Opinión

“Primero los pobres”. El engaño detrás del eslogan (II)

Ricardo Salinas Pliego, beneficiado por AMLO desde antes de su toma de posesión. | Adolfo Gómez Vives

  • 04/01/2021
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Nueve días antes de su toma de posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio de colaboración con quien más tarde nombraría como asesor en temas empresariales: Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Dicho acuerdo tenía como objetivo capacitar durante el sexenio —que aún no comenzaba— a cien mil adolescentes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y contratar al 12 por ciento de éstos durante 2019, en empresas del Grupo Salinas.

Para entonces, no se había publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, que destinó poco más de 10 mil 985 millones de pesos —en el ámbito del programa Jóvenes Construyendo el Futuro— a la Secretaría de Educación Pública que dirigiría después Esteban Moctezuma Barragán, ex presidente de Fundación Azteca y personero de Salinas Pliego.

Sin haber tomado posesión de la titularidad del Ejecutivo, López Obrador habría comprometido recursos públicos para el presidente de Televisión Azteca, quien casi un año después sería evidenciado por The Wall Street Journal, por haberse beneficiado de la venta de Grupo Fertinal a Petróleos Mexicanos, cuando la paraestatal era dirigida por Emilio Lozoya Austin.

El 16 de enero de 2019, José de Jesús García Piedra, director de Consultas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habría de responder a una solicitud del convenio signado entre López Obrador, Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Salinas Pliego, con el argumento de que dicho instrumento jurídico representa un “acuerdo entre personas privadas, razón por la cual no se cuenta con el documento materia de la solicitud”.

La negativa del director de Consultas de la STPS a la solicitud de información número 0001400008419, patente a través del oficio número 117.DA.0253.2019, de fecha 16 de enero de 2019, contraviene abiertamente el precepto establecido en el artículo 6o constitucional, relativo a que toda información en posesión de “cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública”.

En ninguno de los dos informes de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hace mención del contenido de dicho convenio —signado cuando este aún no era presidente de la República— ni de los objetivos que se hubieren alcanzado. Tampoco hay señalamiento alguno en los informes de labores de la Secretaría de la Función Pública, a pesar de que la dispersión de los recursos económicos para los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se realizaría a través de Banco Azteca, lo que de suyo representaría un conflicto de interés, a partir de que Salinas Pliego es, además, asesor del presidente de la República.

Desde luego que no existió procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato respectivo, por lo que, a través del mecanismo de adjudicación directa, Banco Azteca distribuyó, sólo durante 2019, casi 29 mil millones de pesos.

El 28 de febrero de 2019, Luisa María Alcalde Luján abordó, afuera de Palacio Nacional, una motocicleta que la conduciría al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al hacerlo, el chofer se metió en sentido contrario por algunas calles del Centro Histórico.

La joven secretaria del Trabajo se comprometió a pagar la multa respectiva. Mediante respuesta a la solicitud de información número 0001400038619, se informó del pago de la multa de tránsito por $949.00 pesos y adjuntó copia de la boleta de sanción y copia del Formato Múltiple de Pago a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México.

No le costó nada demostrar el cumplimiento de esta sanción autoimpuesta. Pero del convenio firmado con el empresario-asesor del presidente, ni una palabra.

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