Luego del prolongado bloqueo a la Cámara de Diputados por diversas organizaciones sociales en su mayoría del sector rural y tras haberse vencido el plazo constitucional del 15 de noviembre, finalmente se convocó a la sesión para la discusión y votación el Presupuesto de Egresos 2020. La convocatoria se hizo en una sede alterna que no fue revelada sino hasta minutos antes del arribo de los legisladores y el dictamen de la Comisión de Presupuesto fue embargado por la Secretaría de Hacienda, incurriendo en una serie de irregularidades, como el vencimiento de plazos, vicios de procedimiento y la negación del debate a los legisladores de oposición.
La cerrazón del gobierno ha impedido que diversos sectores de la sociedad expresen sus demandas sociales y quienes lograron ser escuchados luego de vencer cualquier tipo de resistencias, consiguieron respuestas claramente insuficientes. Así sucedió con los alcaldes quienes pasaron por un calvario; desde los gases de Palacio Nacional a múltiples reuniones, hasta llegar a acuerdos deficientes y que no se sabe si serán definitivos.
El equilibrio de poderes es indispensable para la democracia sin embargo, en las actuales circunstancias este equilibrio se ha roto. Nuestra Constitución establece claramente en el Art. 74 como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el discutir, modificar y aprobar el presupuesto. Esta facultad se viola cuando el Ejecutivo Federal exige a los legisladores de su grupo parlamentario y a sus aliados no modificar una sola coma; también cuando se les coacciona mediante una “carta compromiso” para votar a favor bajo amenaza de traición; y cuando se bloquea la Cámara, bajo distintas motivaciones e intereses, impidiendo el libre tránsito y el funcionamiento institucional.
Así las cosas, de acuerdo a lo establecido en la ley, el poder legislativo no debe ser un mero espectador. El presidente no le presenta el proyecto de presupuesto a los diputados únicamente para su conocimiento; al contrario, estos están obligados a hacer las correcciones pertinentes y a ser un verdadero contrapeso del poder ejecutivo.
La subordinación que pretende el presidente es una tergiversación perversa de la política. Los legisladores son electos para representar los intereses del pueblo, no para representar los intereses del presidente. Los legisladores están obligados a trabajar para el pueblo, no a trabajar para el presidente. Sobre esto la Constitución es muy clara: “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” (art.39); no para beneficio de un partido político o de un presidente.
El oficialismo también pretende monopolizar la interlocución en temas presupuestarios. Mientras que la decisión del gasto para el próximo año la deberían de determinar los diputados en su conjunto; Morena busca una decisión cupular entre la coordinación de su bancada y la Secretaría de Hacienda.
Por otro lado, el proyecto de presupuesto es inequitativo y está encaminado a beneficiar a los estados gobernados por Morena. Tan sólo como ejemplo, de los 3 billones 471 mil millones destinados al gasto social, el 59% se irá a los 6 estados gobernados por MORENA y tan sólo el 30.8% se irá a los 22 estados gobernados por el PAN y el PRI. ¿Es que acaso los diputados de Morena no representan a sus propios estados?
Y en cuanto a los programas que no cuentan con reglas de operación, de los 400 mil millones con los que contarán, 68% se irá a los 6 estados gobernados por MORENA y sólo 24% a los 22 estados gobernados por el PAN y el PRI. Esto es grave tanto por la inequidad, por la injusticia para los ciudadanos que viven en estados no gobernados por MORENA y por el hecho de que la ausencia de reglas de operación impedirá la transparencia y facilitará el uso clientelar de los recursos.
El presupuesto impulsado por Morena es a su vez centralista, pues pretende recortar el apoyo a los gobiernos locales. De hecho la calificadora Standard and Poors prevé riesgos para los estados y municipios de México, debido a las limitaciones que tendrán para financiar su infraestructura en un contexto de bajo crecimiento económico y ante las bajas de las transferencias federales.
Y el presupuesto promovido por MORENA es autoritario. Pretende limitar a los organismos autónomos recortando su presupuesto en al menos tres mil 428 millones de pesos. Esto afectará gravemente el funcionamiento de estas instituciones cuya función principal es la de supervisar y evaluar el desempeño del gobierno, así como la de defender a los ciudadanos de posibles violaciones cometidas por los gobernantes contra sus derechos humanos; lo que implicará un grave retroceso.
Es claro que la aprobación del presupuesto bajo estas circunstancias no representa las necesidades más sentidas de la población y es claramente impugnable. Los acuerdos que el país necesita no se construyen con bloqueos, con cerrazón o con negociaciones en lo oscurito. Para que el presupuesto tenga legitimidad se necesita que se garantice la transparencia, la equidad y el federalismo; que se escuche a todas las voces y se tenga una visión de país y no una visión partidista; de lo contrario, no habrá crecimiento, no habrá seguridad, no habrá inversión y no habrá justicia.