Opinión

Prevalece opacidad en el gobierno federal

Sedena “no encuentra” convenio de resguardo del avión presidencial y las secretarías de Hacienda y Función Pública se reservan información de despidos. | Adolfo Gómez Vives

  • 11/02/2019
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En la entrega anterior dábamos cuenta de un mecanismo inhibitorio de la transparencia, por parte del gobierno federal, consistente en el cobro de copias fotostáticas como pretexto para acceder a la información pública, a pesar de que el artículo 6o constitucional establece la gratuidad de dicho derecho.

Sin embargo, la semana pasada los medios de difusión dieron a conocer otros casos relevantes de la opacidad con que se conduce el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los que perfilan una constante, a pesar del discurso en contrario que utiliza el primer mandatario durante sus conferencias de prensa.

Avión presidencial

Destaca el relativo al convenio suscrito entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la empresa estadounidense Boeing.

El Instituto Nacional de Transparencia ha ordenado a la Sedena “buscar y dar a conocer” el convenio de resguardo del Boeing 787 Dreamliner, que fue utilizado brevemente como transporte presidencial, toda vez que el instituto armado ha alegado no encontrar “evidencia documental de lo solicitado”, a pesar de su intervención en dicha adquisición en razón de tratarse de un tema de seguridad nacional.

Según el comisionado Joel Salas Suárez, dicha dependencia del Ejecutivo fue quien informó que el costo de la aeronave fue de 218 millones de dólares, lo que confirma su participación en el procedimiento de adquisición y, por lo tanto, la posesión del expediente.

El Instituto Nacional de Transparencia ha ordenado a la Sedena la búsqueda de información sobre el Boeing 787 Dreamliner, toda vez que la institución castrense le ha negado a un particular su derecho de acceso a la información, con el argumento de no encontrar lo que se le pide.

Trabajadores del Servicio Profesional de Carrera a la calle

Se desconoce la cifra de personas que ha perdido su trabajo a partir del cambio de gobierno. Al final de la campaña, López Obrador señaló que se reduciría en 70 por ciento al personal de confianza en la administración pública federal.

La medida refleja su ignorancia respecto de cómo funciona la administración pública, en razón de que la carga laboral recae justamente en los trabajadores de confianza y no en los de base, que abusan de su carácter de inamovilidad y de su relación sindical, para evadir —en la medida de lo posible— sus obligaciones.

Entre los trabajadores de confianza destaca un segmento que debería gozar de mayor protección frente a los despidos injustificados, en razón de haber obtenido su plaza mediante un concurso de oposición previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y por el hecho de que si bien no son inamovibles como ocurre con los trabajadores de base, no pueden ser dados de baja por cuestiones políticas, como lo es el cambio de gobierno.

De hecho, la lógica de la creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, publicada en el Diario Oficial en abril de 2003, es “tener estabilidad y permanencia en el servicio”, por lo que no se entiende el burdo proceso de recorte más que para obtener recursos para los programas sociales de López Obrador, que poco a poco van perfilándose como mecanismos clientelares, como es el caso del denominado Jóvenes Construyendo el Futuro.

El 1o de febrero, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Víctor Manuel Mojica Vilchis y el titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, de la SFP emitieron un comunicado conjunto relativo a las Disposiciones Específicas que Establecen el Mecanismo para Cubrir una Compensación Económica a los Servidores Públicos de Carrera Titulares por la Terminación de la Relación Laboral en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2019.

El documento de 9 hojas, signado como Oficio No. 307-A.-0264 y Oficio No. SSFP/408/0122/2019, del cual este escribiente posee una copia, señala en su numeral 4 que las dependencias del Ejecutivo “podrán otorgar una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral”, lo que demuestra la existencia de una estrategia atentatoria de los derechos laborales de los trabajadores que se encuentran bajo ese régimen de contratación.

Resulta igualmente preocupante que la información relativa al procedimiento de terminación de la relación laboral de los trabajadores del servicio profesional de carrera, sea clasificada como “reservada” por un plazo de 12 meses, aduciendo el “propósito de preservar el procedimiento de la toma de decisiones y la correcta administración de la función pública”, lo que atenta contra el principio constitucional de máxima publicidad, además de que deja en estado de indefensión a los trabajadores, que se ven impedidos de acceder a la información que les permitiría demostrar la ilegalidad de sus despidos.

Fideicomiso de transición

El 5 de diciembre de 2018 pedí, mediante solicitud de transparencia número 0632700007918, el monto de los recursos económicos ejercidos por el equipo de transición, la copia de los estados de cuenta del fideicomiso que se instituyó para tal fin y copia de la documentación comprobatoria del recibo de dichos recursos.

Más tarde recibí notificación de ampliación de plazo para la entrega de la información requerida, cuyo argumento no se encuadra en ninguno de los supuestos que contienen las leyes en la materia y que sólo pueden invocarse en casos extraordinarios. El 1o de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, recibí documento fechado el 25 de enero, signado por Iván Noel García Gil Lara, Director de Transparencia de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, en el cual se me informa que para tener acceso a las 112 fojas útiles, debo pagar una cantidad de dinero que no se precisa.

Se me informa que lo anterior se debe a que no es posible remitir la información que solicito a través de la plataforma electrónica “ya que excede la capacidad máxima de la misma”. Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia no presenta el botón con el cual debería generarse la línea de captura correspondiente al pago.

Me comuniqué por vía telefónica a la Dirección de Transparencia de la Subsecretaría de Egresos y me informan que enviarán a mi correo la famosa línea de captura. Al momento en que esto escribo no he recibido la información. Como se aprecia, se trata de mecanismos inhibitorios del derecho de acceso a la información, por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.

Retales: Ciudadanos de primera y de segunda

Los senadores a la LXIII Legislatura alcanzaron a cobrar su Seguro de Separación Individualizado como corresponde. Sin embargo, los empleados administrativos de ese órgano legislativo, así como el resto de los trabajadores de la administración pública federal que gozaban de dicha prestación sólo podrán acceder a él a través de parcialidades, según se desprende del Oficio Circular No. 307-A.-0227, signado por Víctor M. Mojica Vilchis, que en la fracción ii de su numeral 2 señala: “El asegurado podrá solicitar el pago de la suma asegurada, la cual se realizará en 5 partes iguales. La primera cantidad a retirar por el asegurado podrá ser del 20% de la suma asegurada y el remanente de la suma asegurada se cubrirá posteriormente en pagos parciales cada seis meses”. Lo que significa que MetLife, en acuerdo con el gobierno federal, estará “chiquiteando” durante dos años y medio los recursos de los trabajadores.

La cancelación del Convenio entre el Senado y la aseguradora MetLife le costó al erario la friolera de 8 millones de pesos. ¿Imagina cuánto podría costarle al gobierno federal la cancelación del convenio con todas las dependencias del Ejecutivo? Para darle la vuelta, el gobierno decide mantener el Convenio, pero sólo para efectos de que los trabajadores puedan retirar “de a poquito” el recurso ahorrado que les corresponde. Se les da trato de ciudadanos de segunda, pues.

El costo de la transparencia

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