Históricamente, una de las principales demandas políticas en México, ha sido la de lograr construir un modelo democrático caracterizado por tener elecciones mediante el voto universal, libre, secreto y en condiciones de igualdad ciudadana, por medio de comicios transparentes, íntegros e irreprochables en su organización y resultados.
Con los altibajos y las tensiones naturales que generan todas las dinámicas sociales y políticas, es posible señalar grandes avances en tal sentido. Con instituciones que organizan los distintos procesos electorales; tribunales que resuelven sobre los diferendos que eventualmente surgen; y, muy importante, con ciudadanos que se informan y ejercen sus derechos a votar y ser votados; al hacer un ejercicio de retrospección histórica el balance es satisfactorio, a favor de la vida en comunidad política.
Sin embargo, la concepción y alcance de los modelos democráticos no son estáticos, conforme al cambio que se da en las sociedades, surgen nuevas necesidades e, incluso, exigencias sociales. Un cambio significativo relativamente reciente lo tenemos en la incorporación de un amplio entramado legal, institucional y procedimental de rendición de cuentas en la gestión pública, que involucra elementos como el derecho de acceso a la información, la transparencia, mecanismos de supervisión y vigilancia del actuar gubernamental. Así, se establece una estructura que conlleva la obligación de los funcionarios de dar a conocer sus decisiones y las justificaciones correspondientes, ante la sociedad, así como el espacio de sanción en caso de incumplimiento a los deberes públicos.
Otra arista de la evolución del régimen político es el debate que se ha abierto sobre nuevas maneras de concebir la idea de democracia, con propuestas sobre los modelos electorales y de representación; los esquemas institucionales para las garantías democráticas; y mecanismos de incidencia ciudadana en la confección legislativa; entre otras vertientes.
En la CDMX, la construcción de su marco constitucional y legal ha resultado en una configuración amplia y vanguardista en cuanto a las formas en que se relaciona la institucionalidad con las personas para la vida democrática. Esto se plasma con claridad en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en la que se incorporan instrumentos de democracia directa, como el referéndum y el plebiscito; y de democracia participativa, como la Asamblea Ciudadana y el presupuesto participativo, esta última figura surgida en la ciudad de Porto Alegre, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, donde tuvo un gran éxito y se convirtió en un referente internacional en materia de involucramiento social.
En la capital del país el próximo 1º. de mayo se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, en la que los más de siete millones de personas que se encuentran en el listado nominal de electores, podrán opinar sobre los distintos proyectos de mejora del entorno de barrios y colonias, a los cuales se destinará el 3.75% del presupuesto anual de las demarcaciones aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.
Cabe señalar que los proyectos que se ponen a consulta son propuestos por las personas habitantes de las unidades territoriales, sin distinción de edad, para realizar alguna obra o servicio que impacte en la mejora de espacios públicos y de infraestructura urbana, así como para generar condiciones para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales.
Bajo este contexto, los capitalinos podremos incidir en la asignación de recursos para atender a las condiciones inmediatas en las que vivimos en comunidad, como puede ser la colocación de luminarias; la reparación de banquetas; el remozamiento de fachadas; la compra de patrullas; intervenciones culturales, como la pinta de murales; entre muchas otras.
Aun cuando el presupuesto participativo tiene ya una trayectoria de aplicación en la ciudad, se debe decir que no se ha logrado crear un escenario generalizado de voluntad de la ciudadanía para expresar su opinión. Con datos del Instituto Electoral de la CDMX, es posible advertir que, en los últimos años, destaca el 2017, en el que más de 760,000 personas emitieron su opinión, sin embargo, en 2018 y 2019 el número de participantes no llegó a los 300,000. En 2020 y 2021 los números ascendieron a alrededor de 390,000 ciudadanos que acudieron a la consulta.
Hoy, como sociedad, tenemos el desafío de conocer y aprovechar todos los mecanismos institucionales que permiten expresarnos y tomar decisiones como ciudadanos, con la convicción de que la democracia es mucho más que los procedimientos electorales. Debemos apropiarnos y pugnar por la ampliación de un marco democrático que incorpora a los ciudadanos de manera activa, cotidiana y con capacidad de incidencia. Por su parte, las instituciones tienen que buscar los mecanismos idóneos para difundir, más amplia y efectivamente, las vías para el ejercicio democrático que existen, y para propiciar el ánimo popular para usarlas.
La calidad de la democracia tiene que medirse a partir de parámetros que den cuenta de la existencia de vías efectivas para que las personas impacten en la discusión de los asuntos públicos y en la definición de las decisiones políticas.