Como parte de la extensa y nutrida lista de infortunios acumulados por los gobiernos del estado de México a lo largo de varias décadas, está el tema central de sus políticas de desarrollo urbano y sus muy lamentables implicaciones. La verdad es que los costos sociales y ambientales de las políticas urbanas aplicadas religiosamente por la sucesión de gobiernos estatales y municipales, han sido enormes para los habitantes de muchos municipios, tanto ricos como pobres.
El del Estado de México, es un caso de libro de texto para ejemplificar lo que no se debe de hacer en materia de desarrollo urbano. Y para comentar el tema, no nos queda sino volver a algunos de los conceptos vertidos anteriormente en este espacio, cuando hemos comentado que las ciudades mexicanas se han caracterizado por seguir uno de los peores patrones de crecimiento imaginables: en primer lugar, muy ineficiente, pero también desordenado, estéticamente reprobable, inequitativo, y en muchas ocasiones, inseguro.
Retomando específicamente el caso del Estado de México, los planes de desarrollo urbano y la normatividad del libro quinto del aparato jurídico estatal prohíben la densificación poblacional al limitar la altura de los inmuebles habitacionales a dos niveles, exigen a los desarrollos inmobiliarios construir bardas perimetrales de 2.2 metros de altura, e imponen ciertas reglas inauditas, como obligar a que las áreas verdes de uso común dentro de los desarrollos de vivienda cuenten con acceso por vialidades privadas.
Es decir, las leyes del estado imponen lo siguiente: un desarrollo urbano horizontal, disperso y de baja densidad, que es el económica, social y ambientalmente más ineficiente; un estilo de vida tipo ghetto o insular, porque aísla a los habitantes de cada desarrollo de vivienda del contacto con la población que vive fuera de la barda perimetral y forma horribles y desangelados páramos urbanos incaminables e inseguros; ah, y las leyes también imponen el uso ad nauseam del automóvil aun dentro de los desarrollos de vivienda, con normas calcadas de los desarrollos americanos, en los que hasta para ir al área de juegos infantiles dentro del conjunto hay que llegar en coche. El colmo transformado en norma de diseño urbano.
Es interesante notar, claro, desde un punto de vista académico, cómo es que la normatividad urbana del Estado de México ha generado toda una variedad de engendros cuyo denominador común es la destrucción de la vida social y altos niveles de ineficiencia urbana. Mencionemos tres ejemplos distintos: Huixquilucan, el valle de Toluca y los enormes desarrollos de vivienda enclavados en suelo rural, alejados de los centros urbanos.
De Huixquilucan tomemos la región conformada por los fraccionamientos residenciales y la zona de Interlomas. Quien haya pasado por allí se habrá percatado de que, para los residentes de la zona, no se puede hacer absolutamente nada sin el uso del automóvil. Y sucede lo mismo para quienes viven en uno de los fraccionamientos desparramados por la zona, que para quienes habitan uno de los grandes edificios de condominios. Los inmensos congestionamientos que se observan cotidianamente en sus vialidades se forman tanto por los viajes foráneos (salir y regresar de la zona para realizar las actividades cotidianas), como por la multitud de viajes cortos que los residentes tienen que hacer para ir al súper, a la tintorería o a la farmacia. Sin duda alguna, las horas perdidas todos los días en estos embotellamientos reducen de manera importante la calidad de vida de los habitantes de esa zona.
Por otro lado, la ciudad de Toluca es la zona metropolitana que más ha incrementado su mancha urbana en los últimos 16 años, pues en ese lapso creció un sorprendente 249%, cuando la zona metropolitana del Valle de México lo hizo en 140% durante el mismo periodo. Toluca es, hoy por hoy en México, la campeona del desparramamiento urbano en su máxima expresión.
Ya he comentado antes que mientras más extendida es la mancha urbana, los costos de servicios públicos como la provisión de agua potable, el desagüe de aguas residuales, la recolección de basura y la seguridad pública son mayores. Y no sólo eso, los kilómetros recorridos por el parque vehicular y el consumo de combustibles también se incrementan, generando más contaminación atmosférica. En este sentido hay que decir algo que mucha gente no sabe: en materia de contaminación Toluca está mucho peor que la Ciudad de México, al menos en lo que se refiere a dos grupos de contaminantes altamente dañinos para la salud de la población, las partículas PM2.5 y las PM10.
El tercero de los casos mencionados es el de los enormes desarrollos de vivienda enclavados en suelo rural, alejados de los centros urbanos, allá en donde el bajo precio del metro cuadrado de terreno permite maximizar la exorbitante utilidad de los vivienderos. El Estado de México está infestado de este tipo de desarrollos, muchos de ellos semivacíos por el abandono de las viviendas de parte de familias que cayeron en el engaño de que contar con casa propia iba a mejorarles la calidad de vida para siempre. Y no fue así, porque los costos del transporte y el número de horas destinadas a los trayectos cotidianos, acabaron por hacer imposible la vida tras lomita.
Todas estas calamidades urbanas no han brotado inesperada y circunstancialmente. Éstas obedecen más bien a los lineamientos establecidos en el marco legal del desarrollo urbano del Estado de México. Los urbanistas mexiquenses, conjuntamente con los no mexiquenses que han sido contratados entusiastamente por funcionarios mexiquenses, han planteado las bases para la construcción del tipo de engendros comentados en estos párrafos, que no pueden estar más alejados del objetivo de crear ciudades económica, social y ambientalmente más eficientes. Si tomamos como cierto que el PRI es el único partido que ha detentado casi todo el poder en el estado, luego entonces el culpable de este desastre no puede ser otro. ¿O no?
@lmf_Aequum