La reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 colocó a México a la vanguardia en todo el mundo porque, entre otros aspectos, dotó de autonomía a todos los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública y dispuso la creación del Sistema Nacional de Transparencia para garantizar este derecho a la población en todos los rincones del país. Sin embargo, para pasar del consenso en las normas al consenso en las prácticas necesitamos emprender acciones que hagan efectivo el federalismo mexicano en lo que a transparencia se refiere. Esto significa garantizar los recursos y las capacidades necesarias para cumplir con lo que nos mandata la ley.
Los resultados del Censo Nacional de Transparencia 2016 muestran que actualmente hay grandes disparidades presupuestales entre los organismos garantes de la transparencia locales (OGL). El organismo que cuenta con más recursos es el de la Ciudad de México con 137.93 millones de pesos; mientras que el de Colima, al que menos le asignaron, recibió siete. Debemos destacar que no cuentan con otra fuente de financiamiento y que tres cuartas partes de sus recursos los ejercen en servicios personales y alquiler de instalaciones pues solo cinco tienen sede propia. Si comparamos con el presupuesto del INAI, las diferencias son aún más evidentes. El total de recursos de todos los OGL superan por 11 millones de pesos al presupuesto del INAI y con esa suma deben atender a 6,164 sujetos obligados, mientras que el INAI atiende a 868.
El tema del presupuesto público es sensible en el contexto de incertidumbre y austeridad económica que enfrenta México y, por esas razones, los servidores públicos debemos esforzarnos en maximizar el presupuesto disponible".
El INAI puede impulsar iniciativas para fortalecer financieramente a los OGL ayudándolos a que cumplan efectivamente con sus atribuciones en el marco del SNT y porque sus capacidades presupuestales le permitirían transferirles recursos.
El fortalecimiento podría ser a través de un programa presupuestario que el INAI cree para apoyar a los organismos garantes locales en sus actividades de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas. Si estos organismos mejoran su capacidad de gestión, aumenta la posibilidad de que puedan cumplir cabalmente con sus antiguas y nuevas atribuciones. La responsabilidad del INAI es cuidar que estos recursos sean administrados destinados a los efectos previstos y con plena transparencia.
Para cuidar esos recursos el INAI deberá asegurar la rendición de cuentas por dos vías. La primera vía es diseñar reglas de operación y firmar convenios marco de colaboración entre el Instituto Nacional y cada uno de los organismos garantes beneficiados con el objetivo de establecer claramente los objetivos y resultados esperados. Los fondos se destinarán a rubros estratégicos estrictamente relacionados con el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y operativas. Por ejemplo, para proyectos de capacitación de su personal, mejorar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, iniciativas de transparencia proactiva y gobierno abierto, entre otros. La segunda vía es formar los consejos consultivos que les mandata la ley para administrar en conjunto estos recursos y a la par sumar población y a las organizaciones de la sociedad civil que deseen involucrarse.
En el Pleno del INAI a la brevedad debemos conformar nuestro anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. En este sentido podríamos crear un programa presupuestario para apoyar y fortalecer las capacidades de los organismos garantes locales. Esto implica hacer modificaciones a nuestra estructura programática y diseñar el programa. Los recursos permitirían a los organismos garantes locales consolidar sus capacidades en el mediano y corto plazo y serían una ayuda para fortalecer su posición frente a los ejecutivos y legislativos locales para velar por la suficiencia presupuestaria que garantice el derecho de acceso a la información y la transparencia en cada entidad federativa del país. De cristalizarse, esta propuesta del pleno del INAI ayudaría a fortalecer el federalismo de la transparencia en México.