Legalmente a destiempo, entre manifestaciones, sedes alternas y hermetismo hacia la ciudadanía, finalmente la Cámara de Diputados (sin la bancada del PAN) aprobó con el voto mayoritario de Morena y sus aliados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, casi sin modificar la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Legisladores de oposición y medios de comunicación señalaron que, en un exceso que se está haciendo frecuente en la 4T, las tablas de Excel de los analíticos finales fueron rubricadas por funcionarios de la SHCP…
Mecanismos extralegales aparte, el PEF 2020 evidencia que el Ejecutivo mantiene una postura inamovible en su personalísima política económica: privilegiar el reparto de dinero de forma directa, sin intermediarios, a sectores específicos de la población, lo que tiene claroscuros.
Lo malo no es distribuir recursos. Lo cuestionable son las formas para integrar el padrón de beneficiarios, la ausencia propiamente dicha de padrones consolidados y, sobre todo, la nula evaluación de los resultados de estos programas, que alejan la acción de gobierno de propósitos de beneficio social y la acercan en los hechos a un ejercicio político clientelar.
Y precisamente eso es lo que el hoy titular del Poder Ejecutivo Federal criticó de los gobiernos priistas y panistas.
Ganan PEMEX y la CFE, porque el gobierno federal ha decidido “rescatar” esas empresas estatales con una fuerte inversión que representa incrementos sustanciales respecto a lo que recibieron en 2019.
Sin embargo, ambas empresas han reportado actuaciones polémicas este año, por decir lo menos, al carecer de planes de negocios creíbles y en cambio caer en enfrentamientos con empresas asociadas.
En la redistribución presupuestal uno de los grandes perdedores fue el Sector Salud, que ve un raquítico incremento del 0.18%, el cual especialistas definen como insuficiente para cubrir las necesidades de esta importante área.
También salieron perdiendo los organismos autónomos, con reducciones al INE, Cofece, IFT, INAI, CNDH, Consejo de la Judicatura, entre otros, en una situación que ha llevado a consejeros del Instituto Nacional Electoral a advertir el grave riesgo que supone esta decisión para los ejercicios democráticos.
Estados y Municipios, que atraviesan por severas carencias en seguridad, salud y promoción económica, recibirán 1.03% más que lo recibido el año pasado, ni siquiera el crecimiento inflacional.
Estas cifras son apenas esbozos de lo que conocemos, por los medios y por lo disponible en los portales de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Falta hacer un estudio más a detalle, pero las perspectivas económicas del país (recesión no declarada pero evidente debido a las lecturas oficiales) demandan responsabilidad en las finanzas públicas, con especial atención a la inversión productiva.
Por lo pronto, el anuncio de mayor participación de la iniciativa privada en las inversiones de infraestructura nos da esperanzas para quienes deseamos que la economía del país se recupere y repunte, para bien de todas y todos los mexicanos.