aludidas transformaciones institucionalizadas, y que no solo se encuentra formalmente consignado, sino que opera de un modo transversal y, quizá, más activo que nunca.
El mandato constitucional en materia de derechos humanos es el principio rector originario de toda democracia en el marco de su desarrollo y consolidación, por lo que, durante este proceso electoral, vale la pena que las y los ciudadanos tengan en cuenta lo anterior en relación con el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. La razón es muy sencilla y por demás lógica: en la formación de la representación política, la ciudadanía debe llevar mano.
Es decir, son los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia los que proactivamente deben darnos a nosotros como ciudadanos, todo tipo de información respecto de su plataforma electoral, sus programas y, muy especialmente, acerca de sus candidatas y candidatos para poder valorar, con elementos ciertos y claros, su eventual idoneidad como representantes.
Nosotras y nosotros, por nuestro lado, no tenemos obligación de proporcionarles en forma alguna, nuestros datos personales porque son ellas y ellos, junto con los partidos políticos que les postulan, los que tienen la carga debida de convencernos a partir de propuestas serias y viables, de forma transparente y tener a la sociedad informada.
Este último aspecto es de la mayor relevancia en un mundo digital como en el que vivimos y en el que sabemos que todo tipo de entidades, públicas y privadas, buscan beneficiarse de nuestros datos personales a través de análisis con tecnologías de macrodatos que, al derivar en acción, afectan la igualdad y las relaciones de poder económico, ideológico y político al interior de una sociedad.
Cuidar nuestros datos personales es nuestra responsabilidad y exigir información para participar, también. Nuestra intimidad, privacidad y libre decisión, son elementos de nuestra dignidad. No abonemos a la desigualdad aún por inconsciencia.