Todos los actores involucrados en un proceso electoral –candidatos, partidos, órganos electorales, autoridades y por supuesto, los ciudadanos– compartimos responsabilidades que se van complementando para determinar la buena marcha de una elección.
Para esta elección de 2015, como en ninguna otra, se nos han planteando diversos desafíos –descontento social, nuevas reglas electorales, entre otros– que hemos ido sorteando y sólo podrán ser valorados al conocerse los resultados de la jornada de votación del próximo domingo 7 de junio.
Pero, ¿cuáles son los retos más críticos de cada actor que persisten de cara al súper domingo en que, con el voto ciudadano, se definirá la nueva composición de la Cámara de Diputados, la renovación de 9 gubernaturas, 17 Congresos locales y mil 9 Ayuntamientos?
Empecemos por los desafíos que enfrentamos los candidatos y partidos: Primero, y quizá el más crítico, el descontento social y hartazgo manifestado contra la clase política en general –“todos son iguales”, dicen muchos- que se traduce en una descalificación a priori de cualquier propuesta, idea o proyecto planteado en actos de campaña, recorridos, debates o medios de comunicación.
Para superar esta condición adversa, en el PAN hemos optado por realizar una campaña con dos mensajes. El primero que diagnostica las principales deficiencias que vemos en el actual gobierno federal –mal manejo económico, corrupción, e inseguridad- y otro complementario con las buenas ideas para corregir esos problemas: Una contrarreforma fiscal para reactivar la economía; un sistema anticorrupción autónomo y eficaz; y una estrategia de seguridad que fortalezca y haga confiables a las policías locales encargadas de proteger a nuestras familias.
La efectividad de este mensaje –cambiar el rumbo con buenas ideas- se verá en los resultados que obtengan en las urnas nuestras candidatas y candidatos, y en el previsible crecimiento que esperamos tener como fuerza política después del 7 de junio.
En lo que respecta al árbitro de la contienda –el INE y los órganos locales- el reto también ha sido mayúsculo: Vigilar el desempeño de los candidatos, evitar las campañas sucias en los mensajes de los partidos, sancionar de manera contundente las violaciones a la legislación electoral (como las que ha cometido de manera sistemática el Partido Verde), y promover la participación ciudadana durante los comicios.
En este último punto, el reto que aún tiene el INE es garantizar la instalación pacífica de casillas en todas las secciones electorales del país el domingo 7 de junio y, al final de los conteos, superar los niveles de participación ciudadana para elecciones intermedias que han caído del 65% en 1991 a sólo el 44% en 2009.
En materia de blindaje electoral, las autoridades policiacas –coordinadas por la Secretaría de Gobernación- ya registran varias omisiones que lamentablemente han costado la vida de cinco aspirantes a cargos de elección popular: Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; Héctor López Cruz, aspirante a regidor del PRI en Huimanguillo, Tabasco; Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a alcalde de Chilapa, Guerrero; Aidé Nava González, candidata del PRD a alcalde de Ahuacuotzingo, Guerrero; y Carlos Martín Villavicencio, precandidato a diputado federal del PRD en Tlaxiaco, Oaxaca.
Además de los ataques a candidatos, en las últimas semanas han explotado situaciones de violencia en municipios de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, que deben ser atendidos de manera inmediata y eficaz por la autoridad federal para evitar que la sensación de inseguridad se convierta en un pretexto para no votar.
Por último –aunque quizá sean la pieza más importante de la elección- está la responsabilidad de los ciudadanos de utilizar su derecho a votar y, en ese sentido, se ha iniciado una discusión muy intensa entre quienes promueven el voto nulo y quienes alientan un voto informado.
El problema con quienes ven el voto nulo como un instrumento para castigar a la clase política, es que en términos legales su renuncia al derecho de elegir servirá para otorgar mayor o menor fuerza a los partidos políticos de la siguiente manera: a) al asignar las curules correspondientes a los diputados de representación proporcional; b) al otorgar presupuesto público; y, c) al determinar el número de spots para cada fuerza política en futuras campañas.
Así, la estrategia “anulista” resultaría contraproducente al facilitar, por ejemplo, la conservación del registro de los partidos emergentes, pues entre menor sea la votación nacional válida, también será menor el umbral del 3% que debe alcanzar cada partido para mantenerse en el sistema electoral.
En contraparte a los “anulistas”, están las organizaciones y asociaciones que promueven el voto informado y reflexivo, derivado del análisis comparativo de las trayectorias y propuestas de candidatos y partidos.
Ejemplo de estos son las plataformas Voto Informado creada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; la de Candidato Transparente del IMCO y otras asociaciones que promueven la rendición de cuentas; o la de Mexicanos Primero que estableció 10 compromisos para que los partidos, independientemente de quién gane la elección, promuevan una educación de calidad en el país.
Sobra decir que este tipo de plataformas ciudadanas sí fortalecen nuestra cultura democrática y promueven un voto informado y reflexivo de la ciudadanía, en lugar de descalificar a priori a todos los candidatos y sus partidos.
Así, el dilema para la ciudadanía el próximo domingo 7 será el de quedarse en casa y no participar, o valorar entre las distintas propuestas políticas, votar por la que más le convenza y, tras emitir su sufragio, dar seguimiento a los compromisos hechos por los candidatos que resulten electos.
Sólo así podremos consolidar la democracia funcional y representativa por la que muchos ciudadanos y políticos han luchado antes que nosotros.