Uno de los temas más importantes para nuestro país es la educación. No es novedad que nuestros alumnos califican deficiente en áreas como lenguaje y matemáticas, de lo que da fe la prueba PLANEA, aplicada a alumnos de los últimos grados de primaria y secundaria. Tampoco es nuevo que los maestros se han opuesto a la reforma educativa implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, misma que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso cancelar, empezando por la emisión de un memorando que establecía una serie de directrices a seguir en tanto se lograban los acuerdos correspondientes en el Congreso.
En este contexto, el derecho a la información cobró especial relevancia ¿un memorando puede dejar sin efectos una ley? ¿cómo puede hacerlo si no es de conocimiento público? El memorando generó un “limbo” legal y para tener certidumbre jurídica era indispensable que se hiciera público. Por eso, un particular lo ejercitó y solicitó una copia de dicho memorando, misma que fue negada. Ante ello, quien solicitó la información interpuso un recurso de revisión (RRA 6226/19) y desde el INAI se instruyó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar una copia certificada del memorándum presidencial emitido para detener la implementación de la política educativa de la administración anterior. Proporcionar el documento oficial del memorándum daría certeza sobre los términos legales que fundamentaron el actuar gubernamental desde la emisión de esta instrucción hasta el pasado 30 de septiembre, que se publicaron las leyes secundarias para establecer lineamientos de implementación.
Hoy el problema legal en torno a la cancelación de la reforma educativa ya se ha resuelto y el poder legislativo logró el consenso necesario para implementar cambios. Ahora queda pendiente que los cambios se traduzcan a mejoras sustanciales en la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes.
Al igual que el particular que solicitó el memorándum de la Presidencia de la República, nosotros como ciudadanos podemos tener un impacto sustancial en la vida de nuestro país ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información. Démos seguimiento a las acciones de nuestras autoridades e instituciones educativas. Exijamos que los recursos públicos destinados a la educación se ejerzan de forma transparente y con apego a derecho. Demandemos indicadores que den cuenta de si se alcanzan o no los objetivos de la política educativa, pero sobre todo de la mejora en las habilidades de los estudiantes.
Todos queremos que la educación mejore. Para que esto suceda es necesario que seamos más que espectadores de las decisiones políticas. Seamos parte activa del cambio ejerciendo nuestro derecho a saber. Demandemos que las acciones de nuestras autoridades sean conforme a derecho, que los presupuestos se ejerzan de forma transparente. Hoy en día, la información es poder y todos podemos acceder a él. Por una mejor educación informémonos más.