La humanidad se encuentra en un punto álgido para su sobrevivencia. Es de conocimiento público que el cambio climático está manifestándose con mayor frecuencia e intensidad a lo largo y ancho del orbe, sean huracanes, sequías que ocasionan incendios forestales, o lluvias intensas que causan inundaciones. También están las consecuencias incrementales, como el aumento en el nivel del mar, la acidificación de los océanos, y la presencia de gases de efecto invernadero (GEI). La lista de afectaciones puede ampliarse fácilmente, pero listarlas no es el motivo del presente texto, sino explorar las posturas que caracterizan a las sociedades ante la profundización de los estragos que está ocasionando el cambio climático.
La comunidad internacional trae el tema desde 1992, cuando adopta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), destacando también el Protocolo de Kioto de 1997, así como su respectivo segundo período (2013-2020). Para 2015 se entendió la necesidad de actuar, logrando el Acuerdo de París, en el que se presentaron propuestas de acciones a realizar a nivel nacional. Así, los gobiernos de los países firmantes se han fijado una ruta para mitigar y adaptarse al cambio climático, tomando en cuenta las condiciones particulares a cada país. La participación de actores no gubernamentales es de relevancia para cualquier meta propuesta, pues las acciones a realizar involucran a diversos sectores.
Es así que se entiende que la producción y uso de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario, y los patrones actuales de producción y consumo, entre otros, son actividades que deben replantearse, a fin de transitar a modelos sustentables que permitan la continuidad de la especie humana en el planeta.
Para ello, se plantean metas porcentuales a largo plazo, esencialmente con respecto a la emisión de GEI, pues se argumenta que los cambios deben ser graduales para transitar sin mayores aspavientos a energías renovables. Tranquilamente se ha fijado el año 2030 como referencia para evaluar el progreso de la humanidad para evitar una hecatombe, año que concuerda con otro plan internacional con buenas intenciones y ralentizado en su accionar: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en la que el combate al cambio climático aparece como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Y así, la vida continúa. Una vez que se han establecido estrategias para lograr objetivos de largo plazo, la usanza es dar seguimiento a los avances de las metas propuestas, mientras se busca concientizar a las poblaciones sobre la necesidad de un cambio de rumbo. Ya se empieza a hacer referencia, escuetamente, a la importancia de un cambio de paradigma; las críticas al capitalismo empiezan a surgir en foros que usualmente son hechos para promoverle.
Sin embargo, el tiempo está encima. La ralentización de acciones debido a la programación a largo plazo no ayuda del todo, y la idiosincrasia humana, tendiente a la procrastinación, tampoco. Entonces, solo los conscientes y los que ya están siendo afectados son quienes están actuando decididamente. No obstante, son los menos. Quienes tienen mucho que perder por una adecuación al contexto del cambio climático tienden a ser los que más se rehúsan a cambiar. Ahí están las grandes petroleras, los productores de vehículos automotores, los de fertilizantes y la producción agropecuaria a gran escala, así como los grandes hoteleros que destrozan manglares para ubicar nuevos desarrollos a orilla del mar, entre otros. Ellos buscan deliberadamente la ralentización de acciones y, al ser parte de quienes tienen el control económico y financiero del proceder habitual de la humanidad, infieren directa y negativamente en los esfuerzos globales para abordar la problemática. En este rubro se encuentran los negacionistas, que participan activamente en la política –siendo votados o votando– para verse lo menos perjudicados posible, pues estas acciones van en detrimento de sus negocios.
Hay otro grupo: los atados a la problemática y sin mucho margen de maniobra. Aquí se ubica el ciudadano común. En México, es aquel que compra comida y bebida para llevar en recipientes de unicel o plástico, el que consume productos con envoltura individual que tardará en degradarse en un tiempo mayor al estimado de vida de dicho consumidor. Todo aquel que compra agua embotellada porque no hay suministro adecuado del vital líquido. La lista es larga.
Parte de este grupo es consciente del problema, pero está atado de manos al ser parte del sistema, y sus acciones tienen un impacto mínimo. Otra parte tiende a tener estrechez de miras, pensando en el plazo inmediato, y le es indiferente el problema; quizá inconscientemente, o quizá por anteponer sus necesidades básicas, lo que es entendible en países con problemas de seguridad, justicia, y acceso a recursos.
Entonces, la tendencia gubernamental refiere a la promoción de acciones a título individual –como dejar de usar popote, usar transporte público, evitar el uso de bolsas de plásticos en el mercado– sabiendo que deben ser colectivas, pues solo así se podrá tener un impacto real. Pero estas propuestas tienen un impacto menor, cuando las normas pueden actualizarse en esa dirección; mientras tanto, la industria sigue esperando que algún avance tecnológico o científico les permita continuar en su postura de “business as usual”.
No parece haber un compromiso real y contundente para mitigar el cambio climático. Entonces quizá sea adecuado enfocar esfuerzos en la adaptación. Ya lo mostró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con su última revisión del estado del clima en octubre 2018: el mundo experimentará graves problemas antes de lo esperado a medida que las emisiones aumentan. Hay un llamado urgente para actuar colectivamente, pero nadie quiere verse afectado en su cotidianeidad, y la parsimonia con que se trata el tema hace dudar que se pueda mantener el aumento de la temperatura en 1.5 ?.
Dr. Gustavo Sosa Núñez. Es profesor-investigador adscrito al Programa de Investigación en Cooperación Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro Público de Investigación CONACyT. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Sus líneas de investigación refieren al estudio de políticas ambientales, con énfasis en la calidad del aire.