En días pasados el Partido Revolucionario Institucional anunció que comenzaría con la recolección de firmas entre los ciudadanos, para promover la realización de una consulta popular que busca la eliminación de 100 diputados y de 32 senadores que hoy se asignan bajo el principio de representación proporcional.
Dentro de las ventajas que el PRI ofrece para justificar su propuesta, se encuentran las siguientes: “1) Disminuir el gasto público, 2) Facilitar la construcción de acuerdos y la oportuna toma de decisiones legislativas, 3) Dar más fuerza al voto de los ciudadanos, pues el número de diputados elegidos directamente sería considerablemente mayor que el de los plurinominales, 4) Mejorar el funcionamiento democrático sin cambiar el sistema electoral, pues no se reformarían los artículos constitucionales que versan sobre asuntos electorales, sino los que tratan de la integración de las Cámaras, y 5) Refrendar la idéntica representación de las entidades federativas en el Senado; cada una con tres senadores: dos de la mayoría y uno de la primera minoría[1].
Sin embargo, el PRI se ha limitado a enumerar estas ventajas, pero hasta el momento, no ha presentado argumentos sólidos que le den soporte a las mismas. Es por ello, que el objetivo del presente artículo es analizar cada uno de los argumentos del PRI y ofrecer una serie de contraargumentos que demuestren que no hay evidencia que avale la veracidad de dichas ventajas. Por ello, no existe una razón de peso que justifique el hecho de que se tenga que gastar una importante cantidad de dinero público en organizar una consulta popular para votar por una medida, que de aprobarse, no se traduciría en beneficios tangibles para la ciudadanía.
Argumento 1: La disminución en el número de legisladores va a reducir el gasto público.
Es cierto que el Congreso de la Unión gasta demasiado, sin embargo, la cantidad de legisladores no es el único factor que explica el costo de ambas Cámaras, de hecho, desde 1994 tenemos el mismo número de legisladores federales (500 diputados y 128 senadores), y a pesar de ello, el presupuesto del Poder Legislativo ha aumentado de manera exponencial de 1995 a la fecha (Tal y como lo muestra la gráfica número uno). En promedio, el presupuesto del Congreso de la Unión aumenta cada año un 14%, lo cual supera con creces a los ajustes por inflación. Es decir, que los 628 legisladores federales que hoy tenemos nos cuestan 12 veces más que los 628 legisladores que teníamos en 1995.
Si eliminamos a 100 diputados y a 32 senadores nos podríamos ahorrar entre 300 y 500 millones de pesos al año, lo cual sólo representa entre el 2.4% y el 4% del presupuesto del Poder Legislativo, pero como cada año la partida presupuestal que el toca al Congreso de la Unión aumenta en promedio un 14%, bastaría un sólo año, para que los nuevos aumentos en el presupuesto del Poder Legislativo absorban los ahorros realizados. Ésto quiere decir, que el PRI nos trata de vender la medida como una forma de economizar, cuando ellos saben que el ahorro sólo se reflejaría en el corto plazo, es decir, en el año inmediato al que surte efecto la eliminación de los legisladores.
El gasto en el Congreso no es elevado porque haya muchos legisladores, sino porque los mismos han sido incapaces de trabajar con austeridad. Si el PRI y sus legisladores desean bajar el costo del Poder Legislativo deben convencer a las demás fuerzas políticas de que es necesario perseguir dos objetivos: el primero es revisar a fondo los gastos de las dos Cámaras, ya que hay muchos lujos de los cuales pueden prescindir los legisladores[2] y el segundo, es frenar el aumento de la partida presupuestal que cada año autorizan los diputados.
La eliminación de 100 diputados y de 32 senadores sólo es una medida temporal, que pronto se verá rebasada, mientras que un plan integral de austeridad, puede traer beneficios en el mediano y el largo plazo.
Argumento 2: La disminución en el número de legisladores va a facilitar la construcción de acuerdos.
La lógica de este argumento parece sencilla: si hay menos legisladores, es más fácil que éstos puedan negociar para llegar a un acuerdo. Sin embargo, dicho argumento parte de una premisa falsa, se asume que en el Poder Legislativo en México los votos para aprobar un proyecto de ley se negocian legislador por legislador, cuando muchos legisladores ni siquiera leen los dictámenes, la mayoría de ellos se limitan a votar en el sentido que les ordene su coordinador de bancada.
Yo no pretendo justificar dicho escenario, me parece reprobable que la disciplina partidista subyugue el criterio de cada legislador, pero el que dicha situación sea reprobable, no significa que no represente una de las realidades del Poder Legislativo de nuestro país. Basta con analizar el sentido de los votos de los legisladores, para darse cuenta de que la capacidad de los legisladores para disentir con la línea que marca el coordinador de bancada, es casi nula.
Estudios serios han estimado que los legisladores que pertenecen al mismo partido, votan en promedio un 90% de las veces en el mismo sentido[3]. El problema de la falta de acuerdos no se deriva de la cantidad de legisladores, sino de la incapacidad de los líderes de bancadas para construir consensos.
