La discreta visita del subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a México la semana pasada y que el gobierno federal mantuvo casi en secreto, despertó varias suspicacias no sólo por la evidente tensión que surgió entre ambos gobiernos, sino sobre por el posible incumplimiento de las recientes reformas las Leyes de Seguridad Nacional que promovió el presidente López Obrador para controlar a los agentes internacionales.
En este momento, la pregunta que se hacen analistas y legisladores es si se acataron a cabalidad las modificaciones a esa Ley que se aprobó en diciembre pasado.
El Artículo 70 de esta legislación establece que servidores públicos de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen la obligación de entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de los asuntos que se trataron en el encuentro.
Incluso, se avaló que las reuniones deben autorizarse con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y en éstas debe estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Otro artículo que se modificó fue el 71, que obliga a los funcionarios extranjeros a informar a las autoridades mexicanas, en el marco de los respectivos convenios de cooperación internacional en materia de seguridad, los datos que recaben en el ejercicio de sus funciones.
La pregunta es si el gobierno federal aplicó la legislación vigente y si en la visita de los altos mandos de la CIA se entregó por escrito la información y, por cierto, si estuvo presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Al margen de estos cuestionamientos, nos adelantan que uno de los principales temas que se abordaron en el encuentro con funcionarios de la CIA fueron las condiciones de seguridad durante la próxima visita de la Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos al país en un entorno post electoral.
De la evaluación preliminar de las fuerzas de seguridad se desprendió que hasta el momento todo parece indicar que la jornada del 6 de junio, se llevará a cabo sin mayores contratiempos y no pondrá en riesgo el encuentro.
No hay que olvidar que el tema principal que se abordará en la primera visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México será el asunto migratorio, ya que hay una encomienda específica del presidente Biden de atender este asunto y evaluar diversas alternativas para lograr un cambio radical.
Además de la migración, en el encuentro se hará una evaluación conjunta del T-MEC y de sus resultados desde su entrada en vigor. Respecto al medio ambiental, por el momento se descartan presiones por la política energética del presidente López Obrador de regresar a las energías sucias y aunque Estados Unidos respetará la soberanía de México, es una realidad que el gobierno de Biden caminará sólo con las naciones que lo hagan en su misma dirección.
Sin mayores aspavientos, es una realidad que Estados Unidos espera que sus principales socios comerciales mantengan políticas proambientales, pero la invitación a que lo hagan no se logrará a través de amenazas sino de programas de colaboración para que se continúe con esta misma línea.
Así las cosas…