Opinión

Por una Guardia Nacional legítima y eficaz

La Guardia Nacional es una institución necesaria, pero complementaria a otro tipo de medidas urgentes. | Areli Cano Guadiana

  • 11/07/2019
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En los últimos años, el panorama de nuestro país en materia de seguridad pública ha sido sumamente sombrío. Una continua escalada de violencia se ha enraizado en gran parte del territorio, en el marco de fenómenos complejos y crecientes, como es la lucha entre los distintos grupos delincuenciales y su expansión territorial, los nuevos alcances en su incidencia en distintos tipos delictivos –narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas-, y la mediatización de sus acciones en busca de generar temor entre la población.

El actual gobierno recibió al país en medio de condiciones deplorables en ese rubro. Entre los rasgos definitorios del escenario nacional están la ineficacia institucional para combatir la criminalidad, la ausencia de una estrategia unitaria y de carácter nacional para ello, y la colusión de autoridades y mandos policiacos con la delincuencia que ha favorecido el control territorial de los diversos carteles que operan en las distintas regiones del país.

Hace unos días inició formalmente la operación de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad propuesto por el presidente López Obrador, como respuesta a uno de sus más grandes desafíos: la inseguridad. En su ley, se le define como una institución de seguridad pública, de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene por objeto realizar la función en la materia a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

Si bien es cierto que el fundamento normativo y el diseño institucional de la nueva corporación fueron aprobados por todas las fuerzas políticas representadas en el espacio legislativo, también lo es que diversas voces desde la academia y la sociedad civil se han pronunciado de manera crítica, a partir de identificar su creación con una militarización de la vida civil y con la continuidad de la estrategia mantenida en los dos sexenios anteriores, que evidentemente no rindió buenos resultados. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha interpuesto cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todas ellas orientadas a "contribuir a que el marco jurídico que debe regir la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos".

A la discusión, se suma la rebelión suscitada entre miembros de la policía federal que serían transferidos a la Guardia Nacional ante la extinción de su corporación. Los reclamos más visibles han sido los relacionados con la incertidumbre en cuanto a salarios, prestaciones y antigüedad; el rechazo a dar de alta a algunas personas por cuestiones de capacidad física y sobrepeso; y la resistencia de algunos a incorporarse a una instancia con mayoría de mandos e integrantes provenientes de la milicia.

Lo anterior pone en relieve la importancia de crear las condiciones para que la configuración de la naciente Guardia Nacional encuentre un punto medio en el que se logre aprovechar los aspectos que la sociedad le reconoce al ámbito militar, como son la vocación de servicio, la disciplina, la lealtad a las instituciones y su alto nivel de adiestramiento, con las características necesarias de un cuerpo de seguridad pública en el contexto actual de nuestro país, como son la cercanía con la comunidad y el reconocimiento del deber de protegerle y servirle, así como la convicción de la excepcionalidad en el uso de la fuerza y las armas.

El pasado 8 de julio, en la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el primer mandatario aludió a la Guardia Nacional como una institución que atiende el tema de la inseguridad con profesionalismo, disciplina y respeto a los derechos humanos. Sin duda, desde el plano discursivo, esa enunciación representa un ideal para la sociedad, pero es imperativo que se consideren los aspectos necesarios para que se materialice así en la realidad.

Para ello, se requieren esquemas de control en la trayectoria policial que cubran el ingreso y permanencia de los elementos en la corporación e, incluso, a la salida de ella, pues es necesario conocer en qué se ocupan personas con adiestramiento en el uso de armas y en labores de seguridad cuando dejan de ser servidores públicos. Además, se deben prever mecanismos efectivos que la ciudadanía pueda usar para denunciar, pero también para felicitar a los buenos policías; absoluta apertura institucional en los ascensos de los servidores públicos; entornos laborales adecuados, con capacitación constante, prestaciones en función de los riesgos que corren los policías y procedimientos claros en cuanto a roles y responsabilidades.

La Guardia Nacional es una institución necesaria, pero complementaria a otro tipo de medidas urgentes. Por ejemplo, las policías estatales y municipales tienen que reconstruirse, para sanearlas de cualquier sospecha de connivencia con la delincuencia; y los gobiernos de las entidades federativas deben contribuir con la información estratégica que pueda servir en el caso de que intervenga la Guardia Nacional en sus localidades.

Adicionalmente, si se considera que el crimen es un síntoma de las irregularidades estructurales de la sociedad, cobra pertinencia el llamado a las instituciones de todos los niveles de gobierno para luchar contra las problemáticas que prohíjan el florecimiento de la delincuencia. Las acciones de fuerza no pueden continuar aisladas, hay que sumarlas a estrategias de inteligencia financiera para erosionar al crimen organizado desde sus cimientos. Asimismo, es necesario actuar con mayor contundencia en el cuidado y protección de las víctimas directas e indirectas; en la ampliación de la cobertura del Estado en materia de salud y educación; y en la reducción efectiva de la desigualdad social.

Para finalizar, vale señalar que la función de seguridad pública solamente será legítima ante la sociedad si se ejerce en un contexto de la más amplia rendición de cuentas, con estricto apego a derecho y con la orientación a garantizar la vigencia plena de las libertades fundamentales que son la base del pacto social.