Es por ello, que disminuir la cantidad de legisladores tendría un efecto muy limitado (o incluso nulo) a la hora de facilitar la construcción de acuerdos, ya que en la práctica, las decisiones en las Cámaras se toman en las juntas de coordinación política. Incluso existe la posibilidad de que observemos el efecto contrario, ya que los diputados y senadores que hoy ocupan la mayor parte de los puestos en las mesas directivas, en las juntas de coordinación política, en las coordinaciones de bancada e incluso en las presidencias de las comisiones más importantes, llegaron a las Cámaras por la vía plurinominal, además, los legisladores que llegaron al Congreso por la vía de la representación proporcional son los que elaboran la mayor parte de las iniciativas de ley y los que tienen más intervenciones en tribuna[4]. De tal forma, que si eliminamos a 100 diputados y a 32 senadores, quizá nos estemos privando de algunos de los legisladores más productivos y de los que hoy se encargan de construir los acuerdos.
Argumento 3: La disminución en el número de legisladores va a dar más fuerza al voto de los ciudadanos.
No me queda duda que proponer una disminución en el número de legisladores es una medida popular. En días pasados, Consulta Mitofsky publicó un sondeo en donde le pedía a los ciudadanos que dijeran: cuál de las tres consultas populares que promueven los partidos consideraban que era la más importante. El 62% de las personas eligieron la opción de eliminar 100 diputados y 32 senadores plurinominales, mientras que el 23% optó por la propuesta del PRD para dar marcha atrás a la reforma energética y el 15% eligió la moción del PAN de aumentar el salario mínimo.
El PRI está tratando de capitalizar a su favor la mala imagen de los legisladores, sin embargo, incurren en varios sesgos a la hora de presentar sus argumentos, el primer sesgo es que a partir de la exposición de sus premisas, no queda claro que los legisladores plurinominales también son elegidos mediante el voto de los ciudadanos. Ya que estos legisladores se eligen de forma indirecta a través del voto de los ciudadanos; cuando una persona vota por un diputado de mayoría, su sufragio se transforma en otro voto para una lista de candidatos por el principio de representación proporcional.
El segundo sesgo es que el PRI no menciona que además de la opción propuesta por ellos, existen muchas alternativas para darle más fuerza al voto de los ciudadanos. Hay una serie de fórmulas que pueden ayudar a que el ciudadano tenga más injerencia en la elección de los legisladores que llegan a las Cámaras por la vía de la representación proporcional, por ejemplo, se puede copiar el sistema alemán, en donde cada ciudadano cuenta con dos boletas, en la primera vota por un diputado de mayoría y en la segunda boleta eligen una de las listas de candidatos de representación proporcional que presentan los partidos, de tal forma que el ciudadano puede votar dos veces por el mismo partido o bien, votar por el candidato de un partido y por la lista de otro. También se puede pensar en la posibilidad de que se vote en un esquema de listas abiertas, para que los ciudadanos puedan impedir que lleguen al cargo, candidatos que no son de su agrado.
Opciones como las descritas en el párrafo anterior le dan más poder al voto de los ciudadanos, porque éstos tienen más opciones y una mayor participación en el proceso, mientras que con la propuesta del PRI, el ciudadano sigue teniendo el mismo rol en el proceso.
Argumento 4: La disminución en el número de legisladores va a mejorar el funcionamiento democrático sin cambiar el sistema electoral.
Parte de este argumento es redundante con el contenido del argumento número dos, no hay razones que nos hagan suponer que un Congreso con menos legisladores pueda ser más productivo, sobre todo porque la mayoría de los legisladores se limitan a votar en el sentido que les indica su coordinador de bancada.
Mientras que la otra parte del argumento es utilizado por el PRI para tratar de neutralizar a parte de las críticas que le han hecho a su propuesta. Esto debido a que la fracción octava del artículo 35 de la Constitución establece que los asuntos que formen parte de la materia electoral, no podrán someterse a un proceso de consulta popular. El PRI trata de darle la vuelta a dicha prohibición mediante una interpretación sesgada de la norma. Sin embargo, los criterios de asignación de los legisladores son un asunto que claramente cabe dentro del ámbito electoral de cualquier país, ya que si cambias la composición de las Cámaras, también estás modificando la fórmula que convierte los votos de los ciudadanos en escaños para los partidos.
Incluso si dicha prohibición no existiera, me parece incorrecto que PRI lleve el tema a consulta popular sin antes haber intentado que el mismo se discuta en las Cámaras. Una consulta popular es una herramienta que los ciudadanos podemos utilizar cuando el Congreso se niega a debatir ciertos asuntos o cuando un asunto ya se discutió, pero que se llegó a una resolución que no dejó satisfecho a un segmento importante de la población. Es inaudito que el PRI opte por llevar el asunto a las urnas, porque ello se va traducir en un nuevo gasto, que los ciudadanos tendremos que pagar con nuestros impuestos. En este caso y en el caso de la consulta que promueve el PAN para el aumento del salario mínimo[5], se debió agotar el proceso legislativo, porque a los legisladores ya les pagamos por discutir este tipo de asuntos.
