Recientemente, nuestro país dio muestras del ejercicio republicano de equilibrio de poderes y de tutela de derechos, a partir de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amparó a la organización Artículo 19 en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley sobre publicidad oficial, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Carta Magna, instruyendo al legislativo a aprobar el instrumento normativo correspondiente con plazo límite al 30 de abril pasado.

Esta disposición constitucional que reorienta la acción gubernamental, producto de la reforma en materia político-electoral de 2014, es de suma relevancia porque prescribe que toda la propaganda desplegada por los entes públicos habrá de ser institucional y perseguir fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no se utilizará para la promoción de servidor público alguno. Con el rencauzamiento del quehacer informativo hacia el interés general, se busca dejar atrás el uso parcial y discrecional que el poder público venía haciendo de la comunicación social desde antaño, en su búsqueda por controlar a los medios y posicionar a los gobernantes y a su partido en la agenda nacional, en detrimento de las voces críticas.

Ley General de Comunicación Social

Es de sobra conocido que los recursos erogados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, han constituido por largo tiempo una fuente de financiamiento esencial para gran parte de los consorcios dedicados a la labor informativa. De esta manera, la bolsa de dinero destinada a la compra de espacios comerciales para transmitir la publicidad oficial se convirtió en un factor determinante en la orientación de las líneas editoriales de diversos medios; en un instrumento coercitivo que evidentemente erosionó la libertad de información.

Es tal la importancia del tema, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha pronunciado sobre la discrecionalidad en el uso de recursos del erario en la relación entre medios y gobierno, con énfasis en el potencial perjuicio que ello tiene para los intereses de la sociedad. En ese sentido, advierte que los medios pueden verse silenciados sobre cuestiones de interés público, o bien "distorsionar artificialmente el debate público al inducir a apoyar las opiniones del gobierno a quienes en otras circunstancias hubieran adoptado una posición contraria".

Tener en cuenta este contexto es pertinente para reflexionar sobre la manera en que el Legislativo atendió la resolución de la Corte, mediante la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, en la que se incluyeron aspectos importantes. Uno de ellos es la definición de un conjunto de principios rectores de la actuación de las instituciones en la materia, como los de objetividad e imparcialidad, referidos a la comunicación social en los procesos electorales, como garantes de la equidad en su desarrollo.

Transparencia

La legislación también prescribe la eficacia, la eficiencia, la economía y la racionalidad en lo relativo a la administración de los recursos destinados a la comunicación social, aunado a que prevé la garantía de acceso a toda información relacionada con dicho rubro. Esto conlleva la obligación de los sujetos regulados de publicar en Internet los montos correspondientes a los gastos de las campañas programadas, debiendo desglosarlos por tipo de medio, proveedor, número de contrato y concepto o campaña. Adicionalmente, se tendrá que poner a disposición de la sociedad un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en el portal de transparencia, en el que se detallen las erogaciones llevadas a cabo, las contrataciones concertadas y los pagos efectuados a los prestadores de servicios en la materia.

Si bien la nueva ley introduce principios orientadores y aspectos concretos de rendición de cuentas en el modelo de comunicación gubernamental; es importante destacar que especialistas y organizaciones civiles han llamado la atención sobre diversas deficiencias que, a su consideración, implican una posible ineficacia de la norma en función del propósito trazado en la resolución de la Corte, consistente en el establecimiento de un cuerpo normativo que permita al Estado actuar de tal manera que asegure a todas las voces la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación; es decir, que sean escuchadas de una manera completa y justa.

Parlamento abierto

Entre las preocupaciones manifestadas desde la sociedad civil, está la designación de la Secretaría de Gobernación como encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, aspecto que perciben riesgoso por la potencial politización del ejercicio de los recursos, que podría haber tenido una mejor garantía si la entidad encargada de la regulación hubiera sido un organismo autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro elemento señalado es la ausencia de contrapesos sociales en la asignación de recursos. A pesar de las expresiones señaladas, el titular del ejecutivo no realizó ninguna observación sobre la ley y la publicó el pasado viernes once de mayo, por lo que entrará en vigor a partir del primer día de enero de 2019.

Bajo este contexto, es pertinente señalar que todos los instrumentos normativos son perfectibles y que no necesariamente satisfacen las expectativas de todos los sectores sociales; sin embargo, es importante procurar la mayor participación ciudadana en el proceso legislativo que abone a un modelo de parlamento abierto, generador de leyes con la mayor legitimidad y aceptación entre los distintos actores involucrados.

Ante esto, académicos, activistas sociales, miembros de organismos civiles y, en general, todas las personas, están llamados a ejercer a cabalidad las capacidades de fiscalización previstas en la naciente Ley de Comunicación Social y en el marco jurídico de la transparencia, para abonar a la instauración de un entramado social e institucional que sustente la libertad, la pluralidad y la veracidad informativa. Por supuesto, lo anterior sin hacer a un lado la alternativa de recurrir al Poder Judicial para que se pronuncie sobre la idoneidad de la confección jurídica efectuada por el Legislativo y, por ende, para asegurar la efectividad de las disposiciones constitucionales que buscan evitar la perversión de los fines de la comunicación del accionar gubernamental y, con ello, garantizar el derecho social a la información.

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