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El amasiato de Morena con el PRI en torno de la Guardia Nacional sólo puede significar la negociación de impunidad para “distinguidos” priístas. | Adolfo Gómez Vives

  • 21/01/2019
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De nada sirvió que en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, especialistas, académicos, integrantes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil manifestaran su rechazo a la creación de la Guardia Nacional en los términos planteados por el presidente de la República.

De nada ha servido exhibir —gracias a las “benditas redes sociales”— los dichos del entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, respecto de que “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, ya que como titular del Ejecutivo ha optado por la militarización del país, a través de la creación de la Guardia Nacional, lo que contraviene uno de sus valores personales: el “no mentir”.

De nada sirvió que organizaciones de la sociedad civil como el colectivo #SeguridadSinGuerra documentara el fracaso de la militarización propuesta por Felipe Calderón Hinojosa y continuada por Enrique Peña Nieto.

De nada sirvió que la Asociación Civil Causa en Común, en voz de su investigador David Blanc Murguía señalara que la creación de la Guardia Nacional va en detrimento de la propia Secretaría de Seguridad Pública, que terminará siendo “una especie de dirección administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

De nada sirvió la propuesta presentada por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, relativa a profesionalizar a las policías, “con organizaciones en las que participen ciudadanos y sean ellos quienes los supervisen”, a efecto de reducir los índices delictivos.

De nada servirán las críticas de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, quien dijo que México es una "catástrofe en derechos humanos" debido a los "extendidos abusos del ejército, la policía y la fiscalía", pues continúan practicando "asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas".

De nada sirve que Tatiana Clouthier Carrillo —una de las pocas voces críticas dentro de Morena— se haya abstenido de votar en torno de la creación de la Guardia Nacional. Ya la aplanadora de su propio partido se encargó de desechar la reserva que presentó, en la que pedía eliminar la Junta de Jefes de Estado Mayor, que resulta contraria a la idea de desmilitarizar al país paulatinamente.

La tozudez de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados se debe a su natural alineamiento hacia las decisiones del presidente de la República, que están por encima de su capacidad para comprender los argumentos, las evidencias y los datos duros blandidos por especialistas y académicos, respecto de los riesgos que implica la creación de la Guardia Nacional en los términos que la quiere el presidente.

No fue la primera vez que los legisladores de Morena demuestran sin ambages su alineamiento hacia las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, con lo que de paso desdeñan olímpicamente el principio de división de poderes. La licencia que, en su momento concedió el Senado a Manuel Velasco Coello, violatoria del artículo 116 constitucional, fue la primera muestra de aberrante subordinación.

De nada sirve que el propio Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 de López Obrador señale la necesidad de reformular el combate a las drogas, a través de la “única acción realista para reducir los niveles de consumo”, que es reorientando “de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas —masivos, pero personalizados— de reinserción y desintoxicación.

De nada sirve que su propio documento reconozca que “la estrategia policial y belicista ha provocado una tragedia humana y social de gravísimas dimensiones: más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas”.

La postura de HRW y AI

La semana pasada, Human Rights Watch presentó su Informe Anual 2019. En él señala que “México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos”.

Esta organización también señala en su informe que “entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 4 mil 600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares”.

De nada sirve que Amnistía Internacional se haya manifestado en contra de la Guardia Nacional, a la que califica como “un proyecto que contradice el derecho internacional de Derechos Humanos”.

La minuta relativa a la modificación constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, a donde se espera otro retroceso más, pues según ha dicho Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, analizarán la posibilidad de reincorporar el artículo transitorio —eliminado en la Cámara de Diputados— que garantiza la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “mientras la nueva corporación desarrolla sus capacidades”, es decir, mientras se crea jurídicamente, a efecto de no mantener en el limbo la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que equivale a repetir el esquema inconstitucional en el que ha venido operando desde la administración de Calderón Hinojosa.

Este anunciado retroceso implica darle gusto a López Obrador, quien manifestó su insatisfacción por lo alcanzado en la Cámara de Diputados. Ya en su conferencia mañanera dijo: “tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación. Sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas”.

La única posibilidad de limitar el daño que causará el surgimiento de la Guardia Nacional será la promoción de acciones de inconstitucionalidad, una vez que se haya legislado su respectiva ley orgánica. Veremos si el respeto al principio de convencionalidad en materia de derechos humanos permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenar, al menos en parte, las aspiraciones belicistas de López Obrador.

#10YearsChallenge

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, su proyecto es tan importante, que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados terminó en curioso amasiato con la fracción del Partido Revolucionario Institucional, que otrora representaba a “la mafia del poder”.

Si el precio que Morena pagará por la complicidad del PRI en la votación de la minuta de reforma constitucional, es la impunidad a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, vinculado a los escándalos de Odebrecht y OHL y a otros “distinguidos” priístas, entonces no sólo estaremos viendo la transmutación de Morena en el viejo PRI, sino el incumplimiento de otro de los valores personales de López Obrador: “no traicionar al pueblo”.

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@gomezvives  | @OpinionLSR | @lasillarota

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