Argumento 5: La disminución en el número de legisladores va a hacer posible laidéntica representación de las entidades federativas en el Senado.
Este es el argumento que tiene más soporte. El Senado se diseñó tomando como referente a la Cámara Alta de los Estados Unidos, es decir, que se pensó como un espacio en donde todos los estados tuvieran la misma representación, independientemente del tamaño de su población[6], de tal forma que el Distrito Federal o el Estado de México tuvieran el mismo peso que Baja California Sur o Colima.
La representación paritaria de los estados se conservó hasta 1996, cuando se introdujo la figura de los Senadores plurinominales, así que en varias legislaturas, algunas entidades han tenido más senadores que otras. El Distrito Federal ha sido el mayor beneficiario de la medida, ya que mientras la gran mayoría de las entidades han tenido tres o cuatro senadores por legislatura, el número de senadores originarios del Distrito Federal ha oscilado entre 11 y 15 en las últimas seis legislaturas, tal y como lo muestra el siguiente cuadro:
|
Cantidad de Senadores por entidad en cada legislatura |
||||
|
Entidades |
Legislatura(s) |
|||
|
LVII |
LVIII y LIX |
LX y LXI |
LXII |
|
|
Aguascalientes |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Baja California |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Baja California Sur |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Campeche |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
Chiapas |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
Chihuahua |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Coahuila |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
Colima |
3 |
3 |
4 |
3 |
|
Distrito Federal |
11 |
15 |
14 |
15 |
|
Durango |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
Estado de México |
5 |
4 |
4 |
6 |
|
Guanajuato |
4 |
4 |
6 |
5 |
|
Guerrero |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
Hidalgo |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Jalisco |
6 |
4 |
3 |
3 |
|
Michoacán |
4 |
4 |
4 |
6 |
|
Morelos |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Nayarit |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Nuevo León |
6 |
4 |
5 |
4 |
|
Oaxaca |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
Puebla |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Querétaro |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Quintana Roo |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
San Luis Potosí |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Sinaloa |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Sonora |
3 |
5 |
4 |
5 |
|
Tabasco |
4 |
4 |
3 |
3 |
|
Tamaulipas |
4 |
4 |
3 |
4 |
|
Tlaxcala |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Veracruz |
4 |
5 |
5 |
3 |
|
Yucatán |
4 |
6 |
3 |
4 |
|
Zacatecas |
5 |
3 |
5 |
3 |
Si se eliminan 32 senadores, todas las entidades tendrían el mismo número de senadores: dos para el partido que obtiene el mayor número de votos en cada entidad y uno más para el segundo partido más votado.
A pesar de lo anterior, conviene llevar el debate un paso adelante: yo no advierto que el tener un mayor número de senadores haya beneficiado al Distrito Federal a costa de otras entidades federativas, es cierto que al Distrito Federal le va muy bien en la repartición del presupuesto, pero dicho proceso es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, en cambio, la reforma política del Distrito Federal no se ha podido concretar a pesar de que lleva años discutiéndose en ambas Cámaras. Es decir que al menos hasta ahora, no parece que tener más senadores se haya traducido en beneficios tangibles para el Distrito Federal o para otras entidades que en algún momento han tenido más senadores que el promedio.
En conclusión, no existe evidencia que avale la consistencia de la mayor parte de las ventajas que ofrece el PRI para justificar su propuesta, en cambio, el costo que la ciudadanía tendría que asumir para llevar a cabo la consulta, es tangible, por ello, creo que lo mejor es que el PRI lleve el asunto a las Cámaras, en lugar de a las urnas. También es importante que se debata la posibilidad de disminuir el costo del Poder Legislativo y la posibilidad de darle mayor injerencia al ciudadano en la elección de los legisladores que llegan por la vía de la representación proporcional.
[1] Ventajas extraídas de la siguiente Infografía publicada en el portal de internet del CEN del PRI.
[2] Por ejemplo, el Senado gasta cada año $2, 160,359.00 pesos en servicios de café. La información se encuentra disponible en: Nota de Vanguardia
[3] Para más información ver: González Tule, Luis Antonio (2007), “Cohesión Partidista en la Cámara de Diputados: El Caso del PRI, PAN y PRD (1997-2006)”, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Universidad de Santiago de Compostela, vol. 6, núm. 2, pp. 177-198.
[4] Para más información consultar la siguiente Nota de Excélsior
[5] El caso de la consulta popular promovida por el PRD, es diferente, porque el Congreso de la Unión ya se pronunció sobre el asunto y el segmento de la población que no está de acuerdo con el sentido de la reforma energética, está en todo su derecho de pedir que la ciudadanía de su opinión sobre el tema.
[6] Mientras que la Cámara de Diputados representa a la población dividida en distritos.