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Por una Fiscalía independiente

Es cierto que ante la situación de inseguridad, corrupción e impunidad que se vive en nuestro país, es urgente que contemos con instituciones e instrumentos jurídicos.

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Escrito en OPINIÓN el

Los esfuerzos legislativos y sobre todo el gran impulso de la sociedad para crear una Fiscalía General autónoma que sustituya a la muy poco prestigiada Procuraduría General de la República, así como una Fiscalía Anticorrupción independiente y robusta, han estado a punto de diluirse en más de una ocasión.

 

Aún cuando la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014 representa un avance importante, deja algunos resquicios -particularmente en su régimen transitorio- que buscan aprovechar quienes, siguiendo la lógica del gatopardismo “cambiar todo para que las cosas sigan igual” en referencia a la famosa novela de Giuseppe Lampedusa, pretenden mantener a toda costa el status quo.

 

La iniciativa del Presidente para la Ley de la Fiscalía General de la República que fue aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014 y remitida al Senado donde ha permanecido congelada por dos años, ha sido cuestionada en términos de sus facultades, estructura y recursos con lo que, en los hechos, se le priva de la independencia necesaria para cumplir cabalmente con su función. Lo mismo sucede con la Fiscalía Anticorrupción -al igual que la Fepade- cuyo margen de actuación se vería sumamente limitado y su Titular estaría sujeto totalmente a los criterios del Fiscal General en los ámbitos presupuestal y político.

 

Es importante recordar que conforme al artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma, para que la Fiscalía General de la República cobre vida es necesario que primero se emita la referida Ley, y que posteriormente el Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de su autonomía constitucional. Por otra parte, también señala que el Procurador que se encuentre en funciones al momento de realizarse la declaratoria, se convertirá automáticamente en el Fiscal General por un periodo de nueve años.

 

Lo anterior significa que si en este momento se aprobara la Ley de la Fiscalía General y se hiciera la declaratoria correspondiente, el recién nombrado Procurador, Raúl Cervantes, sería su titular. Esto ha provocado una fuerte reacción de académicos, organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición a quienes, independientemente de sus capacidades, cuestionan su independencia dada su militancia partidista, su cercanía con Peña Nieto y su parentesco con el Consejero Jurídico de Presidencia. No hay que perder de vista que de lo que trata la reforma, es precisamente que la procuración de justicia no se subordine al poder político ni sirva para cubrirle las espaldas a nadie.

 

Afortunadamente la presión ha surtido efecto pues la oposición ha condicionado la aprobación del Fiscal Anticorrupción hasta en tanto no se modifique el dictamen de la Ley de la Fiscalía General, e incluso el mismo Presidente Peña Nieto presentó hace un par de días una iniciativa para que su titular tenga que ser nombrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución, por lo que Raúl Cervantes tendría que participar en igualdad de circunstancias que los demás aspirantes.

 

Es cierto que ante la situación de inseguridad, corrupción e impunidad que se vive en nuestro país, es urgente que contemos con instituciones e instrumentos jurídicos que realmente permitan hacerles frente, pero no por ello permitamos que se impongan las resistencias y los esfuerzos realizados se queden una vez mas tan sólo en una buena intención.

 

@OpinionLSR