En Latinoamérica se ha atestiguado una desigual distribución de la riqueza, en un escenario en el cual es paradójico que, habiendo enormes recursos, se genere tanta pobreza y una aguda concentración de privilegios.
Si bien es cierto que en el trayecto histórico ha habido avances, la desigualdad es aún una asignatura pendiente para los países que integran la región, lo que se torna más evidente si comparamos los indicadores con los de otras zonas emergentes, como Asia, por ejemplo.
A finales del pasado mes de junio, el Programa de Naciones Unidas publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”. Este documento resulta sumamente valioso para comprender cuál es la situación socioeconómica en el área y, muy importante, cuáles los factores y dinámicas que condicionan los pobres resultados que en general se observan. Su contenido tiene un desarrollo técnico de alto nivel y un detalle sumamente enriquecedor sobre múltiples indicadores y temas.
En el texto se anotan tres aspectos que, para el PNUD, condicionan la persistencia de la amplia desigualdad y el escaso crecimiento: la concentración del poder, las políticas de protección social disfuncionales y la violencia en todas sus expresiones.
Sin duda, poner en la mesa de discusión las relaciones entre los factores mencionados, constituye una contribución relevante para el debate social en países como el nuestro, particularmente en el contexto que se vive, de un cambio de régimen en el que el presidente abandera una orientación hacia la reducción de las injusticias estructurales que han marcado nuestro modelo de convivencia.
En México, ha sido particularmente nociva la relación entre el poder político y los poderes fácticos, que ha resultado en actos de corrupción; clientelismo; irrespeto a la ley; grandes evasiones fiscales y monopolios ilegítimos. Es necesario avanzar en el rompimiento de esta situación, que ha provocado que, en varias etapas de la historia nacional, se concentre en pocas personas la capacidad de decisión sobre las políticas económicas y sociales, privilegiando los intereses individuales y de grupo por encima del interés común.
Igualmente será positivo que se construyan las condiciones para que el ejercicio del poder no se circunscriba a un pequeño grupo de individuos, sino que se expanda socialmente, a través de la apertura a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Así, se estaría combatiendo la desigualdad política, esto es, la asimetría en la capacidad de incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos.
En consonancia con el contenido del Informe del PNUD, es posible establecer un juicio crítico en cuanto a la efectividad de las instituciones de protección social de nuestro país. La pandemia ocasionada por la covid-19 que, vale señalar, ningún Estado en el mundo estaba preparado para enfrentar, reveló en nuestro país las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la población que, ante la enfermedad, el desempleo y la desaceleración económica no tiene oportunidades a la mano de ser cobijado por el Estado. Esto se agudiza en el caso de las personas en condiciones más marginales, como son los trabajadores informales o de más bajos ingresos; la población rural y los pueblos indígenas. Es posible atribuir lo anterior a décadas de decisiones erróneas, que han demostrado su ineficacia para construir sistemas que protejan de manera universal a la población, con base en esquemas sostenibles fiscal y financieramente.
En cuanto a la violencia, particularmente la originada por las actividades del crimen organizado, se ha instaurado como un problema mayor en México en los últimos lustros. Los homicidios son la expresión más lamentable de una circunstancia que implica narcotráfico, trata de personas, trasiego ilícito de armas, extorsión y robo. A la tragedia que implica en sí misma la pérdida de vidas humanas, se suman los efectos perniciosos sobre las actividades económicas y en cuanto a la calidad de vida de los habitantes del país. Además, habría que adicionar el deterioro del tejido social que implica, como el rompimiento de las estructuras familiares, la normalización de la violencia y la deshumanización social.
En la coyuntura actual de emergencia sanitaria, el panorama trazado por el informe es de suma utilidad, pues el gobierno deberá trazar las acciones necesarias para alcanzar la recuperación económica y social en el futuro inmediato, lo cual tendrá desafíos significativos, pues la afectación en lo laboral, en la productividad y en las condiciones de competitividad de los países fue enorme. Pero además del plano económico, la meta tiene que ser pasar de un universalismo de las libertades y derechos plasmados en la Constitución y la Ley, a la universalización de la capacidad de ejercerlos de manera efectiva para todas las personas en nuestro país. Solamente así, podrá salir nuestra sociedad de la trampa de la desigualdad.
Ante el cambio de la representación popular en la Cámara de Diputados y en diversos espacios de poder de las entidades federativas, se está ante una oportunidad de pugnar por una renovación del pacto social en la post-pandemia, para dirigir el país hacia un estado de plena democracia y vigencia de las libertades fundamentales, en un contexto de igualdad. Esto deberá acompañarse de la presencia sólida de la sociedad civil, por lo que es primordial fortalecer los espacios de debate ciudadano que posibiliten la participación cívica más allá de las urnas.