Las acusaciones y denuncias públicas entre actores políticos, por presuntamente haber cometido delitos, son cada vez más frecuentes en nuestro país. Durante los procesos electorales este recurso se multiplica. Y en algunos casos los procesos jurídicos, aún sin resolver, se dejan correr en paralelo con el claro objetivo de debilitar, perjudicar o derrotar a un individuo, grupo o institución.
El linchamiento mediático es un golpe de alto impacto premeditado —realizado con alevosía y ventaja— contra la reputación de un personaje público a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La acción puede ser producida de forma concertada entre actores políticos y medios de comunicación, aunque el o los autores intelectuales no estén claramente identificados.
El sensacionalismo informativo es una de las características principales del linchamiento. Por eso busca despertar las emociones negativas de la gente, erigiéndose en el juez “más severo” que califica, concluye y sentencia sin contar necesariamente con todas las evidencias que demuestren la responsabilidad o culpabilidad del acusado. Es difícil decir cómo hacerlo, pero en los tiempos de la posverdad las audiencias tenemos una gran responsabilidad.
Cuando la lucha es política o electoral, el objetivo del linchamiento es el adversario. Pero también se presentan casos en los que se lincha al difundir, de manera errónea, parcial o subjetiva los procesos legales que enfrentan algunas personas perseguidas o capturadas por las autoridades. En situaciones así, quizás de manera impensada, se favorece la impunidad o la sensación de inseguridad en la población.
Protegidos con el escudo de la libertad de expresión y el derecho a la información, los linchadores mediáticos atentan contra varios de los derechos humanos más importantes: a la protección de la intimidad y la buena imagen, entre otros. Además, tienen el potencial de dañar profundamente la dignidad, el prestigio, la confianza y la credibilidad de quienes, al final de cuentas, resulten inocentes.
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En los gobiernos autoritarios de hoy —e incluso en algunos democráticos— el linchamiento mediático funciona como lo hacía la Inquisición hace siglos. El espectáculo del castigo, o el castigo como espectáculo, se convierte en el Tribunal que hace de la exhibición un ritual, un mensaje y un símbolo. Todo lo contrario a lo que se busca con los juicios orales y públicos de la democracia moderna, en los que se parte de la presunción de inocencia y se busca la verdad jurídica con las pruebas presentadas y un debido proceso.
Lo que a muchos no parece quedar claro es que, a mayor número de linchamientos mediáticos, menor es la fortaleza de las instituciones. Las autoridades y la ciudadanía deberían comprenderlo mejor. Sin embargo, apegarse estrictamente a la ley no siempre conviene a los personajes de poder. Las acciones punitivas alientan la intolerancia, incrementan el repudio y, por lo tanto, le dan un mayor valor a las acciones impunes o autoritarias.
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En contraste, la experiencia de los últimos daños ha demostrado que el linchamiento mediático podría tener un rostro positivo. El ejemplo más ilustrativo está en el incremento de denuncias públicas de mujeres que han sido víctimas de la violencia. Los logros que ha registrado el movimiento Me Too en varios países así lo confirman. ¿Quién podría negar que detrás de acciones como éstas hay motivaciones necesarias, urgentes, legítimas y justificadas?
En el mismo sentido, es evidente que los linchamientos mediáticos se han convertido en frenos o disuasivos de los excesos, atropellos y abusos de poder que se han cometido desde diversos espacios del poder público. En casos así, ¿hasta dónde se puede cuestionar o dudar de los medios de comunicación y las redes sociales que se suman al objetivo de ejercer su libertad de expresión y contribuir a hacer justicia a través de las denuncias públicas que hacen?
También puedes ver: Pablo Olivera. "Las denuncias de delitos en los medios de comunicación. ¿Hacia una nueva forma de hacer justicia?" Expansión, Hay Derecho, 17 Febrero 2018.
Si analizamos la otra cara de la moneda, el linchamiento mediático suele ser una medida de alto riesgo porque promueve la violencia colectiva. También porque se puede dañar severamente a gente inocente. Aunque para algunos es una forma efectiva de lograr justicia, para otros simplemente es la mejor manera de cobrar venganza. En ciertos casos, se considera que es el último recurso frente a los altos niveles de ineficacia e impunidad de las autoridades.
Por lo anterior, el mejor antídoto de los linchamientos mediáticos está en los códigos de ética. Si bien es cierto que la subjetividad del concepto ha sido el principal obstáculo para que exista un marco jurídico que lo regule, sin crear más conflictos de los que pretende resolver, también lo es que las instituciones públicas y los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad y deben cumplirla.
Entérate: Ecuador: ¿qué es el "linchamiento mediático" y por qué se castiga? BBC News, 14 Junio 2013.
Si los linchados son culpables, se corre el riesgo de convertirlos en víctimas, como ya ha sucedido varias veces. Si son inocentes, el daño puede permanecer durante el resto de sus vidas. Por eso, lo más conveniente es evitar los linchamientos mediáticos. Quien recurre a ellos es porque no ha tenido la capacidad de usar con eficacia la comunicación política y la persuasión, una de sus principales herramientas.
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de varios linchamientos mediáticos. Lo que está sucediendo es interesante y en algunos casos parece “lo más justo”, pero en sentido estricto no los justifica. Unos recurren el concepto para convertirse en “víctimas”; otros para intentar desviar la atención sobre asuntos que les afectan; y muchos más —simple y sencillamente— lo utilizan como un arma para atacar a sus adversarios.
Te recomendamos: Juicios mediáticos. Defensor, Revista de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. México, Mayo de 2012.
Si se hace un análisis de eficacia, lo más lamentable es que siguen pesando más los aspectos negativos. Por un lado, porque polarizan a la sociedad, escalan los conflictos a niveles preocupantes y hasta derivan en violencia injustificada. Por el otro, porque su motivación principal es la protección de intereses particulares y no los de una sociedad —con demasiados grupos vulnerables o en situación de desventaja— que exige justicia.
Si en verdad se quiere consolidar una transformación profunda en el país, la impartición de justicia debe ser pronta, completa, imparcial y expedita, pero sobre todo confiable, respetuosa de los derechos humanos y efectiva. Los personajes públicos deberían comprender que existe una enorme variedad de opciones legales y legítimas para llegar o mantenerse en el poder. Pero eso no es todo.
Recomendación editorial: Rafael Barajas Durán ("El Fisgón"). El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero. México, FCE, 2